Atasco en los juzgados

EL A?O judicial 1985-1986 estar¨¢ dominado en buena medida por la entrada en vigor de la nueva ley org¨¢nica del Poder Judicial. Aunque los sectores conservadores centraron casi exclusivamente sus cr¨ªticas a la ley en la designaci¨®n parlamentaria de los miembros del Consejo General, la puesta en pr¨¢ctica de la reforma judicial incidir¨¢ en la existencia cotidiana de los ciudadanos de muy distinta forma. Para poner s¨®lo dos ejemplos, la desaparici¨®n de la justicia de distrito en la v¨ªa penal y la creaci¨®n de los juzgados de lo contencioso-administrativo constituyen experiencias importantes. Si la ley del Jurado fuese aprobada durante la presente legislatura, su aplicaci¨®n introducir¨ªa tambi¨¦n importantes alteraciones en el panorama de la administraci¨®n de la justicia durante el a?o venidero.Mirando hacia el inmediato pasado, las memorias del fiscal general del Estado y del Consejo General contienen datos y reflexiones en torno a la situaci¨®n de la justicia en Espa?a que muestran claramente la necesidad de la reforma iniciada con la nueva ley org¨¢nica del Poder Judicial. Las dos memorias parten, sin embargo, de supuestos y escalas de valores muy diferentes. Mientras el informe de la Fiscal¨ªa adopta unenfoque cr¨ªtico y se?ala las insuficiencias de nuestra anquilosada e ineficiente administraci¨®n de justicia, el documento del Consejo General tiene un tono defensivo y endosa la mayor¨ªa de los problemas existentes a la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias.

En la Memoria del fiscal general destaca la espectacular diferencia existente entre los 1.236.745 procedimientos penales iniciados en 1984 y las 91.526 sentencias dictadas por los tribunales durante el mismo per¨ªodo. Bur¨®n Barba considera con raz¨®n que esa brecha resulta "verdaderamente escandalosa" muestra "unos ¨ªndices y de impunidad alarmantes". Singular inter¨¦s, reviste el dato de que de las 806.546 diligencias previas archivadas durante 1984, unas 680.000 lo fueran por la incapacidad de los servicios policiales para descubrir a los autores de los delitos. La artificiosa tentativa de endosar a las reformas legales de 1983 el aumento de la criminalidad tropieza con la terca realidad de ese alt¨ªsimo porcentaje de delitos sin autor por la ineficiencia de las pesquisas policiales. Y aunque la contrarreforma de la prisi¨®n preventiva y la libertad provisional haya aumentado en un 50% la poblaci¨®n reclusa, las causas penales han seguido aumentando.

Por lo dem¨¢s, el desfase entre los procedimientos en curso y los juicios celebrados muestra la desesperante lentitud y el monumental atasco de las instituciones judiciales. Al Consejo General del Poder Judicial, ¨®rgano de gobierno de la magistratura, que ser¨¢ elegido por el Parlamento en su totalidad por primera vez en octubre, le corresponde una singular responsabilidad a la hora de poner remedio a este estado de cosas. Porque entre sus competencias figura la inspecci¨®n de los juzgados y tribunales, las medidas para racionalizar la administraci¨®n de la justicia, la adopci¨®n de medidas disciplinarias y la fijaci¨®n de pautas m¨ªnimas de rendimiento.

La Memoria del fiscal general del Estado incluye un estudio acerca de la evoluci¨®n de la delincuencia en Espa?a durante 1984 y de las caracter¨ªsticas de algunas nuevas formas de comportamiento criminal. Aunque los procedimientos penales iniciados en 1984 representan un porcentaje de aumento sobre 1983 inferior al registrado en la Memoria del a?o pasado respecto a 1982 y muy semejante a los promedios del quinquenio 1975-1980, los consuelos estad¨ªsticos no sirven para aliviar a las v¨ªctimas de los atropellos.

El fiscal general se?ala algunas de las claves de ese aumento de las conductas criminales, tendencia que no se circunscribe a nuestras fronteras ni puede correlacionarse con las estructuras democr¨¢ticas o con la ideolog¨ªa de los partidos que ocupan el Gobierno. Se trata de "verdaderas corrientes sociales que van desde el h¨¢bito de consumo de sustancias t¨®xicas o estupefacientes a las grandes defraudaciones en el mundo de los negocios, pasando por la criminalidad com¨²n profesionalizada (hurtos y robos como modos de vida) y por la violencia organizada". Por lo dem¨¢s, s¨®lo la investigaci¨®n de la naturaleza de la criminalidad contempor¨¢nea permitir¨¢ encontrar "la l¨ªnea de equilibrio ¨®ptimo entre la cantidad de criminalizaci¨®n y las incitaciones a la permisividad". Y para ello ser¨¢ preciso "comprometer a la sociedad entera en la articulaci¨®n del sistema penal", ¨²nica forma de que la administraci¨®n de la justicia de un r¨¦gimen democr¨¢tico no pierda pie en el suelo social y sea aceptada, comprendida y respaldada por todos los ciudadanos.