La batalla pol¨ªtica se centr¨® en el aborto y las incompatibilidades

La ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto y la aplicaci¨®n -de la ley- de incompatibilidades al colectivo m¨¦dico, han centrado la batalla pol¨ªtica entre el Gobierno y la oposici¨®n de derechas en el ¨¢mbito sanitario. Tras un tormentoso debate parlamentario y un agitado recurso ante el Tribunal Constitucional, la ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto, comenz¨® a aplicarse en el verano de 1985. Aunque la ley es tan estrecha que s¨®lo puede acogerse a ella una ¨ªnfima parte de las mujeres que desean abortar, su aplicaci¨®n estuvo rodeada de un considerable esc¨¢ndalo en el que mediaron querellas judiciales contra los m¨¦dicos practicantes de los primeros abortos y una flagrante vulneraci¨®n del derecho a la intimidad de las primeras mujeres que solicitaron acogerse a la ley.La batalla tuvo especial crudeza en el ¨¢mbito sanitario, con graves anatemas contra los m¨¦dicos dispuestos a practicar abortos, hasta el punto de que lleg¨® a temerse que la ley no se pudiera aplicar. Tambi¨¦n en el ¨¢mbito social hubo revuelo, con la creaci¨®n de comisiones pro vida cuya actividad se fue desinflando a medida que pasaba el tiempo y se comprobaba que la ley se aplicaba sin m¨¢s repercusiones adversas. El ministro de Sanidad afront¨® impasible esta campa?a, sabedor de que se hubiera producido igualmente aunque hubiera sido otro el alcance de la ley.

Aunque con dificultades, el ministerio ha logrado garantizar que en cada comunidad aut¨®noma exista al menos un centro p¨²blico en el que se practiquen abortos. Son los ¨²nicos, puesto que ning¨²n centro privado ha solicitado acreditaci¨®n para hacerlo. Esto ha sido interpretado como prueba de que la ley es tan corta que no ofrece posibilidad alguna de lucro.

El n¨²mero de abortos realizados al cabo del a?o es m¨ªnimo. El ministro se ha negado a facilitar la cifra exacta, pero no sobrepasa los 300, mientras m¨¢s de 20.000 espa?olas siguen abortando cada a?o en el extranjero y se cuentan por miles las que lo realizan clandestina pero toleradamente en Espa?a.

La ley no ha satisfecho ni las peticiones feministas ni las de los sectores moderadamente progresistas, de modo que, al t¨¦rmino de la legislatura, calmadas ya las aguas en la derecha, han comenzado a o¨ªrse voces de quienes reclaman una nueva legislaci¨®n menos restrictiva, entre las que figura la de los fiscales progresistas. Estas reclamaciones han merecido menos atenci¨®n del Gobierno que las procedentes de la derecha, y algunos ministros han hecho declaraciones anunciando que, de momento, no se piensa modificar la ley.

En la aplicaci¨®n de la ley de incompatibilidades tambi¨¦n hubo mas ruido que nueces. En la pr¨¢ctica, no represent¨® una liberaci¨®n significativa de puestos de trabajo que permitiera paliar el problema del paro m¨¦dico, de modo que el descontento abarca a un sector m¨¢s amplio que el de los pluriempleados recalcitrantes.

La ley se ha aplicado sin modificar paralelamente las condiciones, laborales y salariales de los m¨¦dicos de la Seguridad Social, que cobran retribuciones notablemente inferiores a las que creen merecer por su calificaci¨®n profesional. A las protestas de los sectores de derechas se ha sumado el descontento de segmentos que defienden simplemente una postura profesional. ?stos alegan que, al no ir acompa?ada de una pol¨ªtica de incentivos profesionales adecuada, la ley todav¨ªa fomenta m¨¢s la desafecci¨®n de los m¨¦dicos hacia las instituciones sanitarias.