La Junta de Andaluc¨ªa expropia el uso de 12 de las 95 grandes fincas donde se aplica la reforma agraria

La Junta de Andaluc¨ªa dio ayer luz verde al primer decreto de actuaci¨®n sobre fincas que aplica la ley regional de reforma agraria aprobada en noviembre de 1984. El decreto dispone la expropiaci¨®n de uso -lo que viene a ser un arrendamiento forzoso- de 12 de las 95 grandes fincas donde se aplica la reforma, que suman 47.092 hect¨¢reas. De esas 95 fincas, otras 44 deber¨¢n aplicar forzosamente un plan de mejora y 27 sufrir¨¢n un impuesto por baja explotaci¨®n. La explotaci¨®n de las 12 restantes es considerada ¨®ptima. Al mismo tiempo se aprob¨® un plan de inversiones en la misma comarca por valor de 5.918 millones de pesetas.

Los propietarios expropiados en el uso de sus fincas pueden recobrar el usufructo de las mismas al cabo de 12 a?os, pero tendr¨¢n que pagar las mejoras realizadas en ese intervalo. La ley de Reforma Agraria andaluza se basa en este caso en lo dispuesto en la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, que fue aprobada durante el mandato de UCD. Los afectados por la expropiaci¨®n no pierden la propiedad de su finca, solamente se ven obligados forzosamente a arrendarla, y tendr¨¢n que seguir haciendo frente al pago correspondiente del impuesto sobre el patrimonio.Al presentar el decreto, el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla, insisti¨® en que el principal objetivo del Gobierno regional no es expropiar la tierra, sino impulsar la iniciativa de los empresarios.

A este respecto, tanto el presidente como el consejero de Agricultura de la Junta de Andaluc¨ªa destacaron el papel dinamizador que ha tenido la reforma, y como ejemplo dieron la cifra de que la mera decisi¨®n de actuar en la comarca de Antequera ha hecho que en los seis primeros meses de este a?o los jornales hayan aumentado en la zona un ciento por ciento con respecto a 1984.

El Gobierno andaluz sali¨® as¨ª al paso de las cr¨ªticas a izquierda y derecha que ya se han producido respecto a este primer decreto, entre ellas la opini¨®n del presidente de Alianza Popular de Andaluc¨ªa Antonio Hern¨¢ndez Mancha, en el sentido de que la mayor parte del expropiado son tierras de monte de mala calidad.

Las fincas expropiadas suman 5.877 hect¨¢reas, lo que supone el 12,5% del total de la superficie afectada. La mayor parte de lo expropiado, concretamente 3.859 hect¨¢reas, es terreno de monte, y el resto son 466 hect¨¢reas de regad¨ªo y otras 1.552 de secano. La de cisi¨®n de expropiar se ha tomado tras un estudio exhaustivo que ha clasificado cada finca en 23 grupo

seg¨²n su calidad, que se mide por un ¨ªndice que va desde el 1 para la calidad ¨®ptima hasta del 4,5 en adelante para las peores fincas. Despu¨¦s se compar¨® la calidad de cada finca con el rendimiento que daba -por ordenador, seg¨²n recalc¨® Manaute-, y en funci¨®n de ello se decidi¨® su tratamiento.

Las 12 fincas expropiadas de uso seguir¨¢n bajo dominio de sus propietarios, pero ser¨¢n ocupadas por los cooperativas que ganen el concurso correspondiente, los cuales pagar¨¢n una renta equivalente a la mitad de la habitual del mercado. Las 27 fincas que pagar¨¢n impuesto (29% del total) tributar¨¢n seg¨²n la diferencia entre lo que podr¨¢n producir y lo que realmente producen. El impuesto oscilar¨¢ entre 300.000 y 3.000.000 de pesetas. Las mejoras a que son obligadas otras 44 (48% de la superficie) deber¨¢n ser financiadas por los propietarios. Entre las 12 consideradas exentas (10% del total), la n¨²mero uno es la de Hermagasa, con ganader¨ªa de porcino en 813 hect¨¢reas.

La Junta de Andaluc¨ªa calcula que las medidas crear¨¢n unos 93.000 nuevos jornales por a?o poco m¨¢s del 50% de los actuales, y que el plan forestal aprobado tambi¨¦n ayer dar¨¢ en total un mill¨®n de empleos en la comarca. Antes de que termine el a?o, probablemente, se aprobar¨¢n decretos semejantes de actuaci¨®n en las otras tres comarcas declaradas de actuaci¨®n: las vegas del Guadalquivir en C¨®rdoba y Sevilla y la comarca de Estepa-Osuna.

Entre los expropiados se encuentran algunos absentistas, que residen fuera de la localidad, y tambi¨¦n varios arrendatarios. Entre los absentistas est¨¢n las marquesas de Cauche -Carmen y Teresa Rojas Arrese Rojas-, que poseen una finca mayoritariamente de monte, que est¨¢ inexplotado, y una parte menor de secano y regad¨ªo, que explota un familiar.

Entre las cr¨ªticas que ayer ya surgieron a las medidas, el Partido Reformista Andaluz afirm¨® que el decreto responde a un electoralismo a ultranza y se podr¨ªa haber hecho simplemente en base a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, aprobada por UCD.

Por su parte, Francisco Casero, dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), subray¨® que el problema es que se expropia tierras de mala calidad, que pueden dar malos resultados y, por tanto, sentar un mal precedente para futuras reformas, mientras las buenas fincas no se tocan.