Del Plan Badajoz a la sopa de letras

F. M.Espa?a, pa¨ªs hist¨®ricamente caracterizado por las graves desigualdades regionales, descubri¨® muy tarde las pol¨ªticas espec¨ªficas para corregir estas diferencias, por otra parte agudizadas en la d¨¦cada desarrollista de los sesenta. Aunque los primeros pasos datan de la ley de 7 de abril de 1952 para el Plan Badajoz y de la del 17 de julio de 1953 para el Plan Ja¨¦n, basados ambos en la transformaci¨®n en regad¨ªo, colonizaci¨®n agraria y creaci¨®n de industrias agroalimentarias, la pol¨ªtica regional no se inicia hasta el I Plan de Desarrollo, de 1963.

Desde entonces, a pesar de la novedad que representaban dentro de la pol¨ªtica econ¨®mica espa?ola los mecanismos de desarrollo regional, ha llovido mucho en lo que se refiere a la creaci¨®n de instrumentos de apoyo, subvenciones, ventajas fiscales y otras preferencias para las actividades en las regiones m¨¢s desfavorecidas. En poco m¨¢s de 20 a?os se ha generado una aut¨¦ntica sopa de letras para canalizar las ayudas que, inevitablemente, con el ingreso en la CEE, han de desaparecer para unificarse.

Por ello el Gobierno ha preparado una ley de incentivos regionales, actualmente pendiente de su aprobaci¨®n por el Senado, para readaptar los mecanismos. de ayuda regional a la nueva realidad comunitaria. Las tres patas nacionales de la pol¨ªtica regional se completar¨¢n con la estructuraci¨®n definitiva de la financiaci¨®n de las autonom¨ªas (Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial) y las sociedades de desarrollo regional. La CEE pondr¨¢ la cuarta.

Los instrumentos regionales se han convertido en un rompecabezas escasamente eficaz. Primero fue el polo de desarrollo, cuyo ejemplo vivo est¨¢ en Oviedo, extendido despu¨¦s (1973) a zonas geogr¨¢ficamente m¨¢s amplias con la figura jur¨ªdica de las grandes ¨¢reas de expansi¨®n industrial. A la vez, sobre la ley de Industrias de Inter¨¦s Preferente, de 2 de diciembre de 1963, se fundamentar¨ªa una amplia panoplia de incentivos que pervive hasta hoy: zonas de preferente localizaci¨®n industrial (ZPLI), zonas de preferente localizaci¨®n industrial minera (ZPLIM), zonas de preferente localizaci¨®n industrial agraria (ZPLIA) y pol¨ªgonos de preferente localizaci¨®n industrial. Tambi¨¦n otra ley de finales de 1963 cre¨® los centros y zonas de inter¨¦s tur¨ªstico nacional.

En los a?os setenta aparecen las zonas de protecci¨®n artesana y, mediante la ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, las zonas de ordenaci¨®n de explotaciones agrarias (ZOEA). Las sociedades de desarrollo industrial, las conocidas SODI, la primera creada en Galicia en 1973, eran la versi¨®n espa?ola de las sociedades mixtas ya ensayadas en Francia e Italia. Por ¨²ltimo, el Gobierno socialista, con la ley de 26 de julio de 1984, incorpor¨® un nuevo elemento: las zonas de urgente reindustrializaci¨®n, que tendr¨¢n que desaparecer en un plazo de tres a?os.

A todo ello habr¨ªa que sumar los beneficios en el campo de la lucha contra el paro, que incluyen bonificaciones del 75% en la cuota de la Seguridad Social para contratos en pr¨¢cticas y de hasta el ciento por ciento en los de formaci¨®n; subvenci¨®n de 500.000 pesetas y bonificaci¨®n del 70%-90% para minusv¨¢lidos- subvenci¨®n de 400.000 pesetas y bonificaciones del 50% en la cuota para trabajadores mayores de 45 a?os; las subvenciones del Fondo de Solidaridad del AES para formaci¨®n profesional y reinserci¨®n laboral; devoluci¨®n de 500.000 pesetas en el impuesto de sociedades por puesto de trabajo generado prevista en el AES, y reducci¨®n del 50% en las cuotas de la Seguridad Social por cada empleo creado entre menores de 25 a?os.

La propia patronal CEOE ha insistido en que para evitar competencias desiguales parec¨ªa m¨¢s l¨®gico proceder a medidas estructurales, como la reducci¨®n de la cotizaci¨®n a la Seguridad Social. Las empresas espa?olas pagan cuotas m¨¢s elevadas que las del resto de Europa. Los c¨¢lculos reflejan que la reducci¨®n de un solo punto en la aportaci¨®n empresarial a la Seguridad Social supone un ahorro de 60.000 millones de pesetas, cantidad equivalente a la del Fondo de Solidaridad del AES.

Control inform¨¢tico

El cat¨¢logo de mecanismos no se acaba aqu¨ª, porque los Gobiernos regionales, apoyados en la ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) y en las competencias que sobre la pol¨ªtica regional tienen reconocidas en sus estatutos de autonom¨ªa, han arbitrado diversos incentivos.

Todo ello, en un marco carente de la suficiente coordinaci¨®n y control, ha dado origen a que empresarios avisados hayan conseguido financiaciones de hasta el 130% del valor total del proyecto, seg¨²n reconocen fuentes del Ministerio de Econom¨ªa. Para evitar que este tipo de situaciones pueda repetirse en vano, la Direcci¨®n General de Planificaci¨®n va a instalar una base de datos donde se registren las ayudas concedidas a las empresas o a cada proyecto surgido al amparo de tan amplia gama de beneficios.

La pol¨ªtica regional de la Comunidad Econ¨®mica Europea coordina, selecciona y pone l¨ªmites a la ayudas destinadas preferentemente a las regiones m¨¢s atrasadas. Aunque las ayudas comunitarias se conceden en base a programas nacionales de desarrollo regional, la CEE impone tambi¨¦n sus criterios, adem¨¢s de un seguimiento y control de las inversiones realizadas. Y, lo que es m¨¢s importante, admite ¨²nicamente las subvenciones a fondo perdido y bonificaciones de tipos de inter¨¦s, prohibiendo expresamente los incentivos fiscales.