Llueve sobre mojado
La sentencia sobre los recargos del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF) era esperada en los ¨²ltimos meses por el Gobierno, como ahora aguarda la relativa a las contribuciones. Prueba de ello es que el Ministerio de Hacienda, en el borrador del proyecto de una nueva ley de Financiaci¨®n de las Corporaciones Locales (v¨¦ase EL PA?S del domingo 4 de agosto), hab¨ªa ya eliminado esta posibilidad para los municipios.La decisi¨®n de suprimirlo se debi¨®, por una parte, a los fundados temores de inconstitucionalidad, tras dos a?os de sostener contra viento y marea la perfecta adecuaci¨®n del recargo a la Constituci¨®n, y por otra, al radical cambio en la orientaci¨®n de la pol¨ªtica municipal socialista. El PSOE preconiz¨® desde la oposici¨®n e incluy¨® en su programa electoral de 1982 la necesidad de fortalecer las administraciones locales frente a las auton¨®micas y frente a la Administraci¨®n central. Pol¨ªticamente, fortalecer el poder de los Ayuntamientos era fortalecer el poder del PSOE, que era mayoritario en los mismos.
En funci¨®n de esta pol¨ªtica, el PSOE, en su primer a?o de gobierno, dict¨® una ley asumiendo las deudas acumuladas por los Ayuntamientos hasta finales de 1982 (cerca de 150.000 millones), aument¨® de forma importante las dotaciones estatales a los municipios (de 1982 a 1985 las corporaciones locales han percibido cerca de dos billones de pesetas) y llev¨® adelante la pol¨¦mica ley de Medidas Urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales, donde se concede a los municipios la capacidad, ahora invalidada por el Tribunal Constitucional, de imponer recargos sobre el IRPF y fijar los tipos de contribuci¨®n.
Esta pol¨ªtica, auspiciada por el ex secretario de Estado de Hacienda Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla (partidario de que cada ciudadano sufragara los servicios que disfrutaba en su municipio) y apoyada por el equipo de Alfonso Guerra, ha ido cambiando paulatina y radicalmente tras su cese. Las transferencias del Estado a las corporaciones han ido decreciendo en sus incrementos anuales, hasta la pr¨¢ctica congelaci¨®n para 1986, pese a que otras partidas, como los gastos militares, han crecido sensiblemente. Los Ayuntamientos ya no son prioritarios para el PSOE, aunque sean importantes, al poder ejercer su poder desde la Administraci¨®n central.
Y es en esta situaci¨®n de apretarse el cintur¨®n por parte de los Ayuntamientos cuando se produce, para agravar m¨¢s a¨²n su penuria presupuestaria, la invalidaci¨®n de los recargos por IRPF y la posible nulidad de los incrementos de contribuci¨®n. La falta de presupuestos municipales para 1986, debido a que han tenido que esperar a la aprobaci¨®n por las Cortes de los Presupuestos del Estado, evitar¨¢ algunos problemas formales. Habr¨¢ que cambiar los proyectos, pero no habr¨¢ que modificar presupuestos ya aprobados.
En Santander, por ejemplo, seg¨²n el primer teniente de alcalde y alcalde accidental, el aliancista Javier Arrarte, se hab¨ªa previsto imponer un recargo del 3% sobre el IRPF para la construcci¨®n de un nuevo estadio de f¨²tbol en El Sardinero. Los problemas se plantear¨¢n con el nuevo recorte en las dotaciones del Estado a los municipios, como consecuencia de las devoluciones, en mayor medida que por la supresi¨®n del recargo. En Santander, seg¨²n Arrarte, se han recaudado por recargos sobre las declaraciones de 1983 y 1984 unos 1.338,6 millones, lo que supone pr¨¢cticamente un tercio de su presupuesto de inversiones de 1985.
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