No hay garant¨ªas de que Espa?a est¨¦ desnuclearizada

Expertos de la Administraci¨®n consultados por este peri¨®dico reconocen que no existen garant¨ªas absolutas de la desnuclearizaci¨®n de Espa?a, especialmente en lo que afecta a los barcos de guerra extranjeros anclados en los puertos espa?oles o que transitan por las aguas jurisdiccionales, que no pueden ser examinados por las autoridades. Esta falta de garant¨ªas absolutas se extiende a todo tipo de barcos, tanto a los que tienen banderas de pa¨ªses de la Alianza Atl¨¢ntica como a los que son de naciones ajenas a la OTAN.

En teor¨ªa, el territorio espa?ol no alberga armas nucleares desde que, en 1979, abandonaron la base de Rota los ¨²ltimos submarinos Polaris, como estaba previsto en los acuerdos hispano-norteamericanos firmados dos a?os antes. Quedaba pendiente la posibilidad del sobrevuelo de aviones militares con armamento nuclear. La soluci¨®n era complicada, porque la misma l¨®gica nuclear impide se?alar cu¨¢les son los aviones que van dotados de este tipo de armas y cu¨¢les no. Como salida a esta inc¨®gnita, los Gobiernos de Espa?a y Estados Unidos -mediante el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jos¨¦ Pedro P¨¦rez-Llorca, y del entonces embajador norteamericano en Madrid, Terence Todman- intercambiaron cartas el 2 de julio de 1982.En ese cruce de notas, P¨¦rez-Llorca informaba que "es pol¨ªtica del Gobierno espa?ol que no sobrevuelen Espa?a aeronaves con armamento y material nuclear a bordo, y que cualquier cambio en esta pr¨¢ctica exige el consentimiento del Gobierno de Espa?a". Todman, por su parte, respond¨ªa que "los Estados Unidos toman nota de la declaraci¨®n pol¨ªtica ( ... ) expresada [en la carta de P¨¦rez Llorca] y tienen el gusto de informar al Gobierno de Espa?a que los Estados Unidos respetan completamente la pol¨ªtica del Gobierno espa?ol".

Estas cartas quedaban anexas al Convenio de Amistad, Defensa y Cooperaci¨®n firmado ese mismo d¨ªa, 2 de julio de 1982, entre Espa?a y Estados Unidos. En el art¨ªculo 4 de ese convenio ambos pa¨ªses hab¨ªan acordado que "el almacenamiento e instalaci¨®n en territorio espa?ol de armas nucleares o no convencionales -o de sus componentes quedar¨¢ supeditado al acuerdo del Gobierno espa?ol".

La voluntad desnuclearizadora de Espa?a fue incluida, un a?o antes, en la autorizaci¨®n que las Cortes dieron al Gobierno, el 29 de octubre de 1981, para ingresar en la OTAN. A iniciativa del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, se incluy¨® un p¨¢rrafo en el que se afirmaba que "en el proceso de negociaci¨®n posterior a la adhesi¨®n, encaminado a articular a Espa?a dentro del esquema defensivo de la Alianza, el Gobierno no aceptar¨¢ compromisos que impliquen el almacenamiento o instalaci¨®n de armas nucleares de la Alianza en nuestro territorio". "En todo caso", se agregaba, "cualquier decisi¨®n ulterior sobre esta materia requerir¨¢ la previa autorizaci¨®n de las Cortes Generales".

Documento impreciso

Este documento queda desautorizado de hecho por el art¨ªculo 4 del convenio hispano-norteamericano, que se refiere no al permiso de las Cortes Generales, sino al simple "acuerdo del Gobierno espa?ol". Pero, sobre todo, el documento de las Cortes es completamente impreciso, ya que somete el prop¨®sito desnuelearizador al "proceso posterior a la adhesi¨®n, encaminado a articular a Espa?a dentro del esquema defensivo de la Alianza" y alude a las "armas nucleares de la Alianza" cuando ¨¦stas noexisten como tales, ya que la Alianza no tiene armas nucleares, sino que las poseen tres de sus pa¨ªses miembros: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. La declaraci¨®n, adem¨¢s, olvida los "componentes" necesarios para fabricar este tipo de armas, cuya prohibici¨®n s¨ª queda expresada en el art¨ªculo 4 del convenio.

Adem¨¢s de los problemas t¨¦cnicos del documento desnuclearizador de las Cortes, ¨¦ste tambi¨¦n plantea dudas jur¨ªdicas, ya que no tiene rango de ley y su cumplimiento s¨®lo obligaba al Gobierno que entonces administraba Espa?a. A pesar de todos sus fallos, la declaraci¨®n del Parlamento del 29 de octubre de 1981 sigue siendo dada por buena por el actual Gobierno. De hecho, en el segundo punto de la decisi¨®n del Gobierno que ser¨¢ sometida a refer¨¦ndum el pr¨®ximo 12 de marzo se alude impl¨ªcitamente a aquel documento de las Cortes al, afirmar que "se mantendr¨¢ la prohibici¨®n de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio espa?ol".

Una cuesti¨®n que ha despertado preocupaci¨®n - entre diversos pa¨ªses- desde Estados Unidos a la URSS, pasando por Holandaha sido el hecho de que Espa?a no se decidiera a firmar el Tratado de No Proliferaci¨®n. Nuclear (TNP), en el cual los pa¨ªses signatarios se comprometen a no construir armas nucleares y a no divulgar la tecnolog¨ªa y componentes que hagan posible su fabricaci¨®n. En su programa electoral de 1982, el PSOE parec¨ªa inclinarse por la firma, al declarar su intenci¨®n de "estudiar favorablemente" el TNP. Sin embargo, seg¨²n fue avanzando la legislatura, la postura del Gobierno pareci¨® irse haciendo contraria. El 7 de enero de 1985 Felipe Gonz¨¢lez declar¨® a TVE, que el TNP "es una de las mayores hipocres¨ªas del mundo, un tratado que imponen los pa¨ªses que tienen armas nucleares a los que no las tienen. Yo no tengo intenci¨®n de fabricar armas nucleares", concluy¨®, "pero tampoco acepto que me humillen".

Adem¨¢s de estas razones, la diplomacia espa?ola ha insistido en su tesis tradicional de que el TNP "hipotecar¨ªa" el futuro tecnol¨®gico de Espa?a. La inc¨®gnita sobre s¨ª Espa?a se decidir¨¢ o no a firmar el TNP sigue pendiente. En la comunicaci¨®n que el Gobierno hizo a las Cortes en v¨ªsperas del debate sobre seguridad del 4 y 5 de febrero ¨¦ste afirmaba que "se propone considerar la adhesi¨®n de Espa?a al TNP, pese a sus indudables carencias y al desequilibrio de sus preceptos, sobre todo en lo que se refiere al desarme nuclear".