Jueces contra pol¨ªticos

LA CRISIS que acaba de ser evitada en Italia no era una crisis de Gobierno, como las numerosas que ha conocido dicho pa¨ªs; era una crisis sin precedente, un vac¨ªo en la cumbre de la magistratura, que pon¨ªa en peligro el funcionamiento de la justicia y su relaci¨®n con el poder ejecutivo. Los 20 togados que componen el Consejo Superior de la Magistratura (al lado de otros 10 juristas designados por el Parlamento) hab¨ªan presentado su dimisi¨®n. El presidente de la Rep¨²blica, Francesco Cossiga, ha rechazado estas dimisiones y ha logrado convencer a los 20 magistrados para que las retiren. En todo caso, m¨¢s que de una soluci¨®n se trata de un aplazamiento: los problemas que han dado lugar a la crisis siguen en pie, y de una u otra forma tendr¨¢n que ser afrontados por los ¨®rganos rectores de la democracia italiana.Est¨¢n implicadas en esta ocasi¨®n cuestiones generales, de fondo, que afectan a las estructuras de los reg¨ªmenes democr¨¢ticos en las condiciones contempor¨¢neas. Nadie pone en duda el principio de la "separaci¨®n de poderes", formulado ya por Montesquieu. Pero la traducci¨®n de este principio en una pr¨¢ctica democr¨¢tica es sumamente compleja. Por otro lado, en la experiencia italiana se dan rasgos muy distintos de lo que ocurre en otros pa¨ªses, y concretamente en Espa?a. Lo cual aconseja examinar esa especificidad italiana evitando identificaciones simplistas.

El punto de partida de la crisis fue la condena de tres diputados y dos periodistas del PSI -entre ¨¦stos el director de Avanti- por sus ataques, considerados calumniosos, contra los jueces que han condenado a los asesinos del periodista Walter Tobagi. El Parlamento, a pesar de los esfuerzos del PSI, levant¨® la inmunidad de esos tres diputados. Bettino Craxi reaccion¨® con violencia a la condena de sus compa?eros de partido declarando que ¨¦l mismo se consideraba condenado. Con ese motivo pronunci¨® palabras dur¨ªsimas contra los jueces, y el Consejo Superior de la Magistratura decidi¨® someter a debate esa actitud de Craxi. Entonces se produjo la primera intervenci¨®n del presidente de la Rep¨²blica, recordando al citado consejo que el jefe del Gobierno debe responder exclusivamente ante el Parlamento. Ello motiv¨® la dimisi¨®n de los 20 magistrados, retirada ulteriormente, como ya hemos dicho m¨¢s arriba.

A primera vista sorprende que un ¨®rgano como el Consejo Superior de la Magistratura tenga la pretensi¨®n de juzgar la conducta del jefe del Gobierno. Es indiscutible, por otra parte, que la tendencia de los jueces a considerar delictiva cualquier cr¨ªtica contra sus sentencias es muy peligrosa; es una forma de negar la plena libertad de cr¨ªtica, sin la cual no hay democracia. Sin embargo, en Italia, el enfrentamiento entre los jueces y los partidos que detentan el poder se ha producido en un contexto especial. Varios factores han ido otorgando a los jueces un protagonismo evidente en cuestiones candentes en el orden pol¨ªtico: en primer lugar, la lucha contra el terrorismo. Numerosos jueces han tenido actitudes ejemplares; han pagado incluso con su vida. En otro terreno, la existencia dentro de la Administraci¨®n de extensas zonas de ilegalidad y corrupci¨®n ha obligado a los jueces a romper viejos tab¨²es; personalidades pol¨ªticas de primer plano, sobre todo de la Democracia Cristiana y del PSI, han sido juzgadas y condenadas. El talante social de los jueces, su cultura jur¨ªdica, ha sufrido una transformaci¨®n profunda. En vez de sentirse vinculados a las capas conservadoras, hoy muchos jueces aparecen en punta en un esfuerzo por depurar el sistema pol¨ªtico, acabar con las corrupciones, las injusticias, la pervivencia de un sistema de clientelas que desvirt¨²a la democracia. En la actualidad son los comunistas y la izquierda independiente los que propugnan que los magistrados sigan conservando la mayor¨ªa en el Consejo Superior; hace 25 a?os era la posici¨®n defendida por la derecha. Existe, pues, en una parte de la sociedad italiana la convicci¨®n de que la campa?a del ¨®rgano socialista Avanti contra los jueces, los ataques de Craxi en ese mismo sentido, se deben a motivos anteriores al caso Tobagi; de que son una respuesta a las denuncias de numerosos casos de corrupci¨®n en administraciones socialistas.

Sin embargo, por muchos que sean los m¨¦ritos de la magistratura en la etapa actual de la democracia italiana, no se puede subestimar el peligro enorme que representa el corporativismo del cuerpo judicial, que est¨¢ a todas luces en el trasfondo de los recientes acontecimientos de Italia. No importa la ideolog¨ªa (conservadora en Espa?a; con matices de izquierda en Italia): el corporativismo judicial lleva a la negaci¨®n de principios fundamentales en un sistema democr¨¢tico. Un corporat¨ªvismo alimenta a los otros, y aceptar una compartimentaci¨®n del poder conduce inevitablemente a negar la soberan¨ªa popular.

Las funciones de un ¨®rgano como el citado consejo han de limitarse a la administraci¨®n interior del aparato de justicia. Es inimaginable que pueda entrar en un debate con el Ejecutivo. Si existen dudas sobre los l¨ªmites de su funcionamiento, como ocurre en Italia, y como se ha pretendido sugerir por parte de los jueces en Espa?a, al Parlamento corresponde llenar los vac¨ªos legislativos que eventualmente existan. La crisis en Roma parece superada por ahora, pero los problemas subsisten y su significado desborda las fronteras italianas.