La necesidad de una nueva ley de regulaci¨®n

Cu¨¢ndo se aprob¨® esta ley, muchas voces, desde el movimiento feminista y los profesionales sanitarios progresistas, se?alamos que era insuficiente y que su aplicaci¨®n traer¨ªa tantos problemas que incluso los casos supuestamente cubiertos por la misma quedar¨ªan sin resolver.La realidad ha sido as¨ª. El n¨²mero exacto de abortos realizados legalmente en nuestro pa¨ªs se desconoce, pero ¨¦stos no superan los 300, con una distribuci¨®n muy irregular, ya que hay comunidades aut¨®nomas donde no se realizan, y all¨ª las mujeres afectadas deben desplazarse muchos kil¨®metros para resolver casos para los que hay recursos suficientes en sus ciudades de origen. Por otro lado, la publicidad que se dio inicialmente al tema ha disminuido las posibilidades de su realizaci¨®n, y hace que los abortos legales est¨¦n rodeados en este momento de un halo de clandestinidad que produce sobre las mujeres efectos psicol¨®gicos parecidos al aborto ?legal y que a veces crea repercusiones sobre la misma atenci¨®n sanitaria.

Las comisiones evaluadoras se han enfrentado en muchas ocasiones con las actuaciones obstruccionistas de algunos de los profesionales que las componen, lo que ha producido retrasos e incluso decisiones contradictorias que han imposibilitado la aplicaci¨®n de la ley, cuando ¨¦sta recoge claramente que sus decisiones no' pueden ser determinantes. En alguna ocasi¨®n ha habido intolerables intromisiones totalmente ajenas a su funci¨®n. Por se?alar s¨®lo dos ejemplos de hechos acaecidos, se ha dado un caso en que la comisi¨®n evaluadora se entrevist¨® con la mujer que solicitaba el aborto para convencerla (y evidentemente presionarla) de que desistiera de su actitud, y otro en el que la autoridad judicial tuvo que personarse ante una de ellas para recordarle sus limitaciones (determinar las indicaciones m¨¦dicas), ya que pretend¨ªa investigar (ejerciendo de polic¨ªa) la existencia o no de una violaci¨®n. Son an¨¦cdotas, pero desgraciadamente no tan infrecuentes, y han producido, entre otros efectos, el que algunos abortos perfectamente legales dejaran de serlo por agotarse el plazo correspondiente, lo que, que se sepa, ha sucedido en una veintena de casos conocidos.

Evitar tr¨¢mites

El resultado es que muchas mujeres incursas en los supuestos que contempla la ley prefieren utilizar la v¨ªa del aborto ilegal (dentro o fuera de nuestras fronteras) para evitar los tr¨¢mites burocr¨¢ticos y las humillaciones que conlleva el aborto legal. As¨ª, en una encuesta reciente realizada en m¨¢s de 600 mujeres que hab¨ªan abortado ?legalmente despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley, se descubri¨® que un 5% podr¨ªa haberlo hecho acogi¨¦ndose a la misma, pero prefiri¨® el coste econ¨®mico y/o el riesgo de utilizar el circuito ilegal. Pocos ejemplos m¨¢s ilustrativos del fracaso de la limitada regulaci¨®n actual.

?sta es una vertiente de los problemas que tienen las espa?olas que desean abortar legalmente, pero hay otra, no menor, y es la que crea la actitud de algunos profesionales sanitarios contrarios al aborto y la inexistencia de una regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia.

Desde el principio, la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial ha intentado detener cualquier regulaci¨®n del tema en nuestro pa¨ªs, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional su t¨¢ctica fue la de ampararse en la objeci¨®n de conciencia para evitar su realizaci¨®n en el sector sanitario p¨²blico. El Ministerio de Sanidad, tan proclive a ceder arite la m¨ªnima presi¨®n del corporativismo m¨¦dico, no ha sido capaz de afrontar el problema y, al no realizar una regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia, ha dejado ¨¦sta al libre arbitrio, "en cada caso concreto", de cada profesional, a la vez que tolera las presiones de los jefes de servicio para impedir la realizaci¨®n de abortos en los centros p¨²blicos. El resultado es que s¨®lo unos pocos centros realizan abortos, y a veces, como en el hospital de M¨®stoles, con personal contratado al efecto, mientras que otros hospitales con recursos y personal suficiente para su pr¨¢ctica no lo hacen debido a las presiones del poder m¨¦dico. Incide tambi¨¦n el que la falta de cobertura legal retrae a los ginec¨®logos partidarios del aborto a participar en los mismos, ante la posibilidad, en estas circunstancias, de verse convertidos en aborteros, limitando as¨ª su horizonte profesional.

Motivos socioecon¨®micos

Todas estas circunstancias obligan a que se realice una nueva regulaci¨®n de la interrupci¨®n del embarazo para poder permitir su acceso en igualdad de condiciones a todas las mujeres. Se ha hablado ¨²ltimamente, incluso por responsables del Gobierno, de la posibilidad de incluir un nuevo supuesto -"los motivos socioec¨®nomicos"- en la ley, lo que, desde luego, ser¨ªa una mejora de la actual situaci¨®n, pero ?qui¨¦n determinar¨ªa estos motivos? Parece l¨®gico no volver a incurrir en los errores anteriores y dejamos de eufemismos. Se impone un sistema de plazos, como existe en la mayor¨ªa de los pa¨ªses del mundo civilizado, y dejar,a las mujeres que decidan ellas ni?smas, y no unas coinisiones evaluadoras, que siempre utilizar¨¢n criterios arbitrarios y que, desde luego, suponen el someter a las mujeres y a sus problemas a un tribunal examinador.

Se ampl¨ªe la ley a los motivos socioecon¨®micos o se utilice el sistema de plazos, es necesario que esta nueva regulaci¨®n se acompa?e de una determinaci¨®n clara de la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios (y no s¨®lo de los m¨¦dicos) que permita la elaboraci¨®n de una Esta de objetores, renovable peri¨®dicamente (por ejemplo, anualmente), que permita la planificaci¨®n de los recursos asistenciales disponibles y que evite el peregrinaje de las mujeres que quieran acogerse a la ley. Si no se hace as¨ª, estar¨¢ potenci¨¢ndose la soluci¨®n del problema por el sector privado o en los circuitos ilegales, manteniendo, por tanto, una discriminaci¨®n seg¨²n los niveles de renta de las mujeres y, lo que es peor, graves problemas para la salud de las mismas, pues nadie debe olvidar que, despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley actualmente en vigor, han muerto cuatro mujeres a consecuencia de abortos clandestinos.

es miembro de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica.