Bur¨®n afirma que no existe obligaci¨®n de investigar los abortos legales

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n Barba, ha contestado al vicepresidente de la Asociaci¨®n de Defensa de la Vida (Adevida), Benigno Blanco, que el ministerio fiscal no tiene obligaci¨®n de investigar los abortos que se realicen en centros autorizados "en los casos en que a primera vista concurran las circunstancias descritas" en la vigente ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto.

El vicepresidente de Adevida, en un escrito de 29 de enero pasado, que entr¨® en la Fiscal¨ªa General del Estado el 3 de febrero, solicit¨® del Ministerio Fiscal la actuaci¨®n de oficio para lograr el control de los abortos que se practiquen en Espa?a al amparo de la ley org¨¢nica 5/1985, que despenaliz¨® el aborto en los casos de peligro para la salud o la vida de la madre, embarazo consecuencia de violaci¨®n o riesgo de graves taras en el feto.Adevida solicit¨® que el fiscal general del Estado impartiera instrucciones a sus subordinados respecto a los delitos de aborto, de igual forma que respecto a los dem¨¢s delitos, a fin de que los fiscales ejerciten las acciones pertinentes "para que cada vez que que se realice un aborto ¨¦ste sea investigado por el ¨®rgano jurisdiccional competente y para que cuando existan indicios racionales de punibilidad los miembros del Ministerio Fiscal ejerzan la acusaci¨®n contra los responsables".

Bur¨®n agradece la confianza depositada por Adevida en el Ministerio Fiscal "como valedor", dice, "de los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas", y a rengl¨®n seguido a?ade: "la instituci¨®n que represento no precisa, por norma, de especiales est¨ªmulos particulares para el cumplimiento exacto de la misi¨®n que el ordenamiento jur¨ªdico le confiere en defensa de la sociedad y de los derechos ciudadanos". Explica que el Ministerio Fiscal "se halla, con abstracci¨®n de las ideolog¨ªas, al servicio exclusivo del supremo valor que representa la Justicia".

Presunci¨®n de legalidad

En respuesta a la solicitud de Adeviva, el fiscal general del Estado se?ala que "en los abortos practicados en centros m¨¦dicos, dirigidos todos ellos por profesionales cualificados y responsables, hay que partir de la presunci¨®n de que no se trata de abortos delictivos, sino que tales intervenciones se ajustan a la legalidad".Para Bur¨®n, tales abortos se adaptan, en principio, a los requisitos que el nuevo art¨ªculo 417 bis del C¨®digo Penal exige para que no sean castigables. "En consecuencia, el Ministerio Fiscal, en cuanto defensor de la legalidad", afirma en su respuesta a Adevida, "s¨®lo intervendr¨¢ ejercitando las acciones oportunas, cuando tenga conocimiento de actuaciones ?legales fundadas en hechos concretos suficientemente acreditados". En definitiva, considera que "no recae sobre el Ministerio Fiscal ninguna carga, impuesta previamente por la ley, de investigar los abortos que se realicen en centros autorizados, en los casos en que, a primera vista, concurran las circunstancias descritas en el art¨ªculo 417 bis".

Bur¨®n advierte que, no obstante, quienes sepan que no se producen tales circunstancias, o que se han falseado los dict¨¢menes m¨¦dicos presentados, "podr¨¢n denunciar tales defectos o carencias caso por caso, hip¨®tesis en las que el Ministerio Fiscal actuar¨¢ en el proceso, en la forma prevista en las leyes".

Seg¨²n informa Efe, un juez de Ibiza ha desestimado la querella presentada por la Asociaci¨®n Pro Vida contra los m¨¦dicos que practicaron el aborto terap¨¦utico realizado en Ibiza el 9 de agosto de 1985. El juez ha considerado que el aborto denunciado "se encuentra dentro de la legislaci¨®n vigente". La raz¨®n por la que se practic¨® el aborto fue que la embarazada ten¨ªa tuberculosis activa cavitaria. Los seis facultativos que integraban la comisi¨®n m¨¦dica que trataba a aquella mujer coincidieron en la necesidad de efectuar el aborto, porque peligraba la vida de la madre, a pesar de lo cual la Asociaci¨®n Pro Vida present¨® la querella.