El Gobierno regional paraliza la puesta en marcha del canal de televisi¨®n auton¨®mico
El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaqu¨ªn Leguina, afirm¨® el martes, en una cena coloquio de la Federaci¨®n de Casas Regionales y Provinciales de Espa?a, que "lanzarse en estos momentos a la creaci¨®n de un canal de televisi¨®n aut¨®nomo en Madrid ser¨ªa un suicidio pol¨ªtico".
Leguina dijo que "en estos momentos el Gobierno est¨¢ preparando un proyecto de ley sobre televisiones privadas, y los poderes reales en el mundo de la comunicaci¨®n est¨¢n esperando ese momento para dar rienda suelta a sus proyectos. Si ahora, cuando la Comunidad de Madrid ni siquiera tiene la concesi¨®n para el canal madrile?o, el Gobierno regional quisiera lanzar el tema, ser¨ªa un suicidio pol¨ªtico", y a?adi¨®: "Este tema ya me cost¨® cinco editoriales de un peri¨®dico".A la cena asistieron tambi¨¦n el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, los ex ministros de Hacienda y Obras P¨²blicas Miguel Boyer y Juli¨¢n Campo, y el secretario de pol¨ªtica institucional del PSOE, Enrique M¨²gica.
El presidente del Gobierno regional reivindic¨® el m¨¢ximo techo de competencias para todas las comunidades aut¨®nomas y aludi¨® a lo absurdo de la situaci¨®n actual, en la que un habitante de Andaluc¨ªa -puso como ejemplo- decide con su voto la pol¨ªtica sanitaria en su comunidad, mientras que un madrile?o no. Esta desigualdad no puede mantenerse indefinidamente, afirm¨® Leguina, porque afecta al principio constitucional de la igualdad de todos los espa?oles. Reconoci¨®, sin embargo, que tal cuesti¨®n "no se puede plantear ahora porque estamos en una etapa de rodaje, y tardar¨¢ a?os en arreglarse".
Leguina resalt¨® el problema de la financiaci¨®n auton¨®mica: Ha sido eficaz en l¨ªneas generales pero no ha favorecido a Madrid, y espero que el nuevo sistema en estudio por el Gobierno supla los desequilibrios originados por la aplicaci¨®n del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial". Y dijo confiar en que el nuevo sistema haga innecesario el recargo del 3% en el caso de que su legalidad sea reconocida por el Tribunal Constitucional.
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