Las penurias de los perdedores

El Estado decidi¨®, en noviembre de 1984, reconocer, mediante pensiones, los derechos de los espa?oles que hoy hace 50 a?os comenzaron a luchar en defensa de la Rep¨²blica. La ley establece diferencias fundamentales que favorecen a aquellos que ingresaron en el Ej¨¦rcito republicano antes del 18 de julio de 1936, a los que considera profesionales de las Fuerzas Armadas. Ochenta mil reenganchados despu¨¦s del alzamiento militar presentaron solicitud para cobrar la pensi¨®n m¨ªnima (unas 30.190 pesetas) durante los tres primeros meses de 1985.

Para conseguirlo comenzaron lo que los militares definen como el calvario de las justificaciones": revisar en hemerotecas o buscar justificaciones de sentencias de tribunales franquista. Perdieron los papeles que ahora les exigen. "No ¨ªbamos a conservar algo que nos pod¨ªa hacer perder m¨¢s de lo se fue con la guerra", dice un anciano de 74 a?os.La mitad de estas peticiones fueron rechazadas. Los otros tuvieron que atravesar de nuevo el papeleo, esta vez frente a las delegaciones de Hacienda, donde deb¨ªan justificar que sus ingresos anuales eran inferiores a 990.000 pesetas y que no recib¨ªan otra pensi¨®n estatal.

La larga espera

"Y es que hab¨ªa que comer entre tanto", explica Manuel Santamarina, excombatiente republicano, que explica que su ¨²nica traba para cobrar la pensi¨®n es que le ha ido bien en la vida. "Ya que hemos tenido que: esperar 48 a?os nos pod¨ªan haber reconocido mejor", a?ade.El abogado Luis Rold¨¢n, representante de la Asociaci¨®n de Aviadores de la Rep¨²blica (ADAR), logr¨® que el Tribunal Constitucional admitiera hace unas semanas a tr¨¢mite recursos para declarar anticonstitucional la ley que "establece tantas diferencias entre un militar republicano que ingres¨® el 17 de julio de 1936 y otro que lo hizo dos d¨ªas m¨¢s tarde".

Los militares republicanos se quejan, adem¨¢s, de que, a diferencia de los que ingresaron en filas antes del levantamiento contra la Rep¨²blica, no pueden utilizar el uniforme, "excepto en actos expresamente convocados", tal y como indica la ley. Entre ellos han creado organizaciones para encontrarse y recordar, como explica Miguel Ayuga, tesorero de los antiguos miembros carabineros.

"Adem¨¢s", a?ade, "entre todos echamos una mano a los que pasan penurias y no tienen pensi¨®n. No hay que perder el esp¨ªritu c¨ªvico que intentamos defender entonces", explica un antiguo carabinero de 70 a?os.

Donde existe acuerdo entre los aspirantes a pensionistas y la Administraci¨®n es en que "cada d¨ªa mueren un mont¨®n de los solicitantes". "Ya hay infinidad de compa?eros que se han muerto esperando la pensi¨®n. Con las muerte comienza otra vez el calvario para la viuda, nuevas justificaciones, papeles. Vuelta a empezar", afirma Ayuga.

Los carabineros

Los carabineros, unos 8.000 en total, se encuentran en la misma situaci¨®n. "Nosotros somos aquellos que defendimos con uniformidad y disciplina, y dando la cara, el Gobierno leg¨ªtimo", explica Antonio Beltr¨¢n, que fue teniente con 17 a?os. "Al conocer la ley nos sentimos decepcionados".Los pocos militares republicanos que quedan se rebelan contra esta ley que les proh¨ªbe cobrar una pensi¨®n mensual de unas 36.000 pesetas. La larga marcha de la justificaci¨®n de su participaci¨®n en las filas republicanas ha costado varios disgustos.

Las ¨²nicas pruebas se remiten a La Gaceta de la Rep¨²blica, al Bolet¨ªn de la Instituci¨®n de Carabineros y a los boletines de la Generalitat catalana o del Ministerio de Defensa. Frecuentemente se dan casos de personas que encuentran su nombramiento en cualquiera de estos hist¨®ricos papeles, pero les han cambiado una letra o el apellido.

As¨ª, un Juan Manuel Albares Mart¨ªnez, que fue transcrito hace cincuenta a?os y por un error de imprenta como Juan Manuel ?lvarez Mart¨ªnez, ha tenido que adjuntar una declaraci¨®n jurada de sus compa?eros asegurando que, en efecto, hab¨ªa luchado a su lado, seg¨²n explica Jos¨¦ Mar¨ªa Vidal, encargado del departamento de clases pasivas dependiente del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda.

La picaresca contra la ley

El representante de la Administraci¨®n, que se ha visto obligado un par de veces a llamar a la Polic¨ªa para disolver las protestas de ex combatientes frente a su oficina, explica que muchos se sirven de la picaresca para cobrar la pensi¨®n, que hay cu?adas que se hacen pasar por viudas y gemelos que tienen el mismo nombre.Unas 50 personas trabajan en la oficina de la Administraci¨®n que centraliza las solicitudes. Algunos la han cursado desde los lugares d¨®nde residen: Francia, M¨¦xico, Venezuela, Argentina, EE.UU, Australia e, incluso, algunos pa¨ªses del Este.

La avalancha de solicitudes, seg¨²n explica Jos¨¦ Mar¨ªa Vidal, les oblig¨® a contratar nuevo personal para agilizar las concesiones.

"Al final lo que exigimos", explica Beltr¨¢n, excombatiente republicano, "es que nos reconozcan como militares de pleno derecho. Nosotros somos respetuosos con la Monarqu¨ªa que defiende la democracia y estar¨ªamos orgullosos de pertenecer a las Fuerzas Armadas". "Si hay que defender la Constituci¨®n ah¨ª estaremos nosotros".