Recurso al Defensor del Pueblo para derruir un chal¨¦ construido en el Parque Regional

La Coordinadora Madrile?a de Defensa de la Naturaleza ha soficitado al defensor del pueblo, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, su intervenci¨®n para intentar conseguir la demolici¨®n de un chal¨¦ de lujo, construido en una de las zonas no urbanizables del Parque Regional del Manzanares, a la derecha de la carretera que lleva a La Pedriza. "Si no consigui¨¦ramos que los dos edificios fueran demolidos, se sentar¨ªa un peligroso precedente, quedando de esta forma invalidada, a fines pr¨¢cticos, la ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares", seg¨²n dice el recurso presentado por los ecologistas el pasado 25 de marzo.Los ecologistas han presentado denuncias similares ante el Ayuntamiento de Manzanares el Real -en cuyo t¨¦rmino municipal se ha construido el chal¨¦-, ante el Patronato del Parque Regional y ante la Consejer¨ªa de Ordeniaci¨®n del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.- El chal¨¦ es propiedad de un vecino de Manzanares el Real y consta de un edificio principal, con una superficie de 750 metros cuadrados, un segundo edificio de unos 100 metros cuadrados de planta, una caseta de f¨¢brica de ladrillo de unos 20 metros cuadratlos y una piscina cubierta cuyas medidas son siete por 11; metros.

Un portavoz de la coordinadora se?al¨® que "lo peligroso de este caso no es que sea un chal¨¦ de lujo o una vivienda de dimensiones m¨¢s modestas, sino que se ha construido con un desprecio absoluto hacia la ley del Parque Regional, y precisamente en tina zona, cerca de La Pedriza, que te¨®ricamente goza de protecci¨®n".

Seg¨²n los documentos a que han tenido acceso representantes de la coordinadora, el chal¨¦ se ha construido al amparo de una licencia de obras municipal de fecha 1 de febrero de 1982. Sin embargo, seg¨²n un informe de la Direcci¨®n General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, la licencia en cuesti¨®n s¨®lo amparaba la construcci¨®n de una vivienda unifamiliar de 316 metros cuadrados, una granja de 76 metros cuadrados de superficie y una vivienda para vaquero de 57 metros cuadrados. El informe de los t¨¦cnicos de la direcci¨®n general, fechado el 30 de septiembre de 1985, concluye que ninguna de las edificaciones existentes hoy puede considerarse como amparada por la licencia de 1982, y que en el caso de la piscina ni siquiera existe licencia.

La Consejer¨ªa de Ordenaci¨®n Territorial envi¨®, el 5 de diciembre del a?o anterior, una notificaci¨®n al ayuntamiento de la localidad advirti¨¦ndole de las infracciones observadas. El ayuntamiento, en un escrito de contestaci¨®n de 20 de diciembre, se?ala que ha inforrna do favorablemente de la legalizaci¨®n de las obras, aunque la decisi¨®n final corresponde al Gobierno regional.

La comisi¨®n permanente del Patronato del Parque Regional comprob¨® que hace unos meses, cuando el propietario del chal¨¦ pidi¨® una ampliaci¨®n de licencia, las obras estaban ya terminadas. La comisi¨®n permanente inform¨® favorablemente de las obras de ampliaci¨®n de la vivienda, pero no as¨ª en el caso de la piscina cubierta.

Ayer no fue posible localizar al alcalde de la localidad o a alg¨²n responsable de la consejer¨ªa.