Insolidaridad y c¨¢rceles

CUANDO UN pa¨ªs tiene problemas carcelarios de la magnitud que actualmente padece Espa?a, es una utop¨ªa pretender que las autoridades los resuelvan inmediatamente, como por arte de magia, sin el apoyo del conjunto de los ciudadanos. Cualquier alternativa a la situaci¨®n actual de las prisiones rebasa a las meras buenas voluntades, y s¨®lo podr¨¢ implantarse si la sociedad espa?ola se muestra dispuesta a pagar los peajes correspondientes. Los motipes, aun cuando tienen un saldo de sangre y muerte, como ocurri¨® desgraciadamente anteayer en M¨¢laga, vistos desde fuera de los centros penitenciarios son poco m¨¢s que unas cuantas l¨ªneas de informaci¨®n molesta e inquietante. Pero desde dentro constituyen la respuesta dram¨¢tica a las deficiencias estructurales de los centros, al hacinamiento de los recluidos y a la ausencia entre nosotros de una tradici¨®n democr¨¢tica que limite el papel de la c¨¢rcel a lo que debe ser: una estricta privaci¨®n de la libertad en el contexto de un respeto a todos los dem¨¢s derechos y a la dignidad de los internos.La muerte de un polic¨ªa en M¨¢laga -en los disturbios de una c¨¢rcel para 250 reclusos que actualmente alberga a 700-, a estas alturas s¨®lo puede escandalizar a quienes en estos ¨²ltimos tiempos se hayan propuesto cerrar los ojos a la realidad. Las siniestras historias de nuestras c¨¢rceles -las condiciones interiores de higiene y seguridad, sus reyertas habituales, las violaciones sistem¨¢ticas y generalizadas de los detenidos m¨¢s j¨®venes, el consumo habitual de droga en las celdas- han sido repetidas hasta la saciedad por los medios de comunicaci¨®n, sin conseguir crear, al parecer, la conciencia necesaria para despertar una actitud solidaria y resolutiva del problema.

En Catalu?a, por ejemplo, para resolver los atropellos de la c¨¢rcel mal llamada Modelo, que alojaba a principios de esta misma semana a m¨¢s de 1.800 presos cuando carece de condiciones para tener siquiera a 1.100, tanto el Gobierno central como la Generalitat decidieron sustituirla por tres o cuatro instalaciones modernas y seguras especializadas en preventivos, no muy alejadas de Barcelona -para estar cerca de los juzgados de los que dependen- y que respondieran a la nueva legislaci¨®n penitenciaria. Sin embargo, en todos los casos ha habido una virulenta reacci¨®n contraria por parte de los municipios elegidos o que sonaban para ello: manifestaciones, huelgas generales, ataques, insultos e incluso declaraciones formales de persona no grata para el responsable auton¨®mico de Justicia, Agust¨ª Bassols. Las enemistades partidistas han quedado autom¨¢ticamente limadas en esas poblaciones: alcaldes y concejales convergentes, socialistas, fraguistas, comunistas e independientes de esas localidades han cerrado filas frente a las direcciones de sus propios partidos y delante de las instituciones para oponerse a las c¨¢rceles. La insolidaridad y la hipocres¨ªa no han tenido color pol¨ªtico determinado. Se rechazan de entrada tanto las razones de fondo como los criterios de selecci¨®n geogr¨¢fica utilizados, al tiempo que se anuncian trabas sin fin para los permisos municipales de obras. Parece como si la legitimidad de quienes han sido elegidos democr¨¢ticamente para, entre otras cosas, tomar este tipo de decisiones acabara precisamente ah¨ª, en un "aqu¨ª no dejaremos hacer una prisi¨®n lo decida quien lo decida".

La Generalitat ha intentado convencer de que una c¨¢rcel puede llegar a resultar incluso rentable econ¨®micamente, por el flujo econ¨®mico que genera su construcci¨®n y mantenimiento; ha garantizado que en todos los casos las prisiones se situar¨¢n en fincas alejadas de los n¨²cleos habitados, en lugares no rentables para ninguna otra actividad, desarrollando v¨ªas de acceso actualmente marginales y sin que los edificios sean visibles desde los pueblos. Ha sido in¨²til, como tambi¨¦n lo ha sido el consejo de que el peor error que pueden cometer estos municipios es identificar ahora, con sus protestas p¨²blicas, el nombre de la localidad con las nuevas c¨¢rceles, que tienen previstas sus propias denominaciones independientes de cara al futuro.

Con estas actitudes, las c¨¢rceles se han convertido en un tema tab¨². Nadie parece discutir la necesidad de mejorar las condiciones de las actuales, pero este consenso no pasa de las palabras. Y en realidad eso es un problema que refleja algunas de nuestras endebleces de fondo. Sabemos quejarnos de la inseguridad ciudadana, de los abusos que se cometen d¨ªa a d¨ªa; diagnosticamos f¨®rmulas para resolver las cosas. Pero, a la hora de la verdad, aqu¨ª casi nadie est¨¢ dispuesto a poner nada de su parte. As¨ª nos va. Y as¨ª van nuestras c¨¢rceles, mientras todos estamos a la espera del pr¨®ximo mot¨ªn, de las pr¨®ximas muertes y de las consiguientes -y un¨¢nimes- declaraciones exigiendo que se encuentre una soluci¨®n para este tema.