La errata misteriosa

DURANTE EL coloquio convocado la semana pasada por La clave para discutir el proyecto de ley de polic¨ªa, la representante del Ministerio del Interior descalific¨® a los dem¨¢s invitados -entre los que figuraban un magistrado, un profesor de Universidad, el secretario del Sindicato Profesional de la Polic¨ªa y el inspector jefe de la Guardia Urbana de Barcelona- con el argumento de que sus contrincantes no hab¨ªan le¨ªdo el texto sometido a debate. El aire de chapuza que rodea a un proyecto cuya gestaci¨®n ha durado casi tres a?os queda confirmado por la inveros¨ªmil errata que campaba en el proyecto de ley oficialmente difundido por el Gobierno y que ha sido posteriormente rectificada en la versi¨®n publicada por el Bolet¨ªn Ofic?al del Congreso.En su primitiva redacci¨®n, el proyecto atribu¨ªa a la Guardia Civil, entre otras reforzadas competencias, el desempe?o de las funciones "encaminadas a evitar y perseguir el fraude fiscal y el contrabando en el territorio nacional y su mar territorial". En el texto del Bolet¨ªn Oficial del Congreso esa frase se mantiene en su integridad, sin otra salvedad que la eliminaci¨®n del adjetivo fical. Seg¨²n han explicado fuentes del Ministerio del Interior, la inclusi¨®n del t¨¦rmino ahora suprimido se debi¨® a una errata, equivocaci¨®n material usualmente asociada, sin embargo, no con la agregaci¨®n de palabras a un texto, sino con su incorrecta transcripci¨®n. Cabr¨ªa preguntarse, entonces, si esa interpolaci¨®n figuraba en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. Renunciando a las interrogaciones ret¨®ricas, el sentido com¨²n dar¨ªa por descontado que la famosa errata no es sino un procedimiento para rectificar uno de los errores pol¨ªticos y t¨¦cnico-jur¨ªdicos que salpican el proyecto elaborado por el Ministerio del Interior.

La forma pol¨ªticamente m¨¢s eficaz de reconocer la pifia perpetrada por el Ministerio del Interior al conceder a la Guardia Civil la prevenci¨®n y la persecuci¨®n del fraude fiscal hubiera sido promover una enmienda de su grupo parlamentario. Pero este Gobierno, salvo raras excepciones, y el Ministerio del Interior en particular, tienen a gala no reconocer sus errores. El resultado de esta pr¨¢ctica pol¨ªtica conduce a que la nueva redacci¨®n, purgada de la supuesta errata, conceder¨ªa a la Guardia Civil competencias ilimitadas en todo el ¨¢mbito nacional sobre pr¨¢cticamente cualquier materia, convirtiendo en ficticia la especializaci¨®n territorial que reservaba al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa la seguridad de las ciudades y a la Benem¨¦rita la vigilancia de las zonas rurales. En efecto, la nueva funci¨®n de "evitar y perseguir el fraude" en todo el territorio nacional habilitar¨ªa a la Guardia Civil para intervenir por doquier, ya que el t¨¦rmino fraude, despojado de calificaciones delimitadoras, es un concepto tan indeterminado y vasto que la Real Academia lo define como "enga?o, inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o prepara un da?o, generalmente material".

El descubrimiento de la Guardia Civil por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez le ha llevado no s¨®lo a renunciar a sus antiguos proyectos de reforma del cuerpo (incompatibles con su dependencia del Ministerio de Defensa y con su Estado Mayor, creado por el franquismo), sino tambi¨¦n a extender sus competencias mas all¨¢ de las establecidas por la ley de Polic¨ªa de 1978 y de las que les fueron encomendadas por los ministros del Interior de los Gobiernos centristas. Al definir a la Guardia Civil como un "instituto armado de naturaleza militar" incluido entre los cuerpos de seguridad y como una "fuerza armada" en el cumplimiento de misiones militares, y al predicar su doble dependencia te¨®rica -garant¨ªa de su autonom¨ªa pr¨¢ctica- del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, el proyecto de ley cancela la distinci¨®n establecida por la Constituci¨®n entre las Fuerzas Armadas (definidas en el art¨ªculo 8) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (regulados por el art¨ªculo 104). Los socialistas pierden as¨ª la ocasi¨®n hist¨®rica de sentar las bases legales para la unificaci¨®n de las fuerzas de polic¨ªa al mando del Ministerio del Interior y renuevan la lamentable confusi¨®n -dudosamente constitucional- sobre la h¨ªbrida naturaleza jur¨ªdica de la Guardia Civil, a caballo entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad.