El PSOE estudia v¨ªas para rebajar la tensi¨®n con los jueces

El Gobierno estudia una f¨®rmula que permita suavizar la tensi¨®n existente entre el PSOE y la mayor¨ªa de la carrera judicial como consecuencia del contenido de la futura ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), y en especial de la elecci¨®n parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Altos cargos socialistas analizan la posibilidad de aplazar este nuevo sistema de elecci¨®n hasta la pr¨®xima legislatura y prolongar hasta entonces el mandato del actual consejo, al que corresponder¨ªa, en ese caso, sustituir a los 136 magistrados -12 de ellos del Tribunal Supremo- que se jubilar¨¢n el 1 de enero de 1986 y probablemente a los 61 -nueve del Supremo- que lo har¨¢n durante dicho a?o.

El riesgo de que la renovaci¨®n de la parte m¨¢s vetusta de la c¨²pula judicial quede en manos del actual Consejo General del Poder Judicial, cuya mayor¨ªa se encuentra controlada por la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), es objeto de meditaci¨®n para los socialistas, que calculan meticulosamente la repercusi¨®n de la medida. Uno de los elementos significativos que se incluye en este an¨¢lisis es la posible anticipaci¨®n de las elecciones legislativas.En caso de producirse este adelanto, la pr¨®rroga del actual ¨®rgano de gobierno del poder judicial resultar¨ªa sensiblemente acortada y apenas le dar¨ªa tiempo para efectuar los nombramientos de nuevos magistrados, mientras que al Partido Socialista Obrero Espa?ol le compensar¨ªa capitalizar pol¨ªticamente ahora el gesto de dejar para las pr¨®ximas Cortes la elecci¨®n parlamentaria de la totalidad de los vocales del CGPJ.

De acuerdo con su vigente ley reguladora, el mandato del Consejo General del Poder Judicial concluye en octubre de 1985, y tres meses antes ha de convocarse la elecci¨®n de los 12 consejeros de procedencia judicial por el vigente sistema. S¨®lo si la nueva ley se encuentra en vigor antes de que se convoque esta elecci¨®n, en julio pr¨®ximo, la renovaci¨®n podr¨¢ llevarse a cabo por el nuevo sistema.

Para ello ser¨¢ preciso que haya concluido la tramitaci¨®n parlamentaria del proyecto de LOPJ y que ¨¦ste no haya sido objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad -cuya supresi¨®n a¨²n no ha sido autorizada por el Tribunal Constitucional-, que paralizar¨ªa su promulgaci¨®n.

"Un regalo" para la oposici¨®n

Una disposici¨®n adicional que aplazara la elecci¨®n parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ hasta la pr¨®xima legislatura es la f¨®rmula que se abre paso en medios socialistas como favorable a la distensi¨®n con la judicatura, adem¨¢s de poco costosa pol¨ªticamente.

Seg¨²n una alta fuente socialista, si se tiene en cuenta que los conservadores aseguran que vencer¨¢n al PSOE en las pr¨®ximas elecciones, la medida podr¨ªa plantearse como "un regalo" a la futura mayor¨ªa parlamentaria, mientras que la elecci¨®n en las postrimer¨ªas de la actual legislatura suscitar¨ªa, junto a las cr¨ªticas por su supuesta inconstitucionalidad, la acusaci¨®n al PSOE de pretender utilizar, una vez m¨¢s, el rodillo.

Esta iniciativa -unida al principio de acuerdo con el PNV para obtener su apoyo a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial en el Senado- puede contribuir a pacificar la tramitaci¨®n de esta ley y a restar argumentos a la dura oposici¨®n del Grupo Popular. El presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, dio su consentimiento a la introducci¨®n de la elecci¨®n parlamentaria del CGPJ con la condici¨®n de que se obtuviera un suficiente respaldo parlamentario para la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

El apoyo de las minor¨ªas

El objetivo inicial del Grupo Socialista fue aislar al grupo de Fraga en su defensa de intereses judiciales corporativos. Sin embargo, en la votaci¨®n final del Pleno del Congreso s¨®lo los diputados del CDS y de Euskadiko Ezkerra apoyaron a los socialistas.

Cara al pr¨®ximo debate en el Senado, el ministro de Administraci¨®n Territorial, Tom¨¢s de la Quadra, y el propio Felipe Gonz¨¢lez han dado su conformidad a una disposici¨®n que asegure el ejercicio de las competenci¨¢s atribuidas en materia de justicia a la comunidad aut¨®noma vasca en el Estatuto de Guernica. Salvando otras discrepancias, esta disposici¨®n ser¨¢ suficiente para asegurar el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a la LOPJ.

M¨¢s dif¨ªcil se presenta la negociaci¨®n con la Minor¨ªa Catalana, que se encomendar¨¢ al diputado socialista catal¨¢n Eduardo Mart¨ªn Toval.

Por otra parte, el presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol, ha sido mandatado para mediar en favor de una f¨®rmula de este tipo, sobre la base de mitigar las tensiones institucionales y partiendo de que el nuevo sistema de elecci¨®n del CGPJ es ya "irreversible", seg¨²n dijo.

Seg¨²n los tanteos realizados por las altas fuentes socialistas consultadas por este peri¨®dico, un aplazamiento de la elecci¨®n parlamentaria de los 20 vocales del ¨®rgano de gobierno del poder judicial contribuir¨ªa a suavizar la dureza con que el principal grupo de la oposici¨®n y ?a mayor¨ªa de la carrera judicial rechazan el proyecto de Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, en el que existen otras cuestiones -como el acceso a la judicatura sin oposici¨®n y el adelanto de la edad de jubilaci¨®n de los magistrados- que han suscitado la reacci¨®n de estos colectivos.

Precisamente, ante las primeras jubilaciones que se producir¨¢n en 1986, que afectar¨¢n a 21 de los 74 magistrados del Tribunal Supremo (casi el 30%), a seis de los 41 magistrados del Tribunal Central de Trabajo (casi el 15%), hasta un total de 197 magistrados y jueces, seg¨²n una disposici¨®n transitoria del proyecto de LOPJ, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura ya hab¨ªa comenzado a mover sus peones, habida cuenta la mayor¨ªa con que contar¨ªa en el consejo encargado de efectuar los nombramientos de los nuevos magistrados, que tendr¨ªa por delante cinco a?os de mandato.

En cambio, si se prorroga hasta la pr¨®xima legislatura el actual consejo -en el que tambi¨¦n tiene mayor¨ªa la APM-, la inminencia del regreso al ejercicio profesional de los consejeros que son jueces y magistrados pesar¨¢ en su ¨¢nimo a la hora de decidir los relevos, seg¨²n las fuentes citadas.