La justicia, la polic¨ªa y el terrorismo

LA AUDIENCIA de Guip¨²zcoa ha condenado a Manuel Ballesteros, antiguo responsable del Mando ?nico para la Lucha Contraterrorista, a tres a?os de inhabilitaci¨®n profesional por un delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia. El motivo es la negativa del procesado a revelar al juez los nombres de las tres personas que cruzaron el 23 de noviembre de 1980 la frontera de Ir¨²n, salt¨¢ndose los controles de la gendarmer¨ªa francesa, minutos despu¨¦s de haberse perpetrado un atentado criminal en el bar Hendayais. Aunque la polic¨ªa francesa reclam¨® a esos tres fugitivos, acusados de haber cruzado ilegalmente la frontera, viajar en un coche robado y estar presumiblemente relacionados con el ametrallamiento del citado local (que arroj¨® el sangriento saldo de dos muertos y 10 heridos), Ballesteros orden¨® que fueran puestos a su disposici¨®n, sin ning¨²n tipo de identificaci¨®n previa, y dejados en libertad.La condena ha cerrado un proceso en el que la independencia del poder judicial y el principio de legalidad, base sobre la que descansa nuestro Estado democr¨¢tico, se vieron desafiados por la extra?a teor¨ªa de que los servicios secretos policiales deber¨ªan disponer tambi¨¦n de independencia y disfrutar del privilegio de no quedar vinculados por las disposiciones normativas aplicables al resto de los ciudadanos. M¨¢s all¨¢ de cualquier otra consideraci¨®n, la sentencia ha desbaratado la insensata doctrina de la inmunidad o impunidad policial, ha rechazado la pretensi¨®n de que los servicios de seguridad puedan entorpecer la acci¨®n del poder judicial o negarle su colaboraci¨®n y ha establecido que la igualdad ante la ley no admite excepciones en nombre del secreto y la eficacia policiales.

Era ¨¦sta una cuesti¨®n de dignidad y de principios para la propia justicia y para la convivencia democr¨¢tica. Se trataba de probar que tambi¨¦n en el Pa¨ªs Vasco funciona el Estado de derecho. La presi¨®n a que fueron sometidos los magistrados de la Audiencia de Guip¨²zcoa, hostigados por campa?as de prensa y acosados por las declaraciones de los responsables del Ministerio del Interior, es un excelente ejemplo de que las amenazas a la independencia del poder judicial no acechan en los ¨¢mbitos administrativos -el acceso a la magistratura o la edad de jubilaci¨®n de sus miembros-, sino en el terreno decisivo del acto de dictar sentencia. La Audiencia de Guip¨²zcoa ha soportado las coacciones psicol¨®gicas, pol¨ªticas y morales de una campa?a iniciada el mismo d¨ªa del juicio con la movilizaci¨®n de un centenar de polic¨ªas que abarrotaron la sala. Despu¨¦s, las declaraciones del ex ministro Juan Jos¨¦ Ros¨®n (cuestionando la independencia y objetividad de los jueces que ejercen en el Pa¨ªs Vasco "sometidos a las presiones de ETA"), las manifestaciones de Rafael Vera (calificando el juicio de cobarde) y la intervenci¨®n del propio ministro en la televisi¨®n habr¨¢n hecho removerse en su tumba al mism¨ªsimo Montesquieu. Pero el tribunal que ha condenado a Ballesteros ha sabido defender la independencia judicial a la hora de hacer efectivo ese principio clave de nuestra norma fundamental seg¨²n el cual "los ciudadanos y los poderes p¨²blicos est¨¢n sujetos a la Constituci¨®n y al resto del ordenamiento jur¨ªdico".

El proceso de San Sebasti¨¢n ha puesto de relieve la preocupante tendencia de los aparatos de seguridad a imponer a sus responsables pol¨ªticos su propia escala de valores, incompatible con los fundamentos del ordenamiento constitucional y de una sociedad democr¨¢tica. Que Ros¨®n y Barrionuevo no entiendan que un tribunal de justicia espa?ol siente en el banquillo a un funcionario del Estado, acusado de dar protecci¨®n a tres personas que hu¨ªan de las autoridades francesas, que se hab¨ªan saltado con violencia los controles de fronteras y que eran sospechosas de estar implicadas en un atentado criminal causante de dos muertes, es una muestra de c¨®mo se ha entendido y entiende desde el ministerio de la polic¨ªa el funcionamiento de la democracia.

La condena del comisario Ballesteros prueba que, pese a todo, las instituciones de nuestro Estado constitucional funcionan y se hallan en condiciones de rechazar las presiones orientadas a trabar o dificultar su normal desenvolvimiento. Los apologistas de la violencia terrorista tendr¨ªan oportunidad de reconocer ahora, si lograsen descartar la mala fe o desembarazarse del fanatismo, que el sistema judicial espa?ol ofrece amparo a quien lo sol¨ªcita en debida forma, y que el ensanchamiento pac¨ªfico de los cauces institucionales para la defensa de las libertades y la participaci¨®n democr¨¢tica es un objetivo realizable dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Resulta improbable, sin embargo, que los terroristas hayan sentido la m¨¢s m¨ªnima satisfacci¨®n al conocer una sentencia que, parad¨®jicamente, priva de validez a su descalificaci¨®n global de la democracia espa?ola.

Frente a quienes sostienen que la defensa de los principios constitucionales y del Estado de derecho -impl¨ªcita en la condena de Manuel Ballesteros- hace el juego a los terroristas, es preciso insistir en que s¨®lo desde la defensa de la legalidad pueden ser destruidos los apoyos sociales y electorales, sin los que el bandidaje criminal de ETA ser¨ªa imposible. Y es preciso decir esto precisamente en unos d¨ªas en los que la ofensiva terrorista contra los representantes del orden se recrudece. La solidaridad necesaria de los ciudadanos con los agentes de seguridad y la victoria misma sobre el bandidaje pol¨ªtico no pasan por ning¨²n desarme moral de la democracia; antes bien, es precisa la reafirmaci¨®n en la creencia de que s¨®lo desde el Estado de derecho es posible una victoria real sobre ETA. Y que esa victoria es la ¨²nica manera de rendir homenaje al sacrificio de tanta sangre vertida y tanta vida segada por la negra mano de la violencia y el terror.