Las condiciones de la solidaridad

LA DECLARACI?N del fiscal Valerio (v¨¦ase EL PAIS de hoy y del 25 de mayo) en respuesta a las preguntas del abogado de la acusaci¨®n particular en el caso Brouard, arroja nuevas luces sobre el tema. Valerio subraya que el comisario Rosinos -perteneciente a la Brigada de Informaci¨®n de Bilbao y encargado inicialmente de la investigaci¨®n- Ie prest¨® toda su colaboraci¨®n, mostr¨® un "inter¨¦s sincero en la resoluci¨®n del caso" y goz¨® de "total libertad y autonom¨ªa". El fiscal se?ala que las investigaciones "fueron directamente impulsadas, con cobertura econ¨®mica ilimitada, por el se?or ministro del Interior" y estuvieron "alentadas" por el titular de ese departamento. Durante esa etapa inicial "se avanz¨® con seguridad y rapidez", hasta el punto de que durante la segunda quincena de diciembre "se estaba muy cerca de los primeros datos concretos, aportables al sumario, sobre el caso". Por esas fechas, sin embargo, las gestiones policiales -seg¨²n el fiscal Valerio- "se vieron fuertemente obstaculizadas" a causa de que algunas personas .pertenecientes a otros servicios policiales o de inteligencia" se interfirieron en las pesquisas y "espantaron la pista" que segu¨ªa la brigada de Bilbao.El fiscal se?ala su "plena seguridad" en que el atentado "sorprendi¨® y doli¨® en las altas instituciones del Estado", y que "los posibles planes y estrategias pol¨ªticas del Gobierno para acabar con el terrorismo se resintieron mucho con este asesinato". La convicci¨®n de que la muerte de Santiago Brouard perjudic¨® los proyectos del poder ejecutivo es hoy casi un¨¢nime y no se debilitar¨ªa -antes bien, quedar¨ªa fortalecida- si se confirmara la hip¨®tesis de la participaci¨®n de la extrema derecha en el crimen y la vinculaci¨®n parapolicial de sus autores. Sectores de Herri Batasuna parecen igualmente convencidos de que si se verificara la autor¨ªa de la extrema derecha, incluso conectada con el aparato parapolicial, las motivaciones del asesinato ser¨ªan aut¨®nomas. Una de las consecuencias del atentado fue la paralizaci¨®n del proceso negociador iniciado con ETA. O sea, que es imposible suponer que el Gobierno no est¨¦ interesado en investigar los hechos. La preocupaci¨®n de sectores del Gobierno -hecha patente por el ministro de Justicia al fiscal general- tras la recepci¨®n de los oficios judiciales, puede entenderse, desde luego, como una presi¨®n, motivada por las sospechas eventualmente vertidas sobre los servicios de seguridad. Pero las sospechas de Valerio sobre esas tramas negras excluyen tajantemente la existencia de cualquier orden de arriba. Valerio insiste en que un confidente de los aparatos de seguridad, perteneciente a "alg¨²n servicio policial o de inteligencia", facilit¨® una informaci¨®n, 15 d¨ªas despu¨¦s del crimen, sobre una reuni¨®n celebrada en Madrid por un grupo de ultraderechistas para preparar el asesinato de Brouard. Esa pista, luego borrada, hubiera permitido, "bien la identificaci¨®n de los sicarios que perpetraron el crimen, bien la identificaci¨®n de los inductores que participaron en la reuni¨®n previa". Una segunda persona, un infiltrado "que manten¨ªa alg¨²n tipo de contacto o vinculaci¨®n con alg¨²n no determinado servicio policial o de inteligencia", hab¨ªa participado en ese concili¨¢bulo o ten¨ªa conocimiento de su celebraci¨®n. En opini¨®n de Valerio, ese infiltrado no inform¨® a la polic¨ªa de la conjura criminal, sino que actu¨® "por su propia cuenta" o "al servicio de otros intereses".

Toda esta explicaci¨®n, menos rocambolesca de lo que parece, vuelve a poner de relieve, como tambi¨¦n sucede con el caso del espionaje sobre los partidos, la existencia de poderes policiales aut¨®nomos que el Gobierno no controla. La actual ofensiva terrorista, desencadenada en medio de la crisis del Ministerio del Interior, se beneficia de las incertidumbres que estos dos casos -Brouard y espionaje- generan en la opini¨®n p¨²blica. La t¨¢ctica empleada por los socialistas de amparar cualquier tipo de actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad y confundir el debate pol¨ªtico con los procesos judiciales no hace m¨¢s que volverse contra el Gobierno. En cambio, cuando el ministro del Interior ha ejercitado la autoridad y no la complacencia (con los ceses de los mandos militares de la Polic¨ªa Nacional) y cuando el Gobierno ha elegido las v¨ªas del di¨¢logo y no de la confrontaci¨®n (en la negociaci¨®n con los sindicatos policiales del nuevo r¨¦gimen disciplinario de la Polic¨ªa Nacional), los r¨¦ditos de esas actitudes han sido satisfactorios. En definitiva, eso ha sucedido cuando el Gobierno se ha dedicado a cumplir su programa y no a transigir con la realidad que hab¨ªa prometido cambiar.

La victoria contra el terrorismo, que ayer se cobr¨® tres nuevas v¨ªctimas -entre ellas, la de un ni?o de catorce a?os-, exige, como dec¨ªamos hace dos d¨ªas, la solidaridad de los ciudadanos y el Estado. Pero por eso mismo, los responsables del poder no pueden dar la espalda a la opini¨®n p¨²blica ni deso¨ªr sus requisitorias.