Texto ¨ªntegro de los fundamentos jur¨ªdicos de la sentencia

La sentencia del Tribunal Constitucional responde a cada una de las alegaciones aducidas por los recurrentes y no acepta ninguna de ellas. La l¨ªnea central de los fundamentos jur¨ªdicos de la sentencia es la legitimidad de las Cortes Generales para suprimir un recurso previo creado por las propias C¨¢maras en la anterior legislatura. En algunos casos, como cuando los diputados del Grupo Parlamentario Popular consideran excesiva la ley recurrida para la finalidad perseguida por la misma -impedir el obstruccionismo parlamentario-, los magistrados se muestran contundentes: "la argumentaci¨®n con la que el recurrente intenta hacer derivar de tal finalidad la inconstitucionalidad del proyecto impugnado, dista mucho de ser convincente". Los fundamentos jur¨ªdicos de la sentencia se recogen seguidamente.Primero. El presente recurso se apoya en cinco motivos distintos, aunque conexos entre s¨ª, que resumimos en el punto segundo de los Antecedentes, y a los cuales el abogado del Estado ha dado respuesta tambi¨¦n separada (punto sexto de los Antecedentes). Respetando esta estructura, analizaremos en este punto el primero de los motivos aducidos para sostener la inconstitucionalidad de la ley, consagrando a continuaci¨®n uno a cada uno de los restantes.

El primero de los motivos, el de que el proyecto de ley implica una violaci¨®n del principio de interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos que consagra el art¨ªculo 9.3 CE, se apoya en la idea fundamental de que la interdicci¨®n de la arbitrariedad, que obliga tambi¨¦n al legislador, se produce no s¨®lo cuando se viola el principio de igualdad, sino tambi¨¦n aun sin violaci¨®n de ese principio ni de ning¨²n otro precepto concreto de la Constituci¨®n, cuando el fin perseguido por la ley es constitucionalmente il¨ªcito, o constitucionalmente inadecuado, o cuando hay una desproporci¨®n entre el fin que se persigue y los medios establecidos para alcanzarlo.

A partir de esta idea se postula la inconstitucionalidad del proyecto por entender que el fin que con ¨¦l se persigue es constitucionalmente inadecuado, il¨ªcito y servido adem¨¢s con medios desproporcionados.

Este razonamiento no puede ser aceptado ni en su punto de partida ni en su consecuencia.

Como es evidente, la noci¨®n de la arbitrariedad no puede ser utilizada por la jurisdicci¨®n constitucional sin introducir muchas correcciones y matizaciones en la construcci¨®n que de ella ha hecho la doctrina del Derecho Administrativo, pues no es la misma la situaci¨®n en la que el legislador se encuentra respecto de la Constituci¨®n que aquella en la que se halla el Gobierno, como titular del, poder reglamentario, en relaci¨®n con la ley. No es necesario, sin embargo, entrar aqu¨ª en el an¨¢lisis de este problema, pues aun aceptando, a meros efectos dial¨¦cticos, que la arbitrariedad sea predicable de las leyes cuando se dan en ¨¦stas las circunstancias que el recurrente se?ala, el proyecto aqu¨ª impugnado s¨®lo ser¨ªa constitucionalmente ileg¨ªtimo por su arbitrariedad si su finalidad y los medios con los que la sirve adoleciesen realmente de los defectos que el recurrente les imputa. Nos limitaremos, por tanto, al an¨¢lisis de estas imputaciones.

El fin perseguido por el proyecto es, seg¨²n el recurrente, que apoya su aserto en p¨¢rrafos de la exposici¨®n de motivos de la proposici¨®n de ley que lo origin¨® y en manifestaciones hechas en el curso de los debates parlamentarios, el de Impedir el obstruccionismo parlamentario que, seg¨²n la mayor¨ªa, pr¨¢ctica la minor¨ªa". Es ¨¦ste el fin del que se predica la inadecuaci¨®n constitucional y la ilicitud (o ausencia de licitud).

Prescindiendo de analizar la compleja cuesti¨®n de si la finalidad de las leyes que el juez constitucional ha de tomar en consideraci¨®n para apreciar su validez es la finalidad mediata (la que el recurrente, con alguna imprecisi¨®n en el empleo de los conceptos, define en los t¨¦rminos antes referidos) o s¨®lo la inmediata (en este caso, la supresi¨®n de un determinado instrumento procesal), y sin cuestionar tampoco la exactitud de su afirmaci¨®n en cuanto a cu¨¢l sea, en este caso, la finalidad mediatamente perseguida por la ley, la verdad es que la argumentaci¨®n con la que el recurrente intenta hacer derivar de tal finalidad la inconstitucionalidad del proyecto impugnado dista mucho de ser convincente.

Reprocha, en efecto, a esta finalidad, en primer lugar, su falta de adecuaci¨®n constitucional. Es claro, sin embargo, que tal falta de adecuaci¨®n s¨®lo puede ser la conclusi¨®n del silogismo, nunca su premisa. El recurrente, que no la hace derivar de la vulneraci¨®n de ning¨²n precepto concreto del texto constitucional, la defiende con el argumento de que aunque el legislador pudo no haber creado nunca el recurso previo, una vez introducida tal figura en nuestro ordenamiento se ha incorporado al bloque de la constitucionalidad y s¨®lo puede ser afectada por medidas que resulten adecuadas al texto constitucional, "y es claro que tal adecuaci¨®n no existe cuando la raz¨®n de la supresi¨®n del recurso previo es para evitar un pretendido obstruccionismo parlamentario". Prescindiendo, una vez m¨¢s, del an¨¢lisis de una noci¨®n compleja, la de "bloque de la constitucional¨ªdad", que hace referencia a un conjunto de disposiciones utilizables como par¨¢metro de la legitimidad constitucional de las leyes, pero no a contenidos normativos concretos que no puedan ser modificados de acuerdo con el procedimiento previsto seg¨²n la naturaleza de cada disposici¨®n, es evidente que el razonamiento se hace aqu¨ª circular, y carente, por tanto, de poder suasorio, pues la afirmaci¨®n a demostrar (la de la llamada "inadecuaci¨®n constitucional" de la finalidad perseguida por la ley) le ofrece como consecuencia l¨®gica de esa afirmaci¨®n.

La ilicitud constitucional de la finalidad legal es, en opini¨®n del recurrente, consecuencia de la desproporci¨®n existente entre la misma y los medios arbitrados para conseguirla, que, en su opini¨®n, se hubiera conseguido tambi¨¦n, con menor sacrificio de las garant¨ªas constitucionales que el recurso previo implica, si al suprimirlo se hubiera otorgado a este Tribunal la posibilidad de suspender la vigencia de las leyes impugnadas o, manteni¨¦ndolo, se le hubiera atribuido car¨¢cter sumario. Es evidente, sin embargo, que esta desproporci¨®n de los medios empleados por el legislador para alcanzar el fin que se le atribuye es, en los t¨¦rminos en que el recurrente la ofrece, resultado de un juicio pol¨ªtico, en cuyo m¨¦rito este Tribunal no puede entrar. La desproporci¨®n entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo s¨®lo puede dar lugar a un enjuiciamiento por este Tribunal cuando esa falta de proporci¨®n implica un sacrificio excesivo e innecesario de derechos que la Constituci¨®n garantiza. Como ello no es as¨ª, el argumento no permite sostener ni la ilicitud del proyecto ni, como tambi¨¦n el recurrente pretende, su falta de "adecuaci¨®n constitucional".

El obstruccionismo parlamentario

La desproporci¨®n de los medios utilizados para lograr la supuesta finalidad de "impedir el obstruccionismo parlarnentario" da lugar a un ¨²ltimo argumento dentro de este primer motivo: el de que al eliminar el recurso previo se lesiona un "bien constitucionalmente protegido", noci¨®n que en el contexto parece hacer referencia al conjunto de garant¨ªas con que la Constituci¨®n rodea a los derechos fundamentales. Como este argumento es tambi¨¦n el n¨²cleo del segundo de los motivos de la impugnaci¨®n, lo analizaremos en el siguiente fundamento.

Segundo. El segundo motivo con el que se pretende argumentar la inconstitucionalidad del proyecto de ley es el de que, siendo "la existencia de un recurso previo con efectos suspensivos contra proyectos o proposiciones de leyes org¨¢nicas una exigencia impl¨ªcita de la necesaria garant¨ªa de constitucionalidad de las materias propias de las leyes org¨¢nicas", su supresi¨®n es una "violaci¨®n indirecta de la Constituci¨®n". La exigencia impl¨ªcita" de la que todo el argumento pende ser¨ªa, a su vez, una implicaci¨®n necesaria del mayor valor que la Constituci¨®n atribuye a los derechos fundamentales.

El punto de partida del razonamiento, el "mayor valor" de los derechos