Los m¨¦dicos, ante el aborto

El papel del m¨¦dico va a ser relevante en la pr¨¢ctica social que de la ley futura sobre interrupci¨®n del embarazo pueda hacerse en nuestro pa¨ªs. P¨²blicamente hay dos posturas muy decantadas: la de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (QMC), que ha hecho campa?a contra cualquier tipo de aborto y que lo prohibe en su c¨®digo deontol¨®gico (que adem¨¢s proh¨ªbe tambi¨¦n los medios m¨¢s ¨²tiles para evitarlo: vasectom¨ªa, ligadura de trompas, etc¨¦tera), y la de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica, que ha propugnado una ley m¨¢s amplia que la actual que asegure que los abortos, que inevitable mente van a realizarse, se hagan en condiciones sanitarias que no pongan en peligro la vida y la salud de las mujeres.As¨ª las cosas, ?qu¨¦ sabemos de la opini¨®n de la mayor¨ªa de los m¨¦dicos? Hay, varias encuestas que, aunque limitadas, pueden darnos una somera idea. En abril de 1983, la OMC realiz¨® una encuesta contestada por m¨¢s de 10.000 m¨¦dicos en la que el 47,5%. de los mismos admit¨ªa el aborto (el 17,5%, por razones sociales), declarando en la misma estar dispuesto a practicarlo el 19,7% en casos l¨ªmite y el 8,7% de acuerdo con las mujeres implicadas. Otra encuesta posterior realizada por el Colegio de M¨¦dicos de Barcelona se?alaba que el 56,2% de los encuestados estaba a favor del proyecto de ley (el 27,2% lo consideraba incluso muy restrictivo).

Parece, pues, que entre los m¨¦dicos, como entre la misma sociedad, hay no s¨®lo divisi¨®n de opiniones, sino incluso una mayor¨ªa favorable a la regulaci¨®n del aborto. Sin embargo, hay que hacer dos puntualizaciones: la mayor¨ªa de los proabortistas es precisamente m¨¦dicos j¨®venes (en la segunda encuesta los favorables al aborto eran el 75% entre los menores de 33 a?os), muchos de los cuales se encuentran en paro y, por tanto, lejos de poder tomar opciones reales en este caso, y, adem¨¢s, el porcentaje de ginec¨®logos favorables al aborto es menor que en otros grupos de m¨¦dicos (el 26,62% en la segunda encuesta).

La opini¨®n de los m¨¦dicos, y especialmente la de los ginec¨®logos, puede ser un hecho de enorme importancia pr¨¢ctica a la hora de arbitrar medidas concretas para la aplicaci¨®n de esta ley, y adem¨¢s se introduce un nuevo problema: la objeci¨®n de conciencia.

Parece perfectamente l¨®gico que, de acuerdo con la propia Constituci¨®n espa?ola, aquellos m¨¦dicos que hoy desempe?an sus funciones en los centros p¨²blicos puedan negarse a realizar abortos. Pero tambi¨¦n lo es que deben realizarse listas de objetores que impidan que quien aduce esta objeci¨®n en la pr¨¢ctica p¨²blica pueda realizarla en la medicina privada (caso que, por ejemplo, ha sucedido con cierta frecuencia en Italia), y, adem¨¢s, que no se pongan impedimentos en los centros p¨²blicos a que aquellos que libre y voluntariamente quieran prestarse a realizar este tipo de intervenciones puedan realizarlo sin ning¨²n tipo, de trabas.

En un futuro, y si fuera preciso crear un dispositivo asistencial propio para atender esta problem¨¢tica, podr¨ªa incorporarse al ingreso un condicionante a realizar abortos (como ya sucede en el Reino Unido), y que no ser¨ªa inconstitucional en la medida que no lo es, por ejemplo, el que la Iglesia les exija a sus sacerdotes el ser cat¨®licos.

En cualquier caso, las listas de objetores deber¨ªan renovarse con una cierta periodicidad (uno o dos a?os), de manera que se permitieran los razonables cambios de opini¨®n.

En estas condiciones, puede asegurarse que el dispositivo sanitario p¨²blico de este pa¨ªs puede hacerse cargo de inmediato de las necesidades asistenciales que plantear¨ªan los tres supuestos de despenalizaci¨®n, ya que su n¨²mero es reducido (se calculan de 3.000 a 5.000 casos al a?o). Y, l¨®gicamente, deber¨ªa introducirse como una prestaci¨®n m¨¢s y, por tanto, gratuita de la Seguridad Social. Si se ampliaran los supuestos de la ley, habr¨ªa que plantearse un per¨ªodo transitorio para conseguir una adecuaci¨®n de los medios sanitarios, pero puede afirmarse que en tres o cuatro a?os acabar¨ªa la necesidad de que las espa?olas tuvieran que desplazarse fuera de nuestras fronteras para tratar de evitar lo que es la mayor causa de mortalidad de las mujeres f¨¦rtiles de nuestro pa¨ªs: el aborto clandestino.