Una connivencia nunca admitida

La posibilidad de que existan conexiones entre miembros de la Fuerzas de Seguridad y los mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL), ha sido insinuada en muchas ocasiones, aunque nunca ha podido ser probada fehacientemente. En repetidas ocasiones, presuntos miembros de los GAL, como Roger Rousset, Michelle Morganti, o el neofascista italiano Giuseppe Calzona, han declarado tras ser detenidos ser confidentes de la Polic¨ªa espa?ola o que fueron contratados por los servicios secretos espa?oles.El caso m¨¢s flagrante en cuanto a posibles conexiones; entre los servicios de seguridad y los GAL se produjo tras la muerte del antiguo miembro del Batall¨®n Vasco Espa?ol Jean Pierre Ch¨¦rid, en marzo de 1984 en Biarritz, cuando su esposa solicit¨® al Gobierno espa?ol una indemnizaci¨®n por los servicios realizados por su marido para los servicios secretos. Asimismo siempre ha existido la sospecha -nunca probada- de que tres supuestos confidentes del comisario Manuel Ballesteros, cuyos nombres ¨¦ste se ha negado a facilitar durante sus distintos juicios por el atentado contra el Bar Hendayais, colaboraron en el momento de la aparici¨®n del GAL en la creaci¨®n de su infraestructura o en la contrataci¨®n de mercenarios.

Para intentar conocer los nombres de estos confidentes la organizaci¨®n Jueces para la Democracia, a finales de marzo de este a?o, expres¨® la esperanza de que el comisario Ballesteros, a -pesar de la absoluci¨®n por parte de la sala Segunda del Tribunal Supremo del delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia, revele a la Audiencia Provincial de Guip¨²zcoa los nombres de los tres sospechosos.

Asimismo y tras conocerse la informaci¨®n de que el presunto jefe de un comando de los GAL, lsmael Miquel Guti¨¦rrez, era colaborador de la polic¨ªa, seg¨²n una sentencia de abril de 1985, de la Audiencia de Barcelona, el fiscal general del Estado, Lu¨ªs Antonio Bur¨®n Barba, recibi¨®, el 3 de febrero ¨²ltimo, un escrito de abogados, catedr¨¢ticos, profesores de Universidad y otros profesionales, en el que se solicitaba que la Fiscal¨ªa General del Estado investigase las supuestas relaciones entre algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los GAL.

En la respuesta a este escrito, cuatro d¨ªas m¨¢s tarde, el fiscal general del Estado se?alaba que "no es admisible iniciar investigaciones previas a un procedimiento criminal contra personas, objeto de imputaciones, basadas en vagas referencia y sospechas", dando por archivado el escrito.

Dos meses despu¨¦s, el 3 de abril, 42 personas, abogados, profesores de Universidad y periodistas, dirigieron un nuevo escrito al fiscal general del Estado en el que ped¨ªan que se investigaran y aclarasen las presuntas responsabilidades en que hubieran podido incurrir miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actividades de los GAL".

El pasado 20 de febrero, en respuesta a una pregunta sobre los GAL del diputado socialista Javier Barrero, el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, dijo ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso: "Como hip¨®tesis, no descarto que algunos funcionarios de la Administraci¨®n est¨¦n implicados en acciones terroristas".