La crisis de la Seguridad Social y los fondos de pensiones / 1
De la reforma de la Seguridad Social espa?ola se ha hablado mucho desde los Pactos de la Moncloa (1977) y a¨²n queda mucha tinta por correr, sin que la sangre haya de llegar al r¨ªo. Con la actual legislatura, los comentarios verbales y escritos, a veces en boca y pluma de relevantes personalidades, crecieron en cantidad e intensidad.Raro es el d¨ªa en que no sale en la Prensa alg¨²n comentario o noticia sobre la supuesta quiebra de la Seguridad Social espa?ola. Por razones pol¨ªticas, sociales y econ¨®micas, ning¨²n Gobierno responsable dejar¨¢ que tal cosa suceda. No nos cabe duda de que algunas alusiones al riesgo de quiebra se hacen de buena fe. Pero estamos igualmente convencidos de que muchas otras se hacen con la aviesa intenci¨®n de llenar de azoramiento e inquietud el ¨¢nimo de los actuales y futuros pensionistas, para pescar en r¨ªo revuelto. Parece que se hubiera le¨ªdo -cosa rara- la observaci¨®n de Cobarruvias, cuando escrib¨ªa all¨¢ por 1611 que, "com¨²nmente, cuando quebramos una cosa, la golpeamos muchas veces", como si, a fuerza de palos, esperaran convertir los deseos en realidad. Y, en verdad, tantos tiros se han disparado contra nuestra Seguridad Social p¨²blica que uno, si fuera creyente, tendr¨ªa por milagro la pervivencia del sistema.
Lo antedicho no es obst¨¢culo para reconocer a rengl¨®n seguido que est¨¢ atravesando una profunda crisis, en el sentido de una ¨¦poca de dificultades que necesariamente terminar¨¢ desembocando en una nueva ordenaci¨®n, previas las transformaciones oportunas. Pero conviene hacer dos matizaciones. Es la primera que Espa?a no es tan diferente como algunos, a juzgar por sus pr¨¦dicas, quisieran, pues la crisis afecta a la inmensa mayor¨ªa de los pa¨ªses. Y la segunda consiste en que no es s¨®lo el sistema de reparto el que ha quedado tocado del ala, pues en pa¨ªses con fuerte tradici¨®n en fondos de pensiones ha tenido que salir el Estado a garantizar el valor real de las pensiones de los fondos, como ha sucedido en el Reino Unido de la era Thatcher.
Es sabido que la actual regulaci¨®n de nuestra Seguridad Social arranca de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiaci¨®n y perfeccionamiento de la acci¨®n protectora de la Seguridad Social, refundida, junto con la normativa anterior, por el Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo, que dio lugar a la ley general de la Seguridad. Social.
No est¨¢ de m¨¢s recordar que en el momento hist¨®rico de la introducci¨®n de las reformas del per¨ªodo 1972-1974 la presi¨®n social en pro de mejores prestaciones sociales era muy fuerte, tanto por el bajo nivel de las que se conced¨ªan como por el fuerte grado reivindicativo alcanzado por las entonces denominadas, y que ya casi nadie llama, masas populares. Los mentores del franquismo tard¨ªo debieron pensar que la anterior etapa de crecimiento econ¨®mico era no s¨®lo maravillosa, sino tambi¨¦n inagotable. Y decidieron abrir moderadamente la espita de las prestaciones de la Seguridad Social antes que dar paso a las libertades pol¨ªticas.
Crisis de financiaci¨®n
Sobre esa filosof¨ªa se articul¨® un sistema de protecci¨®n social a mitad de camino entre lo razonable y lo demag¨®gico, entre lo posible y lo inviable. Y no tardaron en aparecer presiones combinadas por el lado de los ingresos y por el de los gastos. A la altura de la primera mitad de la d¨¦cada de los a?os setenta, el predominio de las aportaciones de las cuotas en el conjunto de los ingresos de la Seguridad Social era casi absoluto, representando el 95%. Un sistema que pretende ampliar su acci¨®n protectora, si se basa en las cuotas como fuente de financiaci¨®n, necesita ineludiblemente que la econom¨ªa funcione de forma que se creen continuamente nuevos puestos netos de trabajo, que es tanto como decir cotizantes.
Pero la nueva regulaci¨®n jur¨ªdica de la protecci¨®n social espa?ola entr¨® en acci¨®n justamente a la vez que la profunda crisis econ¨®mica que a¨²n perdura. En consecuencia, fall¨® una de las condiciones para el ¨¦xito. M¨¢s a¨²n, en los ¨²ltimos a?os se ha sostenido err¨®neamente que conven¨ªa disminuir los tipos de cotizaci¨®n del r¨¦gimen general de la Seguridad Social para aliviar de tensiones el mercado de trabajo. Lo cierto, sin embargo, es que sucesivas ca¨ªdas anuales de 1,5 puntos en los tipos de cotizaci¨®n del r¨¦gimen general no han servido para otra cosa que para mejorar los excedentes empresariales, de posible utilizaci¨®n en la intensificaci¨®n del factor capital, desplazando mano de obra. Por cierto, la disminuci¨®n del tipo en 1985 ha sido s¨®lo de 0,3 puntos.
Agotadas las posibilidades de incrementar los ingresos por la v¨ªa de las cuotas, la ¨²nica fuente financiera alternativa consiste en transferencias del Estado. Ahora suponen m¨¢s del 20% de los ingresos del sistema, cuando hace 10 a?os representaban alrededor del 5%. Pero la pol¨ªtica gubernamental de contenci¨®n del gasto para controlar y disminuir el d¨¦ficit p¨²blico pone techo al crecimiento de las transferencias del Estado. Los ingresos, pues, son el resultado de pol¨ªticas combinadas de tipos de cotizaci¨®n y de transferencia desde el presupuesto del Estado, con importantes limitaciones.
Crecimiento del gasto
Las tensiones se reproducen de nuevo por el lado de los gastos. La crisis econ¨®mica no s¨®lo resta potencia financiadora, sino que presiona al alza del gasto, al originar situaciones de marginaci¨®n y de necesidad que no se pueden ignorar. No en vano la protecci¨®n social es una de las manos que lava la cara del sistema y le proporciona un rostro m¨¢s presentable.
El envejecimiento progresivo de la poblaci¨®n espa?ola da lugar a a que haya m¨¢s pensionistas cada a?o y a que la pensi¨®n se cobre durante m¨¢s tiempo. Por ello no debe extra?ar que el gasto en pensiones haya crecido de modo importante en los ¨²ltimos a?os por razones puramente vegetativas.
Tambi¨¦n ha crecido la dotaci¨®n de las pensiones. Pero no se interprete que estamos abogando por su recorte, l¨ªbrennos los dioses, que ya ellos a otros han asignado esta funci¨®n. Parecer¨ªa una pasada social considerar excesivas unas pensiones que como media superan en poco los 5.000 duros al mes y que representan tres cuartas partes del salario m¨ªnimo.
Por ¨²ltimo, como factor de presi¨®n al alza del gasto no puede dejar de citarse la ampliaci¨®n de la protecci¨®n dispensada por la Seguridad Social. A veces, por l¨®gica de lo que debe ser su ¨¢mbito de protecci¨®n. En ocasiones, por atribuci¨®n al presupuesto de la Seguridad Social de funciones protectoras que deber¨ªa asumir el Estado. En otros casos, por incorporaci¨®n de nuevos colectivos en condiciones privilegiadas, como sucedi¨® con los religiosos de la Iglesia cat¨®lica. En fin, tambi¨¦n porque se ha utilizado la Seguridad Social como aliviadero y pararrayos de tensiones sociales en plena crisis econ¨®mica, haciendo la vista gorda y tolerante ante situaciones pr¨®ximas o incursas en zonas de fraude, como es el fen¨®meno que se conoce con el nombre de compra de pensiones.
Lo cierto es que, por mor de la crisis econ¨®mica y de la estructura demogr¨¢fica de la poblaci¨®n espa?ola, menos cotizantes tienen que financiar m¨¢s pensiones y de mayor duraci¨®n. Si hace 10 a?os entre tres activos financiaban una pensi¨®n, lo cual es una aceptable relaci¨®n, en la actualidad son dos activos los que corren con esa carga. Y ah¨ª tenemos a la Seguridad Social atrapada entre importantes, pero no insalvables, limitaciones de financiaci¨®n, por un lado, y gastos crecientes, por el otro. Y est¨¢ claro que no son insalvables, porque el freno a las posibilidades de transferencias del Estado en favor de la Seguridad Social no ser¨ªa tan fuerte con otras opciones pol¨ªticas de gasto. Es preferible dedicar m¨¢s dinero a mejorar las pensiones que a tener m¨¢s armas, m¨¢s caras y m¨¢s sofisticadas. Pero, si esa preferencia personal resultara molesta, otra alternativa casi tan al alcance de la mano es controlar el fraude en el sistema. Y no s¨®lo el fraude de los que reciben las prestaciones, sino tambi¨¦n de las empresas que no cumplen con su obligaci¨®n de cotizar. (?Es cierto lo que dice la Prensa de que el fraude por morosidad alcanza la cifra de 1,5 billones de pesetas?)
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