El informe de ACESA al fiscal coincide con las conversaciones para su posible venta a la empresa nacional

El ¨²ltimo d¨ªa del pasado mes de mayo Carlos Bustelo, presidente de la empresa Autopistas Concesionaria Espa?ola (ACESA) remit¨ªa al fiscal general del Estado un informe en el que se reflejaba el posible desv¨ªo hacia destinos no conocidos de 337 millones de pesetas, que se hab¨ªan facturado, durante 1979 y 1982, como comisiones de operaciones financieras y servicios t¨¦cnicos que parece no se realizaron.El informe era el final de una investigaci¨®n iniciada en abril cuando se intent¨® renegociar un cr¨¦dito exterior y cuyos puntos oscuros eran al menos sospechados desde hace de un a?o cuando Carlos Bustelo coment¨® con funcionarios de la Administraci¨®n la desmesurada cuant¨ªa de algunas comisiones de cr¨¦ditos.

La remisi¨®n del informe al fiscal general del Estado, que lo ha trasladado a la Audiencia de Barcelona, coincid¨ªa en el tiempo con las reuniones mantenidas por miembros de la delegaci¨®n del Gobierno en autopistas con representantes del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, con el presidente de ACESA y con altos cargos del Ministerio de Econom¨ªa para plantearles la posibilidad de integrar la participaci¨®n de ACESA en la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA) y disminuir de esta forma las p¨¦rdidas que acumulan anualmente las autopistas nacionalizadas que no son viables econ¨®micamente.

El informe al fiscal limitaba las posibles responsabilidades a Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Vall¨¦s, presidente y director general de la sociedad en esos a?os, y al director financiero ?ngel Fern¨¢ndez de la Puebla. Aunque en distintas ocasiones algunos consejeros de ACESA han planteado la necesidad de que renuncie el consejero delegado de la entidad, en la sesi¨®n en la que se ley¨® el informe al fiscal no se tom¨® ninguna decisi¨®n. En medios del sector y de la Administraci¨®n se considera dif¨ªcil de explicar que el posible desv¨ªo de una cantidad de dinero importante haya podido hacerse de tal manera que se ocultase al consejero delegado y al resto de consejeros.

En el mes de marzo se iniciaron aquellas reuniones mantenidas con el secretario de Estado de Econom¨ªa y Planificaci¨®n, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, el director general del Tesoro, Raimundo Ortega y el director general del Patrimonio, Javier Moral. Culminaron hace un par de semanas con una reuni¨®n entre el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, y el de Obras P¨²blicas y Urbanismo, Juli¨¢n Campo. En todas ellas Obras P¨²blicas inform¨® de su planteamiento de adquisici¨®n de las acciones de ACESA, mientras que los responsables de Econom¨ªa y Hacienda ni se adhirieron a la propuesta ni la negaron.

Los problemas que se plantean en cualquier caso se refieren a la forma en que se pagar¨ªa el valor de las acciones que el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos tiene de ACESA (contabilizadas en 23.000 millones de pesetas, que fue el precio al que se pagaron cuando la crisis de Bankunion) y la forma en que el Patrimonio del Estado obtendr¨ªa el dinero para realizar esa operaci¨®n.

Desde Obras P¨²blicas se contemplan como f¨®rmulas posibles un anticipo del Banco de Espa?a -a Enausa o al Patrimonio- consolidable, como lo son los anticipos al Tesoro con cargo al pago del seguro de cambio o reintegrable a largo plazo. Otra posibilidad es que el fondo de garant¨ªa conceda un cr¨¦dito en condiciones similares a las que concede a los bancos en crisis. Por ¨²ltimo se plantea un pr¨¦stamo del ICO, con cargo al fondo de financiaci¨®n de autopistas.

Este planteamiento parte de la idea de que el fondo de garant¨ªa no podr¨¢ vender su participaci¨®n si no es en condiciones muy por debajo de las de mercado, lo que le har¨ªa incurrir en p¨¦rdidas dos veces a favor del sector privado de la econom¨ªa. Adem¨¢s se volver¨ªa a ayudar, sin demasiado fundamento, al reparto de beneficios a los nuevos propietarios mediante el seguro de cambio.