Querella por estafa en una urbanizaci¨®n de la localidad alicantina de San Juan
Los propietarios de 110 viviendas sociales de la urbanizaci¨®n Parque Ansaldo, de San Juan (Alicante), han solicitado de la Audiencia Territorial de Valencia la descalificaci¨®n de las mismas porque no cumplen los m¨ªnimos de calidad y dise?o establecidos por la ley. Los propietarios han presentado una querella por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento p¨²blico contra responsables del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU), del Instituto Nacional de la Vivienda y del Banco Hipotecario de Espa?a, ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Alicante.
La urbanizaci¨®n tiene 612 viviendas, que empezaron a ser habitadas en 1980. Unas 200 est¨¢n desocupadas, y otras tantas m¨¢s fueron adquiridas por el MOPU en diciembre de 1982, a ra¨ªz del primer Consejo de Ministros del Gobierno socialista. La urbanizaci¨®n, con un presupuesto de 1.500 millones de pesetas, recibi¨® en junio de 1982 la medalla y el diploma con menci¨®n de la Campa?a Europea para el Renacimiento de la Ciudad, convocada por el Consejo de Europa para premiar los proyectos o realizaciones m¨¢s destacados sobre la mejora del medio ambiente urbano. Ahora, los propietarios han acordado dirigirse al Consejo de Europa para que quede en suspenso este premio, otorgado a la promotora de viviendas, Viviendas Sociales Alicantinas, SA (Visoalsa), hasta tanto no se conozca el fallo de los tribunales.La acci¨®n judicial est¨¢ dirigida por los letrados Carlos V¨¢zquez Iruzubieta y Antonio Noguera Montejano. El expediente est¨¢ tramitado en un 95%, acogi¨¦ndose a la justicia gratuita. Seg¨²n portavoces de los afectados, un 40% de los propietarios de viviendas en Parque Ansaldo est¨¢ en el paro, y el 60% restante gana menos de 60.000 pesetas mensuales en la mayor¨ªa de los casos. Las viviendas, de 76 metros cuadrados de superficie, tienen un coste medio de unos 2.500.000 pesetas.
Desde el pasado 10 de febrero, los afectados reclaman ante la Audiencia Territorial de Valencia la descalificaci¨®n de sus viviendas y la resoluci¨®n contractual, con reintegro de las cantidades entregadas por los propietarios, que oscilan entre las 600.000 pesetas y el mill¨®n, seg¨²n los casos, devolviendo ellos las viviendas que ahora ocupan. La Audiencia ha citado ya a Visoalsa, a responsables del Banco Hipotecario de Espa?a y al conseller de Obras P¨²blicas y Urbanismo de la Generalitat valenciana para que comparezcan en el contencioso-administrativo planteado.
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