La locura como amenaza

ESTA SOCIEDAD no sabe qu¨¦ hacer con sus enfermos mentales. El suceso de Alcal¨¢ de Henares (Madrid) -ver EL PAIS de 28 de junio-, donde un diagnosticado de oligofrenia ha matado a tres personas de su familia, -es la muestra aguda de una carencia que sobrepasa la de los medios materiales y entra en el terreno de una filosof¨ªa social confusa. Se ha salido de una etapa en la que los manicomios eran casas de terror y se practicaba una medicina punitiva, en la que el internamiento, en muchos casos, era injustificado, para entrar en otra en la que se abusa del concepto de libertad y respeto a la conciencia del otro. A partir de la gran oleada de la antipsiquiatr¨ªa de los a?os sesenta y de la difusi¨®n de terapias blandas -los grupos, el psicoan¨¢lisis-, una corriente de pensamiento se ha manifestado en el sentido de que la acusaci¨®n de locura es una forma de represi¨®n pol¨ªtica y social sobre formas libres de pensamiento ajeno a las instituciones; la pr¨¢ctica psiqui¨¢trica que se ha denunciado en la Uni¨®n Sovi¨¦tica ha ayudado a esta concepcion.Hoy, en Espa?a, predomina la teor¨ªa del tratamiento en r¨¦gimen abierto y el derecho a la libertad del enfermo mental. Falta una verdadera definici¨®n de lo que es el enfermo mental y un raya que determine hasta qu¨¦ punto la enfermedad es peligrosa para quien la tiene y para sus pr¨®ximos, y hasta qu¨¦ otro es una manifestaci¨®n exagerada de criterios inusuales. En muchos establecimientos se aplican tratamientos a enfermos con horarios de salida, los cuales pueden mezclar perfectamente ese tratamiento con el uso de alcohol, aun en peque?as cantidades, con resultados que la farmacolog¨ªa y la medicina consideran imprevisibles. Hay casos en los que enfermos recuperables carecen de tratamiento necesario porque lo rechazan, y m¨¦dicos y familiares respetan su voluntad. Los jueces vacilan hoy mucho en determinar un internamiento, e incluso en privar de derechos civiles a los enfermos, aun con diagn¨®sticos claros, precisamente como reacci¨®n a ¨¦pocas anteriores en las que estas medidas se tomaban como castigo a una conducta reprobable por la sociedad o al escamoteo de bienes y propiedades. La polic¨ªa no suele intervenir si no hay sangre; muchas veces incluso defiende la libertad del enfermo frente al deseo de retenci¨®n expresado por las familias.

La Seguridad Social no suele reconocer los trastornos mentales como verdaderas enfermedades, y lo mismo pasa con entidades privadas de seguros m¨¦dicos. Una tendencia a abaratar los gastos influye en estas medidas. Por otra parte, muchos sanitarios tienden a cargar la conciencia de los familiares acerca de la necesidad de mantener consigo al enfermo mental, lo cual puede bloquear familias y hogares con una vigilancia para la que no est¨¢n preparados, y obligarles a suspender tratamientos que son imprescindibles. Es l¨®gico que en torno a esta situaci¨®n crezca una picaresca de supuestos psiquiatras, de pr¨¢cticas dudosas, y de enfermeros y sanitarios a los que no se puede confundir con los especialistas de conciencia limpia.

Una mezcla de ideolog¨ªas libertar¨ªas, pasados aterradores, burocracia sanitaria, pudores sociales, intereses, miedo a la toma de decisiones, mezcla de ideas mal divulgadas en torno a la droga o al alcohol, juicios pol¨ªticos y de la sociedad con respecto a comportamientos at¨ªpicos, est¨¢ falseando la situaci¨®n. Como en tantas cosas, el paso de una sociedad represiva a una sociedad tolerante y abierta, tan deseable, est¨¢ creando equ¨ªvocos que se convierten en peligrosos. La triple muerte de Alcal¨¢ de Henares, en la que parece mezclarse un tratamiento, un internamiento terminado prematuramente y el uso del alcohol, llama la atenci¨®n sobre la necesidad de que psiquiatras, legisladores, autoridades sanitarias y familiares de enfermos mentales lleguen a unas definiciones suficientes y a la adopci¨®n de unas medidas de protecci¨®n de los enfermos y de la sociedad.