Sentencia en Buenos Aires

LA C?MARA Federal de Apelaciones argentina ha condenado a reclusi¨®n perpetua al ex presidente Videla, a prisi¨®n perpetua al almirante Massera, a 17 a?os de prisi¨®n al ex presidente Viola, a ocho a?os al almirante Lambruschini y a cuatro a?os y seis meses al brigadier general Agosti. Tambi¨¦n ha absuelto al ex presidente Galtieri, al almirante Anaya y a los brigadieres Graffigna y Lami Dozo. La sentencia, cierre del juicio de Buenos Aires contra las tres primeras juntas militares que aterrorizaron al pa¨ªs entre 1976 y 1982 (desde el derrocamiento de Isabel Per¨®n hasta la guerra de las Malvinas) no permite una f¨¢cil lectura. Los seis jueces -designados por el Gobierno democr¨¢tico- han tenido especial cuidado en que su fallo no fuese interpretado como una revancha de la sociedad civil frente a las instituciones militares. S¨®lo el gusto por mantener limpia la conciencia a costa de otros pa¨ªses o los ejercicios de demagogia podr¨ªan llevar a juzgar condenatoriamente a esos jueces -desde situaciones muy lejanas de la delicada democracia argentina- con el ¨²nico y exclusivo criterio de que no han sido implacablemente severos.Es cierto, sin embargo, que algunas decisiones de la C¨¢mara -por ejemplo, la leve pena impuesta al brigadier Agosti, coautor junto a Videla y Massera del golpe de marzo de 1976, triunviro en la primera Junta Militar y aparente corresponsable de los primeros y m¨¢s espantosos a?os de la represi¨®n militar- no resultan f¨¢ciles de explicar. La propuesta del fiscal Julio C¨¦sar Strassera de juzgar a las juntas militares (lleg¨® a solicitar incluso el procesamiento de la cuarta y ¨²ltima) sin individualizar a sus componentes dispon¨ªa de convincentes argumentos a su favor. Aunque el Ej¨¦rcito de Tierra se reserv¨® siempre la presidencia de la Rep¨²blica, los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri desempe?aron el papel de primus inter pares en el reparto al 33% que las tres armas hicieron del Gobierno. La C¨¢mara Federal ha estimado, en cambio, que cada comandante en jefe actu¨® con independencia, y que las responsabilidades deben ser segmentadas. Ese criterio ha salvado a la Fuerza A¨¦rea en esta causa. Es cierto que las tres armas argentinas son centr¨ªfugas e infantilmente celosas entre s¨ª. El Ej¨¦rcito y la aeron¨¢utica alcanzaron incluso el desprop¨®sito, militarmente criminal, de pelear por separado en la guerra de las Malvinas; la Armada, tambi¨¦n por su cuenta, prefiri¨® no combatir. Pero estimar que el brigadier Agosti no fue moralmente responsable de ning¨²n homicidio (y s¨®lo de casos aislados de tortura, detenci¨®n ilegal y robo) es una sutileza de dif¨ªcil comprensi¨®n.

El criterio de los jueces de no juzgar a las juntas, sino a las personas y a las armas de forma individualizada, ha permitido tambi¨¦n la absoluci¨®n de cuatro procesados y la reducci¨®n a 17 a?os de prisi¨®n de la condena dictada contra el ex presidente Viola. Por lo dem¨¢s, la C¨¢mara Federal -alto tribunal civil inmediatamente inferior a la Suprema Corte de Justicia- ha aplicado el C¨®digo de Justicia Militar en forma favorable a los reos. Aunque el c¨®digo castrense argentino establece que basta la evidencia moral de los jueces para razonar una sentencia, sin necesidad de asentarla sobre hechos probados documentalmente, la C¨¢mara lo ha aplicado con mentalidad civil, descendiendo el rasero de la justicia hasta juzgarlos individualmente y caso por caso, soslayando la convicci¨®n moral de que estos nueve militares sumieron por siete a?os al pa¨ªs en un caos de sangre y terror. El tribunal ha dado con ello ejemplo de moderaci¨®n: la grandeza del Estado de derecho reside precisamente en su firme decisi¨®n de rechazar los m¨¦todos b¨¢rbaros de los enemigos de las libertades y de los violadores de los derechos humanos, incluso a la hora de juzgarlos por sus genocidios.

La sentencia tambi¨¦n tiene otra lectura, aunque ¨¦sta no aporte consuelo a los familiares de las v¨ªctimas. Por primera vez en Am¨¦rica Latina tres ex presidentes de una dictadura militar han sido sentados en el banquillo de los acusados, y dos de ellos han sido condenados a severas penas de prisi¨®n. Y al igual que sucedi¨® en Grecia tras el derrocamiento del r¨¦gimen de los coroneles, esa victoria de la justicia civil se ha producido en una democracia d¨¦bil, econ¨®micamente derrumbada, con graves problemas de pol¨ªtica interior, perif¨¦rica y disminuida. Por lo dem¨¢s, la sentencia eleva -cumpliendo el deber de denuncia- todas las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que ¨¦ste determine judicialmente las responsabilidades de los oficiales superiores, de los jefes de zona y subzona y de todos aquellos militares que tuvieron una responsabilidad operativa durante la guerra sucia contra la subversi¨®n. Esa medida implica que los absueltos -por ejemplo, el teniente general Galtieri, quien antes de ascender a la presidente de la Rep¨²blica fue comandante del primer cuerpo de ej¨¦rcito- podr¨ªan ser juzgados no por los cr¨ªmenes que supuestamente cometieron como triunviros, sino por los que cometieran como subordinados.

Videla y Viola -escasamente respetados en el seno del Ej¨¦rcito- y Massera -autoinmolado en sus propias org¨ªas de poder, sangre y dinero- han sido las cabezas de turco del proceso. La Fuerza A¨¦rea ha sido premiada por la democracia e, hipot¨¦ticamente, ganada para su causa. Y se ha evitado lo que m¨¢s tem¨ªa el presidente Alfons¨ªn: que se juzgara a las fuerzas armadas como conjunto. Esta sentencia no es sino una pieza m¨¢s del rompecabezas argentino que est¨¢ intentando armar la fr¨¢gil democracia. Hay un proceso en curso contra el contralmirante Chamorro (director de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada), el capit¨¢n de corbeta Acosta, el general Ram¨®n Camps (ex jefe de la polic¨ªa de Buenos Aires) y el teniente Astiz, acusados de torturas y asesinatos. Existen 3.700 causas abiertas, a instancia de parte, por ciudadanos particulares contra militares presuntamente responsables de torturas, desapariciones, muertes y robos. El juicio por la p¨¦rdida de la guerra de las Malvinas est¨¢ listo para sentencia. Otros procesos por la guerra sucia econ¨®mica se abren trabajosamente paso en los tribunales de Buenos Aires, y seis civiles y seis militares -sin contar al ex general Su¨¢rez Mason, pr¨®fugo- habr¨¢n de ser enjuiciados por los ¨²ltimos actos terroristas que soliviantaron la capital. Sin olvidar que las actas del proceso ya sentenciado, que se celebr¨® a lo largo de semanas y semanas en audiencia p¨²blica y en el centro de Buenos Aires, han permitido a la opini¨®n p¨²blica nacional e internacional alcanzar un conocimiento detallado y angustioso de los aborrecibles cr¨ªmenes perpetrados por el terrorismo de Estado de la dictadura militar argentina.