La polic¨ªa pedir¨¢ que el juez archive la causa sobre el espionaje, y Alianza Popular, que contin¨²e las diligencias

La Direcci¨®n de la Polic¨ªa solicitar¨¢ a Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, juez instructor de la causa sobre el espionaje pol¨ªtico, que archive las diligencias. Seg¨²n Luis S¨¢nchez Movell¨¢n, abogado de la polic¨ªa, "no existen indicios de responsabilidad contra nadie, seg¨²n se desprende del auto del Tribunal Supremo". Representantes legales de Alianza Popular, como parte querellante, pedir¨¢n al juez que contin¨²e las investigaciones, porque entienden que s¨ª hay sospechas de responsabilidad en mandos policiales y altos cargos de la Administraci¨®n.

Tanto los representantes de AP como los de la polic¨ªa hicieron estos comentarios a mediod¨ªa de ayer, poco despu¨¦s de que el juez instructor les comunicara que ya hab¨ªa recibido oficialmente el auto del Tribunal Supremo que exime de responsabilidad al Gobierno. Asimismo, les indic¨® que pensaba trasladarlo inmediatamente a las partes.La primera en recibirlo fue AP, a primera hora de la tarde. A partir de ese momento, el citado partido dispone de un plazo m¨¢ximo de 10 d¨ªas para comunicar por escrito al juez instructor el camino jur¨ªdico que en opini¨®n de los querellantes debe seguirse.

No agotar¨¢n el plazo

Fuentes de AP se?alaron que este partido no agotar¨¢ el plazo de 10 d¨ªas h¨¢biles para enviar el informe, sino que lo har¨¢ a lo largo de la pr¨®xima semana. Una vez que conteste AP, la Direcci¨®n de la Polic¨ªa dispondr¨¢ de otro plazo de 10 d¨ªas para comunicar sus intenciones al juez instructor, y finalmente ocurrir¨¢ lo propio con el fiscal de la causa, Carlos Ladr¨®n de Cegama, si de finitivamente contin¨²a actuando en ella, puesto que cabe la posibilidad de que sea sustituido por otro tras haber presentado su renuncia a seguir en el caso. Ni el juez ni el fiscal se refirieron durante la jornada de ayer a la posibilidad de sustituci¨®n de Ladr¨®n de Cegama. El primero dijo que desconoc¨ªa la situaci¨®n en que se encontraba el fiscal, mientras que ¨¦ste prefiri¨® abstenerse de hacer comentario alguno al respecto. Para el abogado de la polic¨ªa, Luis S¨¢nchez Movell¨¢n, el auto del Tribunal Supremo "deja claro" que no hay indicios racionales de responsabilidad en el Gobierno, por lo que tampoco debe haberlos entre los funcionarios subordinados.Por su parte, el juez instructor se limit¨® a comentar a los periodistas que una vez recibidos los informes de las partes tomar¨¢ una decisi¨®n sobre el caso. En fuentes judiciales se estima que el magistrado no adoptar¨¢ una determinaci¨®n concreta hasta octubre.

En estos medios se cree que V¨¢zquez Honrubia ampliar¨¢ entonces alguna de sus investigaciones y, posteriormente, puesto que ya comunic¨® al Tribunal Supremo que en su opini¨®n tambi¨¦n hab¨ªa indicios de responsabilidad en altos cargos policiales -cuyo procesamiento corresponde a la Audiencia Provincial- enviar¨¢ el sumario a esta instancia.

Por otro lado, el abogado Jos¨¦ Luis N¨²?ez, en representaci¨®n del Partido Comunista de Espa?a, se entrevist¨® ayer con V¨¢zquez Honrubia para conocer el tr¨¢mite en que se encuentra la querella que tambi¨¦n interpuso esa organizaci¨®n pol¨ªtica contra los responsables de realizar espionaje pol¨ªtico de este partido.

N¨²?ez se?al¨® que en su opini¨®n la querella comunista quedar¨¢ finalmente unida a la que con anterioridad present¨® AP. El abogado del partido comunista manifest¨® que entre las peticiones propuestas al juez en la querella figura que el magistrado intervenga nuevamente los archivos policiales de la Brigada de Interior o de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, para que adjunten al sumario todos los informes que pueda haber all¨ª sobre el PCE. V¨¢zquez Honrubia ya se llev¨® de la Brigada de Interior 180 informes policiales sobre actividades de AP, que fueron a?adidos al sumario.

Tras la intervenci¨®n de V¨¢zquez Honrubia en la Brigada de Interior, fuentes gubernamentales se?alaron que, por los m¨¦todos adecuados, el Gobierno impedir¨¢ que los jueces efect¨²en nuevas intervenciones en los archivos de los servicios de informaci¨®n, hecho que origin¨® un fuerte malestar en los ¨¢mbitos judiciales.

Para N¨²?ez, a estas alturas ya est¨¢ probado que la polic¨ªa, como ha reconocido su propio director general, Rafael del R¨ªo, realiza investigaciones sobre partidos pol¨ªticos. "Ahora", dice N¨²?ez, "lo importante es que los jueces digan si eso es legal o no, con independencia de si se re¨²nen o no pruebas contra el vicepresidente del Gobierno o contra alg¨²n ministro".

Es probable que parte de las nuevas diligencias que efect¨²e V¨¢zquez Honrubia se refieran precisamente a peticiones del PCE, que en principio incluir¨¢n alg¨²n careo entre polic¨ªas y periodistas.

Igualmente, el PCE est¨¢ preparando una propuesta parlamentaria para despu¨¦s del verano, con el fin de que las Cortes elaboren una ley sobre los l¨ªmites de los servicios policiales de ¨ªnformaci¨®n.