?Qui¨¦n rinde cuentas al contribuyente?

YA DICE el refr¨¢n que nunca es tarde si es buena la dicha. Al fin, y tras varios meses de espera, los contribuyentes espa?oles hemos tenido una primera explicaci¨®n -aunque insuficiente- sobre la utilizaci¨®n de nuestro dinero por parte del Estado y las administraciones p¨²blicas centrales en 1985. En cuanto a las otras, ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas, habr¨¢ que esperar varios meses -o tal vez varios a?os- hasta saber c¨®mo han utilizado los fondos que les han sido confiados por los espa?oles. Aparentemente, las autoridades municipales y regionales est¨¢n lo suficientemente preocupadas por asuntos de la alta pol¨ªtica y no se sienten obligadas a algo tan prosaico como rendir cuentas a los ciudadanos del dinero que a ¨¦stos pertenece.Como hab¨ªa anunciado la mayor¨ªa de los observadores privados, en contra de las primeras estimaciones oficiales, el d¨¦ficit p¨²blico correspondiente a 1985 ha sido mayor que el previsto. El ministro Solchaga, en sus declaraciones a la Prensa, intent¨® restar importancia al asunto diciendo que, al fin y al cabo, medio punto m¨¢s de d¨¦ficit por encima de las previsiones no lleva a ninguna parte. El argumento ser¨ªa convincente si el nivel del d¨¦ficit fuera la tercera o la cuarta parte de lo que es en la actualidad, pero el 5,5% del producto interior bruto (que es, de hecho, el d¨¦ficit correspondiente al Estado y a los organismos centrales de la Administraci¨®n) equivale aproximadamente al ahorro total de las familias espa?olas. Para financiar esta cantidad es preciso, pues, o bien endeudarse en el exterior o bien apelar al ahorro de las empresas, con las consiguientes repercusiones negativas sobre la inversi¨®n. Reducir el d¨¦ficit p¨²blico es una tarea urgente y prioritaria; el deterioro del mismo es una tragedia econ¨®mica que debe preocupar al Gobierno, en contra de la tranquilidad que aparenta.

Por lo dem¨¢s, las cifras avanzadas no son del todo coherentes y, en cualquier caso, resultan bastante discutibles. Los intereses de la deuda p¨²blica, por ejemplo, no est¨¢n contabilizados de manera homog¨¦nea con el resto de los gastos: de hacerlo, habr¨ªa que a?adir otros 100.000 millones de pesetas a la cuenta en 1985 (y unos 300.000 en 1984). En segundo lugar, algunos gastos considerados como financieros representan,- en realidad, simples subvenciones de capital, probablemente a fondo perdido. El m¨¢s evidente de estos casos es la asunci¨®n de deudas del Instituto Nacional de Industria (INI) por un importe de 368.000 millones de pesetas. ?Ha recibido el Estado a cambio de esta operaci¨®n t¨ªtulos del INI que pueda vender libremente en el mercado? ?C¨®mo y cu¨¢ndo piensa, si no, el INI devolver el pr¨¦stamo? Lo mismo sucedi¨® en 1984 con la operaci¨®n Rumasa: en ambos casos, se trata de gastos cuyas contrapartidas no son financieras y que deben ser clasificados como subvenciones o transferencias. De otro modo, se desvirt¨²an los principios de contabilidad y se altera la transparencia de las cuentas p¨²blicas.

Los contribuyentes deben saber -y el Gobierno tener el coraje de confesarlo- que son ellos quienes han pagado directamente de su bolsillo la expropiaci¨®n de Rumasa y que son tambi¨¦n ellos quienes, con su dinero, han hecho frente a las deudas del INI. Contado de esta manera, el d¨¦ficit ser¨ªa bastante mayor de lo que se dice. Y as¨ª lo atestigua la necesidad global de endeudamiento del conjunto de las administraciones p¨²blicas, estimada indirectamente por algunos organismos privados en 2,4 billones de pesetas.

Quedan, por ¨²ltimo, los convidados de piedra a esta convocatoria: ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas. ?Conoceremos alg¨²n d¨ªa sus cuentas? ?Podr¨¢n seguir reclamando fondos sin explicar previamente qu¨¦ hacen con ellos? ?Piensa el Ayuntamiento de Madrid que es coherente adelantar el pago de la contribuci¨®n urbana y retrasar indefinidamente la explicaci¨®n de en qu¨¦, c¨®mo y cu¨¢ndo se est¨¢ utilizando el dinero? ?stas son interrogantes urgentes, y de la transparencia de su contestaci¨®n depende en gran parte la credibilidad de los administradores del dinero p¨²blico.