Controlar a los controladores

El reciente debate parlamentario sobre el espionaje a los partidos pol¨ªticos s¨®lo ha demostrado una cosa: que la situaci¨®n por la que atraviesan las libertades p¨²blicas en Espa?a empieza a ser alarmante. Los partidos pol¨ªticos, cauces de participaci¨®n democr¨¢tica seg¨²n la Constituci¨®n, son vigilados y controlados por la polic¨ªa. La sospecha de que actuaciones claramente ilegales de sectores de servicios del Estado son justificadas cuando no encubiertas desde el Gobierno o casos de malos tratos, de actuaciones paralelas, de contundencia que recuerda a otros tiempos en la represi¨®n de manifestaciones, siguen apareciendo en los medios de informaci¨®n como un reflejo de la pol¨ªtica de anta?o. La imprescindible separaci¨®n del Ej¨¦rcito de toda involucraci¨®n en tareas de orden p¨²blico, a trav¨¦s de la Polic¨ªa Nacional o de la Guardia Civil, contin¨²a sin realizarse. Y lo m¨¢s grave, a mi entender, reside no s¨®lo en que el prometido cambio no haya ni tan siquiera rozado la pol¨ªtica que todo el Gobierno practica desde el Ministerio del Interior, sino que la filosof¨ªa de fondo que esos aparatos del Estado han ido destilando durante los largos a?os de la dictadura da la impresi¨®n de que han sido asumidos por el actual Gobierno como los connaturales y propios en el actuar de dichos cuerpos y servicios. Esto es lo grave e inquietante. Es como si el viejo aparato, intacto por otra parte, hubiese succionado a los nuevos gobernantes, imponi¨¦ndoles sus formas, sus m¨¦todos y sus personas, adaptados formalmente, y aun a veces sin guardar las formas, a las nuevas circunstancias; y tambi¨¦n que los gobernantes actuales no han tenido la voluntad pol¨ªtica de modificar dichas estructuras, que condicionan de forma esencial la pol¨ªtica general del pa¨ªs.Parece probable que una ruptura pol¨ªtica, en el paso de un r¨¦gimen a otro, hubiese solventado algunos de estos problemas. Mas al no haber sido as¨ª, la tarea debe ser obra de una permanente actuaci¨®n, inteligente y sostenida, de los Gobiernos de la democracia. Ni los anteriores ni el actual la han abordado, cuando apare ce como una cuesti¨®n prioritaria de la modernizaci¨®n y democratizaci¨®n de Espa?a y de su Esta do. Porque el ejercicio diario y tranquilo de las libertades p¨²blicas por los ciudadanos no se resuelve con que ¨¦stas est¨¦n cabal mente recogidas en el texto constitucional -ejemplar en este sentido como en tantos otros-, sino en saber que todos los ins trumentos que el Estado tiene de coacci¨®n sobre las personas es t¨¢n al exclusivo y ¨²nico servicio de protecci¨®n de dichas liberta des y s¨®lo pueden ser aplicados contra las violaciones de las mismas o contra las actitudes antisociales y delictivas de derecho penal com¨²n.

Todo lo dem¨¢s es caer en la vieja pol¨ªtica de la dictadura, enquistada hasta los tu¨¦tanos en el Estado. De otra parte no hay que olvidar, como he sostenido desde hace tiempo, que una pol¨ªtica econ¨®mica y social como la que se est¨¢ practicando desde el poder, unido al atlantismo a fondo, llevaba necesariamente como corolario una pol¨ªtica dura de orden p¨²blico y, en sustancia, no tocar los viejos aparatos heredados del r¨¦gimen anterior. Es decir, la pol¨ªtica de libertades p¨²blicas es inseparable de la pol¨ªtica econ¨®mica y social e internacional que se practique en un momento dado.

Y no vale para nada el argumento de que el criminal terrorismo justifica ciertas actitudes duras e incluso nombramientos de supuestos expertos en la materia, que antes persegu¨ªan comunistas u otros antifranquistas. S¨®lo una polic¨ªa democr¨¢tica y con mandos sin tacha en ese sentido puede vencer al terrorismo, pues para ello hay que contar con la simpat¨ªa y el apoyo del pueblo, de la gente.

Por ello las tareas de reformas profundas en este campo cubrir¨ªan, junto a las anteriores cuestiones mencionadas, todo un programa de gobierno, una pol¨ªtica distinta, alrededor del que podr¨ªan converger ampl¨ªsimos sectores de nuestra sociedad. De entrada se tendr¨ªa que implantar de una vez la separaci¨®n completa de funciones entre Interior y Defensa; entre las tareas propias, de las Fuerzas Armadas de las de orden p¨²blico, lo que viene impuesto, en mi opini¨®n, por el simple cumplimiento del art¨ªculo 8 en relaci¨®n con el 104 de la Constituci¨®n Espa?ola. As¨ª, tanto de la Guardia Civil corno de la Polic¨ªa Naci¨®nal deber¨ªan desaparecer los mandos de las Fuerzas Armadas como tales y su ju-

Pasa a la p¨¢gina 14

Viene de la p¨¢gina 13

risdicci¨®n deber¨ªa ser exclusivamente civil. En segundo lugar, esta delimitaci¨®n urgente tendr¨ªa que ir acompa?ada de un reciclaje en la formaci¨®n y m¨¦todos de estos cuerpos y fuerzas de seguridad, en consonancia con el r¨¦gimen constitucional. Ning¨²n funcionario, cuya misi¨®n exclusiva es servir a los ciudadanos protegiendo y defendiendo las libertades p¨²blicas, puede caer en actitudes que demuestren a trav¨¦s de indicios que no cree en ellas, y debe ser, por tanto, separado de sus funciones ante contravenciones de dicho orden constitucional. No como ocurre ahora, en que los m¨¢s marginados o preteridos son precisamente aquellos que laboran por unos servicios y fuerzas de orden p¨²blico democr¨¢ticos al servicio de los ciudadanos, desde los sindicatos u otras instancias.No estoy pidiendo la depuraci¨®n de ning¨²n cuerpo por motivos ideol¨®gicos, pues soy consciente de que existen muchos funcionarios eficaces, meritorios y sacrificados en dichos cuerpos. Lo que s¨ª sostengo es que ning¨²n funcionario que haya tenido responsabilidades en la represi¨®n durante el r¨¦gimen anterior pueda tener el m¨¢s m¨ªnimo mando, en la situaci¨®n actual, dentro de los cuerpos y servicios de Seguridad del Estado.

De otro lado, una democracia se caracteriza esencialmente por que todos los poderes del Estado, sin excepci¨®n, est¨¢n sometidos a la ley y al control de los leg¨ªtimos representantes de los ciudadanos. La impotencia de las Cortes Espa?olas para ejercer este control sobre determinadas actividades de ciertos aparatos del Estado es completa. Porque ?qui¨¦n controla a los controladores? Da la impresi¨®n de que ciertos instrumentos y servicios de informaci¨®n, tanto dependientes de Interior como de Defensa, no los controla de verdad nadie, y en esta esfera esencial del funcionamiento democr¨¢tico el papel del Parlamento es esencial. Las atribuciones de ¨¦ste para que a trav¨¦s de comisiones permanentes de investigaci¨®n y de control pueda seguir de cerca las actividades y resultados de dichos servicios es tarea inaplazable. Si durante meses o a?os determinados ser vicios del Estado han podido estar espiando a partidos legales sin conocimiento del. Ministerio del Interior o del jefe del Gobierno, la cuesti¨®n es grav¨ªsima y dichos servicios deber¨ªan ser remodelados a fondo. Si dichas autoridades del Gobierno conoc¨ªan de antemano los trabajos aludidos deber¨ªan dimitir ipso facto, puesto que o estar¨ªan en cubriendo actividades delictivas o ser¨ªan incapaces de controlar esferas esenciales del Gobierno, que es precisamente su funci¨®n. De ah¨ª que sea urgente la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n que aclare hasta el fondo lo ocurrido con el espionaje, a determinados partidos pol¨ªticos. Mas una vez realizado esto el Parlamento, a trav¨¦s de sus instrumentos, debe tomar cartas en el asunto de forma permanente y no puntual, como ocurre en otros pa¨ªses democr¨¢ticos. Los ciudadanos, por su parte, tendr¨¢n derecho igualmente a movilizarse y manifestar su repulsa ante actividades contrarias a la ley, inadmisibles en un r¨¦gimen democr¨¢tico, porque ?qu¨¦ garant¨ªas pueden tener los ciudadanos de que esas informaciones personales o colectivas no pueden ser un d¨ªa utilizadas contra ellos para fines pol¨ªticos o partidistas, que no tienen absolutamente nada que ver con la persecuci¨®n de los delitos, que debe realizarse bajo el control de los jueces?

Es altamente gelatinoso el argumento utilizado por el jefe del Gobierno en el sentido de que si esas violaciones existen, que se prueben. Es cierto que est¨¢ recogido en nuestra Constituci¨®n el principio de la presunci¨®n de, inocencia. Pero este principio, en cuanto a la prueba se refiere, tiene l¨ªmites, y ese l¨ªmite se ubica precisamente all¨ª donde el actuar del poder p¨²blico puede haber conculcado los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, pues en este caso la carga de la prueba se invierte y es el Gobierno quien tiene que probar que no viol¨® esos derechos. Y tiene que demostrarlo, unas veces ante los tribunales y otras ante el Parlamento. ?Por qu¨¦ entonces negarse a una comisi¨®n de investigaci¨®n?

En conclusi¨®n, entiendo que solamente por medio de instrumentos precisos de control parlamentario, judicial y de participaci¨®n social, sin que ning¨²n tipo de esferas quede marginado de su eficaz supervisi¨®n, se podr¨ªan ir eliminando dichas actividades que ponen en peligro el ejercicio real de las libertades y crean en la sociedad espa?ola la inquietante sensaci¨®n de. que existen oscuras zonas de poder que no controla absolutamente nadie o que si las controla lo hace en su exclusivo beneficio. Hay, pues, que controlar democr¨¢ticamente a los controladores o ¨¦stos acabar¨¢n controlando antidemocr¨¢ticamente a la sociedad espa?ola.

Nicol¨¢s Sartorius es abogado y vicesecretario general del PCE.