Emilio Garc¨ªa Horcajo admite que se pueden cometer errores en la tramitaci¨®n de multas

El coordinador del ¨¢rea de Circulaci¨®n, Seguridad y Transporte del Ayuntamiento de Madrid, Emilio Garc¨ªa Horcajo, afirma que en la tramitaci¨®n de las multas de tr¨¢fico se cumplen todas las normas legales, aunque se pueden cometer errores. Horcajo afirma desconocer el asunto concreto por el que fue procesada por un posible delito de prevaricaci¨®n la recaudadora ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Cuesta, tras ser interpuesta una querella por un ahogado madrile?o al que la gr¨²a te hab¨ªa retirado el coche. El concejal explic¨®, sin embargo, que "en cualquier pa¨ªs democr¨¢tico el procesado ser¨ªa el ciudadano que incumple las normas de tr¨¢fico por sistema".

El coordinador del ¨¢rea de Circulaci¨®n asegur¨® que su opini¨®n gen¨¦rica es que "existe una minor¨ªa de ciudadanos que infringe las normas de tr¨¢fico por sistema, y en cualquier otro pa¨ªs el infractor o paga o va a la c¨¢rcel, pero aqu¨ª a este nivel nos encontramos en el Tercer Mundo". Seg¨²n el concejal, la responsabilidad del embargo de los autom¨®viles no corresponde a su departamento, puesto que una vez transcurrido el plazo de pago voluntario de una multa, el certificado de descubierto lo facilita la depositar¨ªa del Ayuntamiento y la recaudaci¨®n la hace el departamento de Hacienda.No es de la misma opini¨®n el abogado Juan P¨¦rez Almaz¨¢n, de 50 a?os, que present¨® una querella por un presunto delito de prevaricaci¨®n contra la recaudadora ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Cuesta, que ha sido procesada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 25 de Madrid, que considera totalmente leg¨ªtimo que las multas existan, "pero el Ayuntamiento debe mejorar el procedimiento para que no se llegue a un estado de indefensi¨®n".

Cuando P¨¦rez Almaz¨¢n comprob¨®, el 16 de mayo de 1984, que la gr¨²a se hab¨ªa llevado su coche, estacionado en bater¨ªa frente a la iglesia de San Francisco el Grande, el abogado no imagin¨® que este asunto le iba a ocasionar tantos quebraderos de cabeza. En el dep¨®sito le notificaron que deb¨ªa pagar 136.000 pesetas para recuperar el coche en concepto de multas, y se neg¨® a pagar "sin los correspondientes justificantes que demostraran que se trataba de multas propias y legalmente tramitadas", afirm¨®. P¨¦rez Almaz¨¢n asegura que carec¨ªa de elementos de juicio para saber si era legal o no la factura que se le presentaba y por eso acudi¨® a la oficina recaudadora del Ayuntamiento. "Me dijeron primero que recurriera y luego que notificara por escrito lo que quer¨ªa, y as¨ª lo hice; como no me facilitaron los datos que ped¨ªa, consider¨¦ que incurr¨ªan en un posible delito de prevaricaci¨®n y present¨¦ la querella a primeros de junio del pasado a?o".

La querella, seg¨²n el abogado, s¨®lo iba dirigida contra el titular del cargo, que "ten¨ªa obligaci¨®n de cumplir la ley y facilitar los datos del expediente administrativo en el que yo era parte", manifest¨®.

"Una mera ejecutora"

Por otra parte, Inmaculada Gonz¨¢lez de Lara, abogada de la procesada, afirma que su defendida es una mera ejecutora y que la orden de embargo del veh¨ªculo fue aprobada por los responsables del departamento de Circulaci¨®n y Transportes.La recaudadora ejecutiva, seg¨²n la abogada, inicia el procedimiento de apremio una vez transcurrido el plazo voluntario de pago de las multas sin que ¨¦stas hayan sido abonadas. "El certificado de descubierto se remite entonces a la recaudadora ejecutiva, que inicia el procedimiento de apremio para que el multado reciba la notificaci¨®n de pago. La orden de embargo tiene que ser aprobada por el responsable pol¨ªtico del departamento, que es, a su vez, quien da la orden de retirada del veh¨ªculo", afirm¨®.