Bajo palabra de honor

LAS INTERPELACIONES dirigidas al Gobierno por Manuel Fraga, en nombre de Alianza Popular, y por Fernando P¨¦rez Royo, portavoz de los comunistas, sobre las investigaciones ilegales de partidos pol¨ªticos, sindicatos y otras asociaciones realizadas por la Brigada de Interior dejaron ayer en una pat¨¦tica soledad parlamentaria al ministro Barrionuevo. Con la ¨²nica protecci¨®n del presidente del Congreso, que reincidi¨® ayer en su escolar costumbre de rega?ar a los diputados como si fuesen alumnos d¨ªscolos, el titular de Interior libr¨® una batalla contra la evidencia. Ser¨ªa injusto desconocer la voluntad de sacrificio del ministro Barrionuevo, as¨ª como atribuir s¨®lo a sus escasas dotes dial¨¦cticas el deslucido papel al que le forzaba la misi¨®n imposible que le hab¨ªa sido encomendada. La aceptaci¨®n de los hechos denunciados le hubiera llevado a tener que elegir entre el reconocimiento de su propia responsabilidad y la confesi¨®n de que su gesti¨®n ha sido incompetente. As¨ª pues, el ministro se meti¨® en un jard¨ªn de negativas nada convincentes y oscuras acusaciones, del que sali¨® tan confuso que ni su propio partido le concedi¨® el consuelo de un simb¨®lico aplauso.La t¨¦cnica de Barrionuevo consisti¨® en rechazar el m¨¢s m¨ªnimo grado de responsabilidad ministerial por las actividades de espionaje a los partidos pol¨ªticos de los que han sido acusados -con nombres y apellidos- funcionarios de su departamento. En su ya habitual confusi¨®n entre la vida p¨²blica y su vida privada, aport¨® su palabra de honor -aceptada por Manuel Fraga, quien previamente hab¨ªa sido calificado de "hombre honesto" por su interlocutor- como ¨²nica prueba de que los hechos revelados por diferentes medios de comunicaci¨®n, obligados a guardar silencio sobre sus fuentes por el secreto profesional, eran un "montaje", un "esc¨¢ndalo artificial" y una "informaci¨®n manipulada y falsa". Si cunde el ejemplo, el honor de los ministros no s¨®lo llevar¨¢ ante los tribunales a quienes critiquen su gesti¨®n, sino que eliminar¨¢ de los debates parlamentarios la necesidad de convencer con razonamientos, argumentos y datos.

La alusi¨®n hecha por el ministro a la eventualidad de que esa manipulaci¨®n informativa descanse sobre un delito de infidelidad en la custodia de documentos confiados a funcionarios p¨²blicos devolvi¨® a los diputados, elevados a las calderonianas alturas donde las cuestiones de Estado se resuelven a golpe de palabra de caballero, al mundo en el que las actividades secretas de una brigada policial de informaci¨®n pueden ser conocidas por los pol¨ªticos investigados y por el resto de los ciudadanos antes que por el responsable del departamento. Todo ello gracias a la indiscreci¨®n -elogiable si as¨ª ha sido- de alguna persona convencida de que el ¨²nico procedimiento para detener la escalada policial de una actividad ilegal y anticonstitucional es hacerla p¨²blica. Ocasiones como ¨¦sta justifican sobradamente el papel que a la libre Prensa asigna la historia de los sistemas democr¨¢ticos. Y se explica por qu¨¦ el ministro Barrionuevo ha emprendido su particular batalla contra la libertad de expresi¨®n pidiendo dinero ante los tribunales a cambio de las cr¨ªticas a su gesti¨®n pol¨ªtica: es s¨®lo una manera de intentar amedrentar, o de querer desacreditar, a los peri¨®dicos.

Pero hay m¨¢s: reveladora fue su declaraci¨®n de que la Brigada de Interior colecciona, analiza y glosa, dentro de los trabajos que le asignan sus superiores, los documentos e informes de los partidos pol¨ªticos y los libros y folletos de sus dirigentes. Barrionuevo, que no es maestro en iron¨ªas, hizo el elogio de los sacrificados funcionarios dedicados al "penoso y pesado deber" de leer ese material bibliogr¨¢fico. La r¨¦plica de Miquel Roca, que propuso remitir ese fondo documental a la Biblioteca Nacional o al Ministerio de Cultura, desbarat¨® la pretensi¨®n de que una polic¨ªa democr¨¢tica tenga asignadas entre sus competencias el seguimiento de las resoluciones de los partidos pol¨ªticos o los libros de sus dirigentes. El hecho de que el ministro considere loable que la Brigada de Interior dedique a una parte de sus funcionarios, pagados con fondos p¨²blicos, a recopilar, estudiar y comentar la documentaci¨®n de los partidos de oposici¨®n al Gobierno es, de todas maneras, revelador de lo que este caballero, y el Gobierno que lo ampara, entiende por servir a los valores democr¨¢ticos.

Barrionuevo ley¨® -respald¨¢ndola por entero- la autoexculpaci¨®n del comisario general de Informaci¨®n, denunciado por personas que afirman haber sufrido malos tratos por sus ¨®rdenes o de sus manos durante los ¨²ltimos a?os del franquismo. Pero si el comisario Mart¨ªnez Torres tiene derecho a la presunci¨®n de inocencia, tambi¨¦n pueden invocar esa garant¨ªa constitucional los ciudadanos que, al ser desmentidos de esa forma, son acusados de injurias y calumnias.

Todo esto nos lleva a una cuesti¨®n de palabra dada y palabra tomada. No nos parece en principio menos, cre¨ªble el ciudadano que el funcionario, ni el elector que el ministro. Ni creemos que ¨¦ste tenga m¨¢s honor, ni menos, que el resto de los mortales, incluidos los periodistas. La cuesti¨®n de fondo sigue siendo que los partidos fueron investigados, o por orden del gobierno y para su beneficio -lo que ser¨ªa inadmisible-, o sin que se enterara el Gobierno, lo que ser¨ªa risible y pondr¨ªa de manifiesto que no se controla a la polic¨ªa, o a sectores de ella, desde el poder. Y el ministro del Interior es el responsable pol¨ªtico de eso, se ponga como se ponga y prometa lo que prometa.

Por lo dem¨¢s, lo que aqu¨ª se dilucida es un problema de credibilidad. La credibilidad pol¨ªtica de los responsables del aparato de la Seguridad del Estado est¨¢ por los suelos. Su honor, patrimonio del alma, qu¨¦dese a salvo.