Esp¨ªas bajo el colch¨®n
Pol¨ªticos, magistrados, periodistas, militares o l¨ªderes sindicales se sienten m¨¢s vigilados que nunca
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"Hola. Soy... ya sabes. Bueno, que de parte de quien ya te imaginas, que de acuerdo en lo que hablamos... O sea, que nos vemos donde siempre y como siempre". As¨ª describ¨ªa el diputado catal¨¢n, Miquel Roca un tipo de conversaci¨®n normal que, en pleno 1985, a¨²n suelen mantener muchas personas con actividades pol¨ªticas, convencidas, seg¨²n se?alaba el parlamentario, de que el control policial, telef¨®nico o de otro tipo, legal o ilegal, sigue siendo una pr¨¢ctica similar o incluso superior al de la dictadura franquista.El ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, ha reconocido en el Congreso de los Diputados que la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n cuenta con abundante material documental sobre partidos pol¨ªticos, hecho que el ministro socialista califica de normal y l¨®gico en todos los pa¨ªses.
Si ya este extremo es reprobado por el resto de fuerzas pol¨ªticas, el hecho de que en algunas notas informativas o informes policiales, concretamente de la Brigada de Interior, aparezcan datos detallados sobre la vida privada de algunos pol¨ªticos no es comprensible en un sistema democr¨¢tico. Barrionuevo ha se?alado que, en todo caso, este tipo de trabajos ha sido hecho por "funcionarios desleales". El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, admite que algunos polic¨ªas pueden haber espiado "por su cuenta" a los partidos pol¨ªticos.
El diputado vasco Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s y el parlamentario comunista Fernando P¨¦rez Royo coincidieron al comentar que no existen m¨¢s que dos opciones: o ese espionaje se ha hecho con el benepl¨¢cito del Gobierno -en cuyo caso las responsabilidades ser¨ªan claras-, o el Gobierno debe reconocer que no controla a sus servicios de informaci¨®n, y concretamente a la Brigada de Informaci¨®n. El propio presidente de AP, Manuel Fraga, ha dicho que, tras escuchar a Barrionuevo, est¨¢ convencido de que en Espa?a hay una "polic¨ªa paralela".
Los hechos conocidos ahora han supuesto una convulsi¨®n pol¨ªtica por afectar directamente al funcionamiento interno del propio sistema democr¨¢tico. En los ¨²ltimos meses se han conocido numerosas actuaciones ilegales, o cuando menos irregulares, de los servicios de informaci¨®n. En 1983, destacados pol¨ªticos como Jos¨¦ L¨®pez L¨®pez, secretario general adjunto de Alianza Popular; Manuel Gallent, del Partido Dem¨®crata Popular (PDP), o Carlos Gila, del mismo partido, hicieron p¨²blico su convencimiento de que sus tel¨¦fonos estaban intervenidos, hip¨®tesis que hoy es mantenida en todos los c¨ªrculos sociales destacados.
En los ¨²ltimos meses, distintos medios de comunicaci¨®n han aportado datos concretos sobre posibles espionajes, con participaci¨®n de agentes del CESID, al presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, y al vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jer¨®nimo Arozamena. Barrionuevo, al referirse a actuaciones de este tipo por parte de servicios de su departamento, insiste en que nunca se ha transgredido la ley. A iniciativa de la Brigada de Interior, por ejemplo, se han pinchado numerosos tel¨¦fonos con la correspondiente autorizaci¨®n judicial, pero ¨¦sta se ha obtenido en ocasiones con argumentaciones m¨¢s que discutibles presentadas ante el juez.
La intervenci¨®n del tel¨¦fono de Jos¨¦ Mar¨ªa Sabater, amigo de Ruiz-Mateos, se hizo, por ejemplo, con la autorizaci¨®n de un juez al que se le dijo que Sabater estaba relacionado con bandas armadas y con tr¨¢fico de armas. Meses despu¨¦s, el propio jefe de la Brigada de Interior, Alberto El¨ªas, fue procesado tras aparecer publicadas en Cambio 16 transcripciones de las cintas grabadas a trav¨¦s del tel¨¦fono de Sabater. De la transcripci¨®n pod¨ªa deducirse un supuesto romance entre Ruiz-Mateos y la esposa de Sabater.
Ni en la Moncloa se f¨ªan
Poco despu¨¦s de llegar al poder los socialistas, se descubri¨® que el Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (CESID) -el m¨¢s importante servicio de informaci¨®n del pa¨ªs- dispon¨ªa en la planta baja del edificio In¨ªa, contiguo al palacio de la Moncloa, de un local de uso exclusivo en el que hab¨ªa unos sistemas adecuados para controlar todas las llamadas telef¨®nicas. Al In¨ªa, que es la sede de la vicepresidencia del Gobierno, llegaban a diario varios miembros del CESID y, encerrados en sus dependencias, a las que se ten¨ªa acceso por una puerta blindada, realizaban trabajos desconocidos absolutamente por el propio vicepresidente del Gobierno.Ante este dato y otros que fueron conocidos por el actual Gobierno, se incorpor¨® a los sistemas de seguridad de la Moncloa un avanzado sistema antiescuchas inexistente hasta entonces en el palacio presidencial. El sistema impide grabaciones telef¨®nicas directas e incluso inutiliza la acci¨®n de otros equipos de grabaci¨®n que puedan ser manejados desde el exterior.
Junto a estos hechos, en los ¨²ltimos a?os tambi¨¦n han sido conocidas otras actuaciones irregulares de integrantes de los servicios de informaci¨®n. El guardia civil del CESID Carlos Guti¨¦rrez de la Rosa ingres¨® el a?o pasado en prisi¨®n acusado de venta ilegal de armas. El subcomisario Francisco S¨¢nchez Herrera, agente del CESID, fue suspendido de sus funciones en marzo de 1984 por intento de soborno a dos periodistas del diario La Verdad, de Murcia.
Miedo al 'Beria espa?ol'
En muchas ocasiones, el CESID y los otros seis servicios de informaci¨®n espa?oles se entrecruzan o solapan sus trabajos, lo que origina continuas tensiones entre ellos. Ya en 1977, siendo ministro de Defensa el general Manuel Guti¨¦rrez Mellado, se abord¨® el proyecto de unificar los servicios de informaci¨®n y crear una Comunidad de Inteligencia Espa?ola, dependiente directamente de Presidencia del Gobierno, similar al sistema existente ahora en el Reino Unido, Francia o EE UU.Responsables de los mismos servicios de informaci¨®n han realizado estudios en los que se aconseja esta f¨®rmula. Sin embargo, un general que conoce en profundidad este proyecto asegura que, "por decisi¨®n pol¨ªtica", no se ha realizado hasta el momento. El general entiende que el Gobierno intenta evitar la existencia de un Beria espa?ol. Laurenti Beria dirigi¨® la polic¨ªa pol¨ªtica sovi¨¦tica -NKVD, hoy KGB- durante muchos a?os, y la informaci¨®n que controlaba le dio tanto poder que pr¨¢cticamente lleg¨® a controlar el Estado sovi¨¦tico.
Las reticencias del propio Gobierno ante la creaci¨®n de un servicio de informaci¨®n ¨²nico son suficientemente significativas respecto a la imagen que el poder pol¨ªtico tiene de esos servicios.
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