La Administraci¨®n se aumenta el sueldo
Algunos responsables de empresas p¨²blicas han incrementado sus ingresos en m¨¢s de un 20%
La Administraci¨®n ha puesto en marcha, a partir de este mes, el nuevo sistema de retribuciones de su personal, que se ha iniciado en cuatro departamentos (Industria, Administraci¨®n Territorial, Cultura y Justicia) y que ha coincidido con el establecimiento de nuevas dietas de asistencia a los consejos de administraci¨®n de las empresas p¨²blicas. La introducci¨®n de ambas medidas va a suponer a varios altos cargos ganar m¨¢s que sus ministros, que no cuentan con dietas de consejos de administraci¨®n, al tiempo que en determinadas empresas p¨²blicas se han producido tambi¨¦n unos sustanciales incrementos de retribuciones, colocando incluso a algunos subdirectores con ingresos anuales m¨¢s altos que los percibidos por los miembros del Gobierno.
El nuevo sistema de retribuciones, que responde a lo dispuesto por la ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Funci¨®n P¨²blica de 1984 y a la ley de Presupuestos del Estado para 1985, termina con el procedimiento tradicional de asignar las remuneraciones a los cuerpos de funcionarios de la Administraci¨®n e introduce la valoraci¨®n de los puestos de trabajo. Las nuevas retribuciones se basan en cuatro conceptos: remuneraciones b¨¢sicas y complemento de destino, que est¨¢n regulados por ley, y complemento espec¨ªfico (discriminaci¨®n entre dos puestos de igual jerarqu¨ªa por el cometido concreto de cada uno de ellos) y complemento de productividad, que son fijados por el Gobierno y los gestores del ministerio al que pertenezca el funcionario. Al margen de ello, pero incidiendo de forma sustancial en las remuneraciones de una parte de los altos cargos (fundamentalmente los de Econom¨ªa y Hacienda e Industria), se han aprobado aumentos de retribuciones por dietas de asistencia a consejos de administraci¨®n.Todos estos cambios han deparado a algunos altos cargos y dirigentes de empresas p¨²blicas incrementos salariales superiores al 20%, frente al 6,5% de aumento de! las retribuciones en el sector p¨²blico previsto en los Presupuestos del Estado. La introduci¨®n de un principio de discriminaci¨®n en funci¨®n del puesto de trabajo evita, por una parte, situaciones claramente injustas, como es el hecho de que muchos subdirectores estuvieran cobrando m¨¢s que sus directores generales debido al cuerpo funcionarial al que pertenecen, o que el interventor de una empresa, caso de Iberia, cobrase m¨¢s que el interventor general del Estado. Y dificulta la fuga de los mejores al sector privado.
Pero el nuevo sistema, a juicio de muchos funcionarios, introduce tambi¨¦n graves distorsiones y desigualdades. Algunos subsecretarios y altos cargos van a tener m¨¢s ingresos que sus ministros respectivos, y desde luego los directivos de medio centenar de empresas p¨²blicas rebasan con creces las percepciones de los miembros del Gobierno. Desde Econom¨ªa y Hacienda se razona que no tiene la misma responsabilidad el director general de Presupuestos o el de la Polic¨ªa que cualquiera de los del Ministerio de Cultura, y que, por tanto, no deben percibir salarios id¨¦nticos. De ah¨ª que hayan introducido un sistema de puntos que puede llegar a marcar diferencias muy superiores a los dos millones de pesetas, sin contar las dietas de consejos de administraci¨®n (que pueden alcanzar otro tanto), entre dos directores generales.
El sobresueldo de las dietas
Algunos sindicatos de funcionarios sostienen que el servicio p¨²blico es todo ¨¦l igualmente importante, y que si un ¨¢rea como el de la mujer o el teatro le parece al Gobierno de menor rango que los tributos o el presupuesto, lo que debe hacer es encomendarlo a un jefe de secci¨®n o a un jefe de servicio y no a un director general de cuarta categor¨ªa a efectos salariales. De hecho est¨¢n pensando recurrir las nuevas retribuciones en base a la ley de Protecci¨®n de los Derechos Fundamentales de la Persona. Si se les aceptara este recurso, el nuevo sistema quedar¨ªa suspendido hasta que los tribunales fallasen el fondo del litigio.Fuentes del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda reconocen que los actuales baremos introducidos en la reforma van a producir en algunos casos fuertes subidas salariales y en algunos otros injustas discriminaciones. No obstante, dichas fuentes indican que en 1983 se produjo una fuerte reducci¨®n de las retribuciones de los altos cargos (algunos que percib¨ªan siete millones pasaron a cobrar 3,5 millones) al restringirles los consejos de administraci¨®n a dos por persona y suprimirles otros conceptos remunerativos. Esta situaci¨®n, a?aden estas fuentes, se iba a paliar con el nuevo sistema de retribuciones, pero, por distintas causas (diferencias de criterios en el Gabinete, reacciones del funcionariado, etc¨¦tera), su introducci¨®n se ha congelado hasta ahora. Ello explica, seg¨²n Econom¨ªa y Hacienda, el que en algunos casos se produzcan ahora incrementos salariales muy fuertes con respecto al ejercicio precedente, "pero no con respecto a lo que se cobraba por dichos cargos en 1982". En cuanto a los supuestos de clasificaciones injustas, Hacienda tiene previsto crear una comisi¨®n con los sindicatos y los gestores de cada ministerio para examinar y corregir en su caso estas situaciones.
De forma paralela, y con cierta discreci¨®n, Econom¨ªa y Hacienda ha elaborado una clasificaci¨®n de las empresas p¨²blicas en tres grupos y ha fijado unos topes orientativos de las dietas por asistencia a sus consejos de administraci¨®n.
En el primer grupo, donde pueden cobrarse dietas de hasta 90.000 pesetas (tope m¨¢ximo por mes), Econom¨ªa y Hacienda ha clasificado a 24 empresas y sociedades: Banco de Espa?a, Instituto de Cr¨¦dito Oficial, INH, INI, Renfe, Telef¨®nica, Baz¨¢n, ENASA, ENDASA, ENDESA, Santa Barbara, Astilleros Espa?oles, CASA Iberia, Seat, Alugasa, AHM, Hunosa, Tabacalera, Campsa, Banco Exterior, Butano y Enpetrol.
En el segundo grupo, donde pueden cobrarse dietas de hasta 70.000 pesetas, se han clasificado 31 empresas: toda la banca oficial y la Caja Postal, Infe, Adaro, Elcano, RTVE, Hispanoil, Enagas, Compa?¨ªa de Seguro de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n, Potasas, Trasatl¨¢ntica, Trasmediterr¨¢nea, Ence, Secoinsa, Auxini, Aviaco, Endiasa, Enfersa, Babcock Wilcox Ensa, Carboex, Musini, Astano, Initec, OESA, Ateinsa, Lesa y MTM. En el tercer grupo, donde pueden cobrarse dietas de hasta 50.000 pesetas, figuran todas las restantes empresas p¨²blicas.
Las dietas pueden cobrarse, de acuerdo con un decreto anterior a estas clasificaciones, con efectos retroactivos a agosto de 1984. Cada funcionario puede ocupar como m¨¢ximo dos consejos de administraci¨®n, y sus ingresos por concepto de dietas no pueden superar el 25% de su sueldo bruto o el 30% del mismo si pertenecen a la comisi¨®n directiva de las citadas sociedades. El 60% de los puestos ocupados por altos cargos de la Administraci¨®n en los consejos de empresas y sociedades p¨²blicas est¨¢n copados por representantes de Econom¨ªa y Hacienda e Industria. Este hecho, junto a la mayor retribuci¨®n en igualdad de cargos para los funcionarios de estos ministerios, ha provocado fuerte malestar entre altos responsables de otros departamentos que no s¨®lo cobran bastante menos que sus hom¨®logos, sino que tampoco cuentan con la posibilidad de consejos de administraci¨®n y dietas.
Los que m¨¢s ganan
Todos estos cambios han producido algunos saltos en las escalas retributivas. Desde el acceso de los socialistas al Gobierno se acord¨® que ning¨²n presidente de empresa p¨²blica cobrase m¨¢s que el presidente del Ejecutivo. Esta premisa, que en l¨ªneas generales se ha venido cumpliendo, puede quedar ahora incumplida en m¨²ltiples.Teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno percibe en 1985 7,7 millones de pesetas y sus ministros 6,8 millones de pesetas, la situaci¨®n es la siguiente:
El presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), seg¨²n fuentes del citado organismo, cobra nueve millones al a?o, los presidentes de las empresas del holding petrolero perciben ocho millones y los directores generales en torno a los 6,5 millones de promedio. A estas cantidades hay que a?adir los incentivos por resultaclos para los directivos del grupo, que en 1984 supusieron en promedio 1,25 millones de pesetas. Las dietas autorizadas por consejo pueden ascender hasta 90.000 pesetas mensuales, por lo que, de aprobarse estas cantidades m¨¢ximas, como est¨¢ ocurriendo en la mayor¨ªa de las empresas p¨²blicas, los citados directivos tendr¨ªan ingresos adicionales entre uno y dos millones de pesetas seg¨²n formen parte de uno o dos consejos de administraci¨®n.
En la banca oficial, los presidentes de las entidades vieron incrementado su sueldo anual en 1985 de 5,8 millones a 6,9 millones, seg¨²n fuentes del Instituto de Cr¨¦dito Oficial. Los directores generales cobran 6,2 millones. A estas cantidades hay que a?adir ingresos por dietas de consejo de administraci¨®n de empresas p¨²blicas de 70.000 pesetas, a dos consejos por directivo, que suponen otro mill¨®n y medio adicional por a?o. Es decir, que los presidentes de los bancos oficiales tienen tambi¨¦n ingresos superiores a los del presidente del Gobierno, y los directores generales superan a los ministros.
El presidente del Instituto Nacional de Industria, seg¨²n fuentes de esta instituci¨®n, cobra anualmente 7,7 millones de pesetas, y el vicepresidente, 6,6 millones. Ambos podr¨ªan incrementar por el cobro de dietas sustancialmente sus ingresos, de acuerdo con las directrices sobre evaluaci¨®n de asistencias a consejos de administraci¨®n. Algo similar ocurre con los presidentes de las empresas del grupo. Presidentes de algunas empresas del INI pueden cobrar en 1985 bastante m¨¢s dinero que el ministro de quien dependen, Carlos Solchaga. Algo parecido, al margen del INI, ocurre en Renfe, donde su presidente puede rebasar los emolumentos del ministro Bar¨®n (aqu¨ª las dietas del consejo de administraci¨®n se han incrementado en un 200%, seg¨²n fuentes sindicales, al pasar de 30.000 a 90.000 pesetas). Respecto al Banco de Espa?a, no se han podido conocer los emolumentos del gobernador y de los directores generales, siendo la ¨²nica instituci¨®n en la que se han negado estos datos a la opini¨®n p¨²blica.
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