Un vidrioso asunto de droga y pol¨ªtica

Los colombianos Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodr¨ªguez Orejuela, acusados de ser dos capos del tr¨¢fico internacional de coca¨ªna, intentan evitar su entrega a Estados Unidos. Los tribunales espa?oles, tras una compleja batalla legal, han decidido enviarlos a Colombia, pero el Gobierno disiente y ha pedido al tribunal que se inhiba y deje el asunto en sus manos. La sombra de Washington parece estar detr¨¢s de la decisi¨®n del Gobierno. Estados Unidos acusa a Nicaragua de estar implicada en el narcotr¨¢fico, y uno de los detenidos, Ochoa, ser¨ªa un hombre clave. Se habla de presiones. Del narcotr¨¢fico y de los Estados implicados. El principal testigo contra Ochoa, un confidente, muri¨® acribillado a tiros en Estados Unidos hace tres meses. La sala de conflictos del Supremo, que preside Antonio Hern¨¢ndez Gil, deber¨¢ decidir si prevalece el criterio de la Audiencia Nacional o el del Gobierno.La complejidad del caso se puso de manifiesto desde el primer d¨ªa Jorge Luis Ochoa, hijo de una rico terrateniente y ganadero, y Gilberto Rodr¨ªguez Orejuela, hombre de negocios, propietario de una cadena de emisoras de radio, principal accionista de un banco y otras numerosas emprejas, fueron detenidos en Madrid el 15 de noviembre de 1984 a requerimientos de la Interpol, por existir en Estados Unidos procesos abiertos contra ambos.

Los dos colombianos hab¨ªan abandonado su pa¨ªs en mayo de 1984, poco despu¨¦s de que Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, recibiera 11 impactos de bala mientras circulaba en su autom¨®vil por un barrio residencial de la periferia de Bogota. Uno de los miembros del comando que asesin¨® al ministro, y que fue detenido mientras hu¨ªa, dijo que la orden part¨ªa de los narcotraficantes, y entre ellos cit¨® al clan Ochoa. La raz¨®n del crimen, declar¨® el asesino a la polic¨ªa colombiana, era que el ministro hab¨ªa firmado la extradici¨®n de 10 colombianos a EE UU para que fueran juzgados por tr¨¢fico de coca¨ªna. De los nombres revelados por el asesino de Lara Bon¨ªlla s¨®lo pudo ser detenido Fabino Ochoa Restrepo, padre de Jorge Luis, pero al poco tiempo fue puesto en libertad y su caso fue archivado.

Ochoa y Orejuela se hab¨ªan instalado en Madrid, bajo identidades falsas, un mes despu¨¦s del asesinato de Lara Bonilla. A nombre de sus mujeres hab¨ªan adquirido seis autom¨®viles Mercedes, una residencia con piscina, cancha de tenis, discoteca y bodega en Pozuelo de Alarc¨®n y dos pisos de lujo en la zona m¨¢s elegante de Madrid. Tambi¨¦n a nombre de sus mujeres dispon¨ªan de cuentas bancarias con 62 millones y 15 millones de pesetas. Con ellos se detuvo tambi¨¦n a Ulises Betancourt, de 50 a?os, colombiano residente en Panam¨¢ y condenado en su pa¨ªs a 18 a?os de c¨¢rcel como inductor de un asesinato. Fue puesto en libertad bajo fianza y desapareci¨® de Espa?a.

Ochoa y Rodr¨ªguez Orejuela no pudieron hacer lo mismo, ya que tras ser detenidos fueron acusados de colaboraci¨®n con bandas armadas, concretamente con el movimiento guerrillero M-19, y se les aplic¨® la ley antiterrorista. EE UU y Colombia pidieron la extradici¨®n de ambos, aunque la petici¨®n norteamericana lleg¨® antes.

Implicar a Nicaragua

El inter¨¦s de Washington por Ochoa es grande, ya que est¨¢ acusado por un tribunal de Florida de haber llegado a un acuerdo secreto con los sandinistas para utilizar una pista de aterrizaje en Nicaragua que se encontraba al cuidado del Ej¨¦rcito y para elaborar coca¨ªna en un laboratorio instalado en ese pa¨ªs, droga que era exportada a EE UU. Este acuerdo, seg¨²n la acusaci¨®n norteamericana, fue convenido con Federico Vaughan, funcionario del Ministerio del Interior nicarag¨¹ense, cuyo titular es el comandante Tom¨¢s Borge.Estas acusaciones est¨¢n basadas en el testimonio de Adler Barry Seal, piloto en la guerra de Vietnam, colaborador de la CIA una operaci¨®n contra el r¨¦gimen de Fidel Castro y condenado a 15 a?os de c¨¢rcel en Florida y Louisiana (EE UU) por tr¨¢fico de droga. Seal hab¨ªa negociado y obtenido la conmutaci¨®n de su pena a cambio de colaborar con la agencia federal que lucha contra el tr¨¢fico de droga, la Drug Enf¨®rcement Agency (DEA).

Seal, como agente infiltrado, declar¨® haber pilotado aviones repletos de droga entre Colombia y Estados Unidos. Seal asegur¨® que los aviones part¨ªan de una finca de Ochoa en Medell¨ªn, hac¨ªan escala en Nicaragua y prosegu¨ªan su viaje clandestino a Estados Unidos. La escala en Nicaragua era para repostar gasolina, ya que aunque los aviones -entre ellos un C-123- ten¨ªan autonom¨ªa para llegar a Estados Unidos, pod¨ªan llevar as¨ª menos carburante y m¨¢s droga. Seal, seg¨²n su propio testimonio, puso al descubierto la operaci¨®n el 27 de junio de 1984 al aterrizar con un avi¨®n repleto de droga -680 kilos de coca¨ªna pura- en Miami y entregarlo a los, agentes de la DEA. A partir de esa fecha, Washington reclama a la Interpol a Ochoa y al funcionario nicarag¨¹ense Federico Vaughan. Seal morir¨ªa a?o y medio despu¨¦s de esta operaci¨®n, acribillado a tiros en pleno centro de la ciudad de Baton Rouge, Estado de Louisiana. La polic¨ªa detuvo esa noche a cinco colombianos, a los que acus¨® del crimen. Desaparec¨ªa as¨ª el principal testigo contra Ochoa, que en el momento de asesinato de Seal llevaba m¨¢s de 15 meses en la c¨¢rcel en Madrid. Pese a su asesinato, el testimonio de Seal puede ser utilizado contra Ochoa, ya que es cerrado, es decir, que se realiz¨® ante un jurado, y tiene perfecta validez en la legislaci¨®n norteamericana.

Los abogados de Ochoa afirman que el asesinato del agente infiltrado es un montaje de los servicios secretos norteamericanos, ya que Seal no podr¨ªa ser repreguntado ni puesto en evidencia en caso de que Ochoa fuera juzgado en Estados Unidos.

Existen otros dos testimonios contra Ochoa, aunque de menor importancia, ya que son dos agentes de la DEA que conocen los hechos por lo que Seal les informaba, ya que eran sus contactos con el departamento.

El caso de Orejuela no tiene connotaciones pol¨ªticas, pero se ve afectado por la notoriedad del de su compa?ero. Orejuela est¨¢ reclamado por la justicia de Estados Unidos y Colombia por la venta de coca¨ªna a gran escala en Los ?ngeles y por dirigir el ¨¢rea financiera de una red de narcotr¨¢fico cuyas operaciones se contaban en decenas de millones de d¨®lares. La polic¨ªa estadounidense incaut¨® a la organizaci¨®n de Orejuela dinero, armas y droga, y un rancho en el Estado de Alabama que ten¨ªa, pista de aterrizaje para los aviones que llegaban con droga de Colombia.

Los acusados contraatacan

Los dos acusados afirmaron desde un principio que su detenci¨®n era un montaje pol¨ªtico, y acusaron, a su vez, al polic¨ªa espa?ol que les detuvo, Fernando Cos Gall¨®n, de haber sido recomendado por las autoridades norteamericanas para que se hiciera cargo del caso. Los dos colombianos afirmaron que Cos les propuso "denunciar al Gobierno de Nicaragua como promotor y protector del tr¨¢fico internacional de estupefacientes" a cambio de que no prosperara la petici¨®n de extradici¨®n de EE UU. Cos, por su parte, acus¨® a los colombianos de intentar sobornarle.A partir de aquel momento se inici¨® en la Audiencia Nacional un largo y tortuoso proceso. Un rosario de resoluciones en todos los sentidos posibles empez¨® a salir de las plumas de los magistrados. As¨ª, y sucesivamente, se acord¨® primero juzgarlos en Espa?a, luego entregarlos a EE UU y finalmente enviarlos a Colombia. Estas resoluciones, contradictorias, fueron posibles por los cambios de los miembros de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y a que alg¨²n magistrado modific¨® radicalmente y sin raz¨®n aparente el sentido de su voto. Tras 36 resoluciones y mil peripecias, la Audiencia acord¨®, por cuatro votos contra tres, conceder las extradiciones de Ochoa y Orejuela a Colombia y Estados Unidos, pero dio preferencia a la petici¨®n colombiana, atendiendo fundamentalmente al principio de nacionalidad de los detenidos.

Contra la decisi¨®n no cab¨ªa recurso, pero el Gobierno no se resign¨® y pidi¨® a la Audiencia Nacional que se inhibiera al ejecutar su decisi¨®n. La Audiencia, lejos de inhibirse, advirti¨® al Gobierno que las decisiones de los tribunales tambi¨¦n son de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo, porque, a su entender, la petici¨®n del Gobierno es una maniobra para cambiar la decisi¨®n de la Audiencia y entregar a EE UU a los colombianos.

El conflicto de competencias deber¨¢ resolverse por una sala especial del Tribunal Supremo, integrada por seis miembros, tres magistrados y tres consejeros de Estado, que est¨¢ presidida por Antonio Hern¨¢ndez Gil, que recientemente sufri¨® un atentado contra su vida. El fallido atentado fue asumido por ETA.

Todos los pa¨ªses a los que afecta el caso, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua e incluso Cuba, se han interesado por ¨¦l en diferentes instancias. Las presiones no se han hecho esperar, aunque la intensidad es diferente seg¨²n los casos y no se, reconocen. Fuentes que conocen los entresijos del proceso han destacado como sintom¨¢ticas las visitas que han intercambiado los ministros de Justicia de EE UU y Espa?a, Edwin Meese y Fernando Ledesma.

Un portavoz gubernamental ha rechazado la existencia de presiones y ha afirmado que el. Gobierno es partidario de la petici¨®n norteamericana. Fuentes pr¨®ximas al ministro de Justicia se han negado a comentar las presuntas amenazas de la mafia colombiana, que habr¨ªa llegado a amenazar a dos ministros del Gobierno. Un portavoz dijo que no exist¨ªa ninguna preocupaci¨®n, aunque reconoci¨® que s¨ª existi¨® a ra¨ªz del atentado contra Hern¨¢ndez Gil.

Ma?ana, a puerta cerrada, Hern¨¢ndez Gil, los magistrados Jos¨¦ Luis Ruiz S¨¢nchez y Pedro Antonio Mateos Garc¨ªa y los consejeros de Estado Gregorio Peces-Barba del Br¨ªo, Landelino Lavilla y Miguel Vizca¨ªno M¨¢rquez dir¨¢n la ¨²ltima palabra.