La 'inaplazable' reforma de la Administraci¨®n de justicia sigue pendiente

La reforma de la administraci¨®n de justicia, contemplada por el prograrna electoral socialista como una cuesti¨®n de Estado, "una cuesti¨®n, incluso, de supervivencia del propio Estado de Derecho consagrado en nuestra Constituci¨®n", se ha quedado sin hacer, a pesar de algunas piedras colocadas, que no bastan para hacer camino. El incremento medio acumulativo presupuestario superior al 16% anual, la creaci¨®n de 194 ¨®rganos judiciales y la tard¨ªa aprobaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), de 1 de julio de 1985, no han desvanecido la descripci¨®n de la justicia realizada por el PSOE en 1982 como "un servicio ca¨®tico, caro y desvinculado de la conciencia de nuestra sociedad".La dotaci¨®n para justicia en los Presupuestos Generales del Estado pas¨® de 28.556 millones de pesetas en 1982 a 53.958 millones en 1985, aumento notable respecto al pasado, pero que no impidi¨® que algunas partidas se quedaran sin utilizar, por falta, por ejemplo, de unos 400 jueces y magistrados presupuestados pero inexistentes en un pa¨ªs en el que, seg¨²n el propio ministro de Justicia, Fernando Ledesma, hacen falta unos 1.000 jueces m¨¢s, si queremos homologarnos al resto de Europa.

Ante esta situaci¨®n de carencia de materia prima judicial, poca eficacia para un mejor funcionamiento de la justicia ha podido tener la creaci¨®n, desde diciembre de 1982, de 194 ¨®rganos judiciales -siete al mes-; el levantamiento de 54 nuevos edificios judiciales, y la remodelaci¨®n de otros 25.

Por otra parte, la estructura de la vieja oficina judicial permanece inalterada, hasta el punto de que los 2.700 millones de pesetas que durante el cuatrienio se han invertido en informatizaci¨®n s¨®lo pueden servir, seg¨²n un magistrado, "para informatizar el desastre de los actuales juzgados galdosianos".

El incumplimiento de la "prioridad legislativa" prometida por el PSOE para la LOPJ ha tenido un efecto multiplicador en el retraso del propio desarrollo de la misma mediante un paquete de leyes necesarias para la reforma de la estructura de la justicia. No se ha aprobado la ley de planta ni establecido la nueva demarcaci¨®n judicial, anunciadas tambi¨¦n por el programa socialista como medidas que acercar¨ªan el juez al ciudadano, permitir¨ªan la descongesti¨®n de los juzgados y tribunales de los grandes n¨²cleos de poblaci¨®n y agilizar¨ªan la tramitaci¨®n procesal.

Entre otras innovaciones para la democratizaci¨®n de la justicia, la LOPJ ha tra¨ªdo la elecci¨®n popular de los jueces de paz y ha dado facilidades para el ejercicio de la acci¨®n popular. En cambio, no ha introducido a¨²n el Jurado, pendiente de una ley futura, del mismo modo que la regulaci¨®n de los nuevos procedimientos contencisoso-administrativo y laboral y la reforma de las leyes procesales criminal y civil. La reforma urgente de la ley de Enjuiciamiento Civil, de 6 de agosto de 1984, ha sido un primer paso para la agilizaci¨®n de los procesos y, junto con otras medidas del Ministerio de Justicia, ha contribuido a limitar las corruptelas en los juzgados.

Durante la legislatura que ac¨¢ba se han sentado las bases para el abaratamiento de la justicia, distante todav¨ªa de la gratuidad total prometida asimismo por el programa socialista en 1982. Los ciudadanos que perciban menos del doble del salario m¨ªnimo interprofesional -unas 80.000 pesetas mensuales-, y en determinadas ocasiones menos del triple -120.000 pesetas mensuales-, tienen derecho a la asistencia gratuita de abogado y procurador. La proyectada supresi¨®n total de las tasas judiciales contin¨²a pendiente.