Por un control de la exportaci¨®n de armas

La industria b¨¦lica, que puede aparecer como una fuente de ingresos en la exportaci¨®n de armas, en realidad fomenta el paro. ?sta es la tesis de arranque de la argumentaci¨®n de los articulistas, que propugnan una legislaci¨®n sobre industria de armamentos que controle estrictamente que no se exporte armamento a Gobiernos que violan los derechos humanos, que no se vendan armas ni se transfiera tecnolog¨ªa b¨¦lica a zonas de guerra actual o potencial y que exista una mayor transparencia en las operaciones ante la opini¨®n p¨²blica.

Existen dos puntos de vista para considerar la exportaci¨®n de armas. Uno es verla como una fuente de ingresos para el pa¨ªs y una v¨ªa para mantener 3, crear empleo; en definitiva, una pieza clave del crecimiento econ¨®mico. Otro es tener en cuenta que los efectos econ¨®micos que causa a medio y largo plazo en las estructuras econ¨®micas, tanto del pa¨ªs exportador como del comprador, son negativos.Numerosos estudios llevados a cabo en el marco de las Naciones Unidas y otros como el de la Comisi¨®n Independiente sobre Asuntos del Desarme y Seguridad, presidida por Olof Palme, indican que la industria b¨¦lica, en general, fomenta el paro, dado que la misma cantidad de dinero invertida en otros sectores de la econom¨ªa genera m¨¢s empleo y desarrollo. Paralelamente, la industria de las armas produce serios desequilibrios econ¨®micos al acelerar la inflaci¨®n, competir con otros campos de la industria civil y desviar recursos de la investigaci¨®n y el desarrollo, pervirtiendo el papel de la ciencia. Inga Thorsson, presidenta del Grupo de Expertos sobre Desarme y Desarrollo de la ONU y subsecretaria de Defensa del Gobierno sueco, considera que "los desembolsos militares se incluyen, por definici¨®n, en la categor¨ªa de consumo y no en la de inversi¨®n. A consecuencia de ello, unos gastos militares constantemente altos o en ampliaci¨®n tienden a contraer el crecimiento econ¨®mico".

Otra conclusi¨®n que se extrae de estos informes es que los pa¨ªses -especialmente si pertenecencen al llamado Tercer Mundo- destinan a la adquisici¨®n de armas cada vez m¨¢s fondos que necesitan urgentemente para solucionar problemas como el hambre, la falta de viviendas y la creaci¨®n de una infraestructura econ¨®mica que permita satisfacer las necesidades m¨ªnimas de las poblaciones. M¨¢s de la mitad del presupuesto del Estado etiope, por ejemplo, se destina a defensa, mientras que cada d¨ªa mueren centenares de personas por falta de alimentos. Por otro lado, las transferencias de armas y tecnolog¨ªa agravan el problema financiero internacional de la deuda externa, uno de los m¨¢s graves de nuestra ¨¦poca. El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI) calcula que alrededor de la cuarta parte de los cr¨¦ditos contratados por el Tercer Mundo se debe a importaci¨®n de alta tecnolog¨ªa b¨¦lica. Hay que se?alar, adem¨¢s, que las armas que se exportan -especialmente las ligeras- al Tercer Mundo son utilizadas para la represi¨®n interior.

Coordenadas peligrosas

A estas consideraciones hay que a?adir el marco moral: si exportar armas resulta de por s¨ª cuestionable, venderlas a Gobiernos dictatoriales o pa¨ªses en ¨¢reas de conflicto deber¨ªa resultar condenable, m¨¢s a¨²n en una ¨¦poca en la que se cruzan las coordenadas de un material b¨¦lico cada vez m¨¢s sofisticado con una mayor internacionalizaci¨®n de las crisis (por ejemplo, en Oriente Medio), las posibilidades de que una guerra localizada escale a un conflicto que implique a las potencias nucleares, la venta de armas resulta un acto irresponsable.

Espa?a export¨® armamento -en especial, explosivos, municiones y ca?ones- por un valor aproximado a los 100.000 millones de pesetas en 1984. El Gobierno ha estimulado en los ¨²ltimos a?os las transferencias de tecnolog¨ªa b¨¦lica y manifestado su voluntad de competir en el mercado internacional de armamento con materiales m¨¢s complejos, como por ejemplo misiles. Conviene recordar en este punto que la mayor parte de la industria b¨¦lica espa?ola est¨¢ controlada por el Instituto Nacional de Industria (INI), y que el 9% de las exportaciones proviene, por tanto, de empresas estatales. Por otra parte, informaciones aparecidas en este peri¨®dico (v¨¦ase EL PAIS del 7 de abril de 1984 y 15 de julio de 1984, entre otros) permiten deducir el car¨¢cter mafioso e flegal de un sector de la exportaci¨®n que maneja el secreto como prioridad. Pese a que se exija un certificado de ¨²ltimo destino de las armas, el mercado internacional de armas es lo suficientemente negro e ilegal como para saltarse las normas. El 7 de abril de 1984 EL PAIS nos informaba que "la mayor empresa exportadora (de armas espa?olas) es casi una desconocida para el EJecutivo". ?ste es un ejemplo de un fen¨®meno muy conocido en otros pa¨ªses, y no debe sorprender que acompa?e al est¨ªmulo oficial a la venta de armamentos.

Entre los clientes de armas espa?olas se encuentran Chile, Per¨², Marruecos, Irak, Libia, Indonesia, Sur¨¢frica, Paraguay, Jordania, Argentina y Egipto, pa¨ªses muchos de ellos regidos por Gobiernos que violan sistem¨¢ticamente los derechos humanos o est¨¢n en zonas de conflicto. En fecha pr¨®xima el Gobierno regular¨¢ el comercio de armas a trav¨¦s de un real decreto. Es necesario que la nueva legislaci¨®n cumpla, como m¨ªnimo, estos requisitos:

a) Que controle estrictamente que no se exporte armamento a Gobiernos que violan los derechos humanos.

b) Que no se vendan armas ni se transfiera tecnolog¨ªa b¨¦lica a zonas de guerra actual o potencial.

c) Que exista una mayor transparencia en las operaciones de cara a la opini¨®n p¨²blica.

?stos son pasos anteriores a otros muy necesarios, como son el gravar con mayores impuestos las exportaciones de armas (como recomienda el Informe Brandt) y el iniciar un estudio en profundidad en vistas a reconvertir la industria b¨¦lica en civil -como un paso efectivo hacia el desarme-, tal como lo recomend¨® a todos los pa¨ªses del mundo la ONU en 1982. El aporte y el ejemplo espa?ol ser¨ªan muy importantes.

Carmen Sacrist¨¢n y Luis Otero son miembros de la junta directiva de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos. Mariano Aguirre forma parte del Grupo de Desarme de dicha asociaci¨®n.