El Tribunal de Cuentas aprecia irregularidades en sociedades estatales tras observar 15 auditor¨ªas

El Tribunal de Cuentas ha detectado actuaciones an¨®malas en la gesti¨®n algunas empresas estatales tras la observaci¨®n de 15 auditor¨ªas. La auditor¨ªa realizada a la sociedad estatal Mercados de Origen de Productos Agrarios, SA, sobre su situaci¨®n financiera a finales de 1982, ha revelado "actuaciones extra?as" en infracciones "que pueden ser base de responsabilidades civiles y disciplinarias" seg¨²n uno de los informes del ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas remitidos a la comisi¨®n de investigaci¨®n de los partidos del Congreso de los Diputados.

Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Pirla, presidente del Tribunal de Cuentas, se?ala en sus conclusiones sobre la auditor¨ªa realizada a la Federaci¨®n Espa?ola de K¨¢rate que "a 17 de octubre de 1982 quedaba pendiente de justificar un total de 1.503.896 pesetas", entre otras anomal¨ªas.De las 15 auditor¨ªas, cuyos datos fueron conocidos ayer, la mayor¨ªa no refleja indicios de responsabilidad civil o contable, a juicio del fiscal del Tribunal de Cuentas, si bien las conclusiones ofrecidas por la Intervenci¨®n General del Estado muestran anomal¨ªas numerosas y variadas.

En el caso de la auditor¨ªa realizada a la sociedad estatal Mercados de Origen de Productos Agrarios, SA, el fiscal "entiende que se han detectado actuaciones extra?as e infracciones de diferente tipo que pueden ser base de responsabilidades civiles por defecto de gesti¨®n empresarial, responsabilidades disciplinarias y, posiblemente, responsabilidades contables por perjuicios ocasionados la propia empresa por sus gestores".

El presidente del Tribunal de Cuentas, en su informe del 30 de enero pasado, considera que en la Federaci¨®n Espa?ola de K¨¢rate se produjeron entre 1979 y 1980 los siguientes hechos: "A 17 de diciembre de 1982 quedaba pendiente de justificar un total de 1.503.896 pesetas; la justificaci¨®n aportada adolece de falta de consistencia y fiabilidad; el presupuesto de la federaci¨®n no recoge la totalidad de los ingresos y pagos de la misma".

Expediente

Fern¨¢ndez Pirla recuerda a la comisi¨®n del Congreso de los Diputados dedicada a la investigaci¨®n de los partidos, pol¨ªticos, que el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha incoado ya un expediente administrativo sobre estas irregularidades, y que es ¨¦ste el cauce para dirimir las responsabilidades, ya que dicho tribunal carece de competencia jurisdiccional.La abogac¨ªa del Estado recomienda, por su parte, que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalizaci¨®n completa y detallada de las subvenciones percibidas por la residencia Campomar, situada en Guadamar del Segura (Alicante) y propiedad de la Confederaci¨®n Nacional de C¨¢maras Agrarias. El jefe de los letrados del Estado en el Tribunal de Cuentas hace dicha sugerencia "dadas las numerosas irregularidades en la actividad econ¨®mico-financiera de Campomar, as¨ª como la necesidad de una mayor profundizaci¨®n en las mismas, a efecto de la determinaci¨®n de responsabilidades contables".

El presidente del Tribunal de Cuentas advierte en sus conclusiones sobre el informe de la auditor¨ªa realizada al Consejo Regulador de la Denominaci¨®n de Origen M¨¦ntrida, que en su actuaci¨®n se perciben "presuntas infracciones a la legislaci¨®n aplicable a los consejos reguladores y pr¨¢cticas irregulares". Entre ellas se?ala "la inexistencia de los registros que le vienen exigidos por la orden de 23 de febrero de 1976", la "no exacci¨®n de diversas tasas, con repercusiones de menor ingreso para el Tesoro, cuantificado, para la exacci¨®n anual sobre plantaciones inscritas, en 1.475.900 pesetas anuales".

Respecto a la auditor¨ªa llevada a cabo sobre la situaci¨®n de la sociedad estatal Oleaginosas Espa?olas, SA, a finales de 1983, el Tribunal de Cuentas se?ala que "tanto la irregular dotaci¨®n al fondo de reversi¨®n como el ajuste de las diferencias de cambios de saldos activos y pasivos a corto plazo en moneda extranjera, suponen infracciones por parte de la sociedad del principio de continuidad que inspira el Plan General de Contabilidad Espa?ola".

En los informes, tras se?alar en numerosas ocasiones que "no se deduce [de las auditor¨ªas] la existencia de responsabilidades contables", se incluyen a veces recomendaciones, como en el caso de la empresa nacional Adaro, entidad dedicada alas investigaciones mineras. Para ella se solicita una fiscalizaci¨®n parcial a la vista de "la posible dedicaci¨®n de subvenciones y pr¨¦stamos sin inter¨¦s concedidos por el sector p¨²blico a fines distintos de los que motivaron su otorgamiento".