La Audiencia Nacional absuelve a tres personas que pagaban el 'impuesto revolucionario'
Tres personas que pagaban la extorsi¨®n denominada impuesto revolucionario fueron juzgadas a puerta cerrada y absueltas por la Audiencia Nacional durante el presente a?o judicial, seg¨²n informaron fuentes jur¨ªdicas competentes. Estas decisiones de la Audiencia han sido conocidas a ra¨ªz de la pol¨¦mica surgida por la decisi¨®n del magistrado Luis Lerga de no procesar por delito monetario a la esposa del secuestrado por ETA Diego Prado y Col¨®n de Carvajal, por aplicaci¨®n de la eximente de actuar por estado de necesidad. El juez ha manifestado que obr¨® en conciencia.
Se desconocen otros datos relativos a los juicios de estas personas que pagaban el impuesto revolucionario, aunque presumiblemente el delito por el que estaban acusados los tres extorsionados era delito monetario, ya que se trataba de una evasi¨®n de divisas. La Audiencia estim¨® una eximente que podr¨ªa ser la de actuar con miedo insuperable o en estado de necesidad.En medios jur¨ªdicos existen opiniones encontradas sobre la procedencia o improcedencia de la decisi¨®n adoptada por el juez Lerga de exculpar por "estado de necesidad" a la esposa de Diego Prado en el caso Palaz¨®n. Un sector -en el que figuran abogados de Comisiones Obreras, el profesor de Derecho Penal Luis Arroyo y el ex presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano- critica la resoluci¨®n fundamentalmente por un problema procesal, pues, en su opini¨®n, deb¨ªa ser un tribunal y no el juez instructor quien decidiera la cuesti¨®n, aunque considera razonable o coherente la valoraci¨®n de la conducta de la esposa de Diego Prado como estado de necesidad.
Este grupo entiende que el magistrado se ha convertido en juez y parte al aplicar la eximente a la esposa de Diego Prado, y que el relato de los hechos seg¨²n consta en el auto del magistrado es muy inconcreto, lo que hace que la decisi¨®n del juez sea muy arriesgada.
Decisi¨®n progresista
Otras fuentes judiciales, que prefieren mantener el anonimato, se?alan que la decisi¨®n del juez es muy importante, progresista, pr¨®xima al ciudadano, y responde al principio de hacer una justicia r¨¢pida.
Al margen del problema procesal que pueda plantear la decisi¨®n del juez Lerga, parece que las tres sentencias de la Audiencia Nacional sobre el impuesto revolucionario corroboran la decisi¨®n del magistrado. En medios jur¨ªdicos se subraya que la situaci¨®n creada por un secuestro es en principio m¨¢s grave que la que puede plantear una extorsi¨®n, como es el impuesto revolucionario, en la que existe una amenaza pero no se ha llegado a la situaci¨®n de privaci¨®n de libertad.
Por su parte, el juez Lerga manifiesta que la decisi¨®n adoptada hab¨ªa sido muy meditada y que efectivamente hab¨ªa encontrado "una pega en que la apreciaci¨®n de atenuantes es competencia de la sala, no del instructor"; sin embargo, el juez a?ade: "Cuando se trata de un delito prescrito, me parece absurdo esperar, y adem¨¢s en este caso me parece desprovisto de causa moral el procesar".
Luis Lerga precisa que si la esposa de Diego Prado hubiera pretendido ocultar la entrega del dinero a Palaz¨®n bastar¨ªa con que no lo hubiese declarado, ya que no existe ninguna constancia documental de la operaci¨®n.
Actuar en conciencia
El juez a?ade que no ignoraba que la decisi¨®n adoptada pod¨ªa molestar a alguien, y agrega: "Responde a mi conciencia y debe conectar con la conciencia del hombre de la calle. Yo no pod¨ªa dictar otro tipo de resoluci¨®n, porque creo que la ley debe estar al servicio de los hombres, no los hombres al servicio de la ley. Lo m¨¢s f¨¢cil para m¨ª era meter a todo el mundo en la c¨¢rcel, pero no habr¨ªa sido justo".
La voluntad del Gobierno socialista de impedir o dificultar la financiaci¨®n de organizaciones terroristas mediante el sistema de no favorecer el pago de rescates o del impuesto revolucionario, a que han hecho referencia algunas fuentes jur¨ªdicas, se puso de manifiesto en un comunicado del Ministerio del Interior de enero de 1983 en el que anunciaba la adopci¨®n de una serie de medidas. Sin embargo, estas medidas no llegaron a concretarse nunca por su dif¨ªcil encaje en la legislaci¨®n.
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