El Gobierno israel¨ª destituye al fiscal del Estado que quiso procesar al jefe del espionaje militar
El Gobierno israel¨ª decidi¨® ayer destituir al fiscal del Estado y asesor jur¨ªdico del Gabinete, Isaac Zamir, y sustituirle por Yossef Jarish, hasta ahora juez de distrito de Tel Aviv, que entrar¨¢ en funciones el mi¨¦rcoles pr¨®ximo. En medios jur¨ªdicos y pol¨ªticos consideran que este cambio tiene como fin enterrar el esc¨¢ndalo en que se ha visto envuelto el jefe del servicio secreto militar, el Sinh Beth, Abraham Shalom, a quien quer¨ªa procesar Zamir por falso testimonio en la muerte de dos palestinos durante un interrogatorio en 1984.
El mismo d¨ªa en que entrar¨¢ en funciones el nuevo fiscal del Estado, es decir el mi¨¦rcoles, el inspector general de la polic¨ªa, David Kraus, regresa de unas vacaciones en el extranjero. Precisamente ese d¨ªa deb¨ªa abrir Kraus la investigaci¨®n policial contra Shalom, ordenada por el destituido Zank. Los observadores se interrogan sobre si se est¨¢ ante una mera coincidencia o ante un acto de premeditado maquiavelismo.Este interrogante cobra a¨²n m¨¢s relieve si se tiene en cuenta que el primer ministro, el laborista Sim¨®n Peres, renov¨® la pasada semana su confianza en Zamir, "a pesar de ciertas y leg¨ªtimas divergencias", y se opuso a su dimisi¨®n en medio de la tempestad suscitada por el caso. Por otro lado, el propio Zamir hab¨ªa expresado p¨²blicamente su deseo de abandonar el cargo el pasado mes de febrero. T¨¦cnicamente, pues, el Gobierno ten¨ªa la posibilidad de haber "accedido" a la "petici¨®n" de Zamir.
Legalmente, el Gobierno puede poner fin, en cuaIquier momento, a las funciones del fiscal del Estado. Pero, mientras ¨¦ste se mantenga en el cargo, puede decidir soberanamente y de forma totalmente independiente -incluso contra la opini¨®n expresa del Gobierno- sobre la apertura o el cierre de cualquier caso. El fiscal del Estado es la ¨²nica personalidad capacitada para decidir si determinadas investigaciones judiciales son o no "de inter¨¦s p¨²blico".
El cambio decidido por el Gobierno, en medio de una grave controversia con su consejero jur¨ªdico y fiscal del Estado es, cuando menos, sospechoso; "una muestra de mal gusto", en opini¨®n de algunos especialistas en derecho. "El repentino relevo entra dentro de las prerrogativas de un Gobierno que encontraba crecientes problemas para trabajar con el fiscal que, no lo olvidemos, es al mismo tiempo su consejero jur¨ªdico", opinan otros juristas.
Ahora, el nuevo fiscal del Estado deber¨¢, tras estudiar el caso que ha originado la crisis, zanjar el problema. En las pr¨®ximas semanas, o d¨ªas, podr¨¢ saberse si la investigaci¨®n contra el jefe del espionaje militar se abre definitivamente o si se aceptan los argumentos del Gobierno de que ello puede poder en peligro la seguridad nacional.
El suceso que ha dado pie al esc¨¢ndalo ocurri¨® el 12 de abril de 1984, cuando un grupo de palestinos se apoder¨® de un autob¨²s en la regi¨®n central de Israel. Durante el asalto por parte de las fuerzas de seguridad murieron dos de los secuestradores y un soldado israel¨ª. Otros dos palestinos del comando perdieron la vida en circunstancias sospechosas, lo que motiv¨® la apertura de una investigaci¨®n.
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