El juez de espionaje pol¨ªtico decide archivar la causa despu¨¦s de que el Supremo exculpara al Gobierno

Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, juez instructor del sumario sobre el espionaje pol¨ªtico, ha convocado para hoy a los partidos querellantes -AP, PCE y PDP- y al representante legal de la polic¨ªa, Luis S¨¢nchez Movell¨¢n, para comunicarles su decisi¨®n sobre el futuro de la causa. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el magistrado, una vez estudiadas las distintas posibilidades, ha decidido archivar el sumario. Seg¨²n dichas fuentes, era pr¨¢cticamente imposible adoptar otra posici¨®n despu¨¦s de que el Tribunal Supremo se?alara en julio pasado que no hab¨ªa responsabilidad criminal en el Gobierno.

V¨¢zquez Honrubia recibi¨® ayer a representantes de los partidos querellantes, pero no revel¨® en ning¨²n momento la decisi¨®n que pensaba adoptar, si bien las fuentes informantes aseguraron ayer que el magistrado "no tiene otra salida que la de archivar".La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa le hab¨ªa pedido precisamente, tras conocer la decisi¨®n del Supremo, que archivara la causa, mientras que los partidos querellantes le solicitaron que continuara las diligencias. Concretamente, AP le pidi¨® que enviara el sumario a la Audiencia Provincial para que ¨¦sta viera la posibilidad de procesar a polic¨ªas implicados en la elaboraci¨®n de informes sobre partidos.

De acuerdo con las fuentes informantes, en la decisi¨®n del juez ha debido de pesar, adem¨¢s del citado auto del Tribunal Supremo, el hecho de que el Ministerio del Interior, mediante un informe de la Direcci¨®n de la Polic¨ªa incluido en el sumario, admitiera que la polic¨ªa realiza informaci¨®n sobre partidos pol¨ªticos y sindicatos y a?adiera que esta pr¨¢ctica es l¨ªcita y normal.

Incluso la nueva fiscal del caso, Consuelo Madrigal, despu¨¦s de haber estudiado el sumario durante m¨¢s de dos meses, se limit¨® a se?alar que estaba de acuerdo en que las querellas del PCE y PDP se sumaran a la de AP, pero no entr¨® en el fondo del problema.

De otra parte, en Espa?a no existe actualmente una legislaci¨®n concreta que fije los l¨ªmites de la actividad de los servicios de informaci¨®n. Finalmente, la nueva ley del Poder Judicial no fija entre las competencias de las audiencias provinciales la de juzgar a los funcionarios policiales, por lo que actualmente no est¨¢ claro, seg¨²n las fuentes informantes, si el posible procesamiento de algunos polic¨ªas en esta causa corresponde al juez instructor o a dicha audiencia.

La prueba m¨¢s consistente de la existencia del espionaje la tuvo el juez instructor el pasado mes de mayo, despu¨¦s de intervenir en la Brigada de Interior 180 informes sobre AP procedentes de diversas provincias espa?olas, varios de ellos con los sellos de secreto o confidencial.

El hecho de que el juez decida archivar la causa no significa la paralizaci¨®n autom¨¢tica del procedimiento judicial. Jos¨¦ Luis N¨²?ez, abogado representante del PCE, ya anunci¨® ayer que su partido recurrir¨¢ la decisi¨®n judicial si ¨¦sta consiste en archivar el sumario, mientras representantes de AP se?alaron que estudiar¨¢n qu¨¦ postura tomar.

El recurso del PCE, llamado de reforma, se presentar¨¢ al propio juez y, si ¨¦ste lo desestima, como es probable, cabe presentar un recurso de apelaci¨®n que debe ser estudiado por la Audiencia Provincial, que tendr¨ªa que tomar una resoluci¨®n definitiva sobre el caso.

En el caso de que, oficialmente ya, el juez comunique hoy su decisi¨®n de archivar el caso, se habr¨¢ cumplido la primera impresi¨®n existente en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 en la jornada posterior a conocerse el auto del Tribunal Supremo exculpatorio para el vicepresidente del Gobierno, el ministro del Interior y el diputado socialista Eduardo Mart¨ªn Toval, a quienes se citaba como supuestamente relacionados con el espionaje pol¨ªtico.

En aquella ocasi¨®n, fuentes pr¨®ximas al magistrado se?alaron que, si no se pod¨ªa procesar a quienes pod¨ªan ser los m¨¢ximos responsables, era absurdo intentar procesar a los subordinados.

No obstante, ¨¦l PCE se mostr¨® ayer partidario de intentar que se procese a aquellos contra quienes existen pruebas, con independencia de su cargo. Por el contrario, AP intent¨®, en los primeros d¨ªas tras presentar la querella, implicar a miembros del Gobierno.