Los extranjeros y su presencia en Espa?a

Todo ha sido imprevisi¨®n e improvisaci¨®n en la operaci¨®n de regularizaci¨®n de los extranjeros insuficientemente documentados que viven en Espa?a, se?ala el autor de este trabajo. En su opini¨®n, se han infligido verdaderas vejaciones a los solicitantes, y el resultado ha sido m¨ªnimo. La ley ha sido recurrida como inconstitucional por el Defensor del Pueblo, y las medidas del Ministerio del Interior tienen -dice- un evidente tufo racista y xen¨®fobo.

La operaci¨®n regularizaci¨®n de los extranjeros insuficientemente documentados, prevista por la ley: 7/85, de 23 de julio pasado, ha resultado un verdadero fracaso. Solamente una ¨ªnfima minor¨ªa de un total pr¨®ximo a los 400.000 ha pasado por las ventanillas del Ministerio del Interior.Si se deseaba hacerlo mal, no se pod¨ªa haber hecho peor. Se inici¨® la operaci¨®n en pleno verano, cuando se encontraban de vacaciones gran parte de los servicios de la Administraci¨®n, las empresas y los trabajadores afectados. Sin infraestructura burocr¨¢tica adecuada. Sin garant¨ªas frente a posibles represalias patronales contra los trabajadores clandestinos. Sin la debida campa?a de informaci¨®n institucional p¨²blica, pese a que fueron atribuidos fondos para una amplia publicidad escrita en las distintas lenguas de origen de los inmigrados.

Todo ha sido imprevisi¨®n e improvisaci¨®n por parte del Ministerio del Interior, que ha infligido vejaciones innecesarias a los solicitantes, oblig¨¢ndoles a guardar colas de hasta 1.000 personas a la intemperie. Yo, que conoc¨ª hace muchos a?os las c¨¢rceles francesas, siento verg¨¹enza ajena ante las inhumanas condiciones de detenci¨®n, en mi propio pa¨ªs, de quienes no han cometido otro delito que ser extranjeros en situaci¨®n irregular.

El pasado d¨ªa 23 de octubre, terminado el plazo de 90 d¨ªas fijado por la ley, los informativos de TVE anunciaron una pr¨®rroga, no confirmada, de siete d¨ªas. Al parecer, s¨®lo se trataba de instrucciones reservadas de la Administraci¨®n recomendando la admisi¨®n a tr¨¢mite, hasta el 1 de noviembre, de las solicitudes presentadas fuera de plazo. Una pr¨®rroga no admitida por la ley, que fij¨® un plazo r¨ªgido a partir de la entrada en vigor de la misma, sin dar tiempo al establecimiento de un reglamento de aplicaci¨®n, a la organizaci¨®n de una campa?a informativa previa y a la adecuaci¨®n de los servicios administrativos correspondientes.

Resultado: todo sigue igual o, si cabe, peor que antes de la promulgaci¨®n de la nueva ley, mal llamada de "derechos y libertades de los extranjeros" en Espa?a. En realidad, s¨®lo se trata de una ley de polic¨ªa, al estado de las viejas leyes de extranjer¨ªa de comienzos de siglo, anacr¨®nica y completamente obsoleta en la Europa de hoy.

La nueva ley ha creado entre los trabajadores extranjeros y sus familias una situaci¨®n de mayor inseguridad y temor, parecida a la que los emigrantes espa?oles conocieron hace 20 o 30 a?os y no quisieran volver a vivir.

El defensor del pueblo, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, una persona muy sensible a todo lo humano y gran conocedor del mundo emigrante, ha sabido escuchar los requerimientos de numerosos colectivos humanistas, presentando in extremis un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley de extranjeros.

Cuatro son los art¨ªculos de dudosa constitucionalidad. El art¨ªculo 7, limitativo del derecho de reuni¨®n; el art¨ªculo 8, sobre suspensi¨®n del derecho de asociaci¨®n; el art¨ªculo 26, sobre procedimientos de expulsi¨®n y la disposici¨®n referente al car¨¢cter no suspensivo de los recursos contra las medidas de expulsi¨®n. Concretamente, la ley admite la inobservancia de los plazos legales de privaci¨®n de libertad, ampliando la detenci¨®n preventiva hasta el l¨ªmite de 40 d¨ªas, y conculca el art¨ªculo 25 de la Constituci¨®n, que dispone expresamente que la Administraci¨®n civil no tiene competencias para imponer sanciones privativas de libertad.

Paradoja

Es parad¨®jico que un pa¨ªs de emigraci¨®n tradicional como Espa?a, que a su vez se ha convertido en un pa¨ªs de inmigraci¨®n, pretenda ignorar en sus textos legales los convenios internacionales suscritos por Espa?a en la materia, como, por ejemplo, el art¨ªculo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos de la ONU, los convenios de la OIT sobre igualdad de trato y no discriminaci¨®n y el Convenio Europeo sobre el Estatuto Jur¨ªdico del Trabajador Migrante, en sus art¨ªculos 9, 19 y 25, al no considerar que la situaci¨®n de desempleo no debe ser obst¨¢culo para la renovaci¨®n del permiso de residencia. En efecto, entre los motivos de expulsi¨®n previstos por la ley figura el de no haber obtenido el permiso de trabajo, aunque el interesado se encuentre trabajando y su permiso de residencia no haya vencido.

Otros pa¨ªses, como Francia y B¨¦lgica, han llevado a cabo campa?as de regularizaci¨®n de clandestinos con mayor humanismo, sin que yo pretenda aqu¨ª presentarlas como mod¨¦licas. Francia, por ejemplo, regulariz¨® en 1981 la situaci¨®n de 120.000 trabajadores clandestinos garantiz¨¢ndoles el subsidio de paro si eran despedidos de su trabajo a causa de la regularizaci¨®n, garant¨ªa no ofrecida por la ley de extranjeros en nuestro pa¨ªs. Claro, puede decirse, no sin raz¨®n, que cuando tales garant¨ªas no se ofrecen a los trabajadores espa?oles, c¨®mo se van a ofrecer a los extranjeros. Es verdad que la econom¨ªa sumergida y el trabajo negro, sea para espa?oles o extranjeros, tiene las mismas causas: la libre explotaci¨®n de los trabajadores, sin cargas sociales ni seguridad en el trabajo. Una situaci¨®n que no puede resolverse con medidas administrativas contra los trabajadores extranjeros, sino atacando la ra¨ªz del mal. Hay que pensar que la mayor parte de estos trabajadores clandestinos lleva 10, 15 y 20 a?os viviendo y trabajando en nuestro suelo, han levantado la agricultura del Maresme catal¨¢n, han hecho producir las minas de Le¨®n y Asturias o el aserrado de pizarra en Galicia, ocupando puestos de trabajo abandonados por los espa?oles.

En el fondo, la ley sobre "derechos y libertades de los extranjeros" y las medidas del Ministerio del Interior tienen un tufo racista y xen¨®fobo, que huele tan mal como el que expande la derecha y la extrema derecha europea en estos momentos, con fines electoralistas, cierto, pero que pueden causar un da?o irreparable a una Europa integrada por una poblaci¨®n permanente de m¨¢s de 17 millones de extranjeros.

es miembro del Comit¨¦ Central del PCE y responsable de su comisi¨®n de emigraci¨®n.