El fantasma de la caza de brujas

La distribuci¨®n del formulario MS1-O2, del Ministerio de Defensa, entre los trabajadores de empresas civiles del Instituto Nacional de Industria, seg¨²n la respuesta del Gobierno al diputado comunista P¨¦rez Royo, se ha hecho al amparo de la legislaci¨®n sobre secretos oficiales (ley de 5 de junio de 1978 y ley de 5 de octubre de 1978), que "limita el conocimiento de las materias clasificadas a las personas debidamente facultadas para ello". Y lo ¨²nico que pretende el cuestionario, seg¨²n la citada respuesta, "es conocer con fehaciencia a las personas que manejan estos conocimientos protegidos legalmente, y de ah¨ª que se requieran en ocasiones datos que afectan a su vida, pero que no est¨¢n jam¨¢s obligados a cumplimentar".Estas explicaciones no son suficientes para tranquilizar a los trabajadores, seg¨²n Comisiones Obreras, que teme que estos cuestionarios abran la puerta, bajo el pretexto de la seguridad nacional, a investigaciones anticonstitucionales sobre la vida privada y la ideolog¨ªa que condicionen las perspectivas de promoci¨®n y de estabilidad en el empleo de amplios colectivos de izquierdas. Esta preocupaci¨®n enlaza con la creencia de que en determinadas empresas de multinacionales norteamericanas, como es el caso de la futura f¨¢brica madrile?a de semiconductores de AT&T, se va a imponer un sofisticado y pr¨¢cticamente indemostrable veto a la contrataci¨®n de comunistas o de personas que, al margen de lo ideol¨®gico, no se ajusten en su vida privada a los c¨¢nones de comportamiento mayoritarios. La reciente pregunta de un diputado aliancista al Gobierno sobre la presencia de militantes del Partido Comunista de Ignacio Gallego en un comit¨¦ de empresa de una industria aeron¨¢utica espa?ola y sobre qu¨¦ medidas va a adoptar el Ejecutivo ante este hecho avala estos temores.

La compra de avanzados sistemas de armas a distintos pa¨ªses en los ¨²ltimos a?os y la participaci¨®n en programas de cofabricaci¨®n, junto con la incorporaci¨®n a la OTAN, ha dado pie para el establecimiento de complejos sistemas de seguridad en numerosas industrias espa?olas relacionadas con estas actividades. Muchos de estos planes de seguridad est¨¢n calcados de los vigentes en Estados Unidos para la protecci¨®n de instalaciones nucleares, y las exigencias de control de las tecnolog¨ªas por parte del Ministerio de Defensa a las empresas espa?olas se han multiplicado en los ¨²ltimos meses. Las presiones de Estados Unidos para que Espa?a se incorporara al COCOM (organismo internacional que contrala las exportaciones de tecnolog¨ªa a pa¨ªses del Este), como ha realizado recientemente, pese a los informes negativos que en un primer momento realiz¨® Asuntos Exteriores (p¨¦rdida de soberan¨ªa, sometimiento a legislaciones extranjeras, entorpecimiento a las relaciones con Cuba y algunos pa¨ªses ¨¢rabes), refuerzan esta tendencia.

Fuentes jur¨ªdicas estiman que la impugnaci¨®n del pol¨¦mico formulario puede hacerse de acuerdo con la Ley 62/1978, sobre Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, as¨ª como, en su caso, mediante recurso de amparo y a trav¨¦s del Defensor del Pueblo. Este ¨²ltimo, consultado sobre estos hechos, ha manifestado "que no aprecia posibilidad de recurso de inconstitucionalidad en el momento actual, y que, en cuanto al procedimiento contencioso-administrativo, queda fuera de su competencia".