La otra cara del aborto

UN A?O despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley de Regulaci¨®n de la Despenalizaci¨®n del Aborto, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha manifestado, en el curso de una pintoresca conferencia de prensa, que el Gabinete socialista est¨¢ estudiando diversas sugerencias de los colectivos feministas en orden a ampliar los supuestos contemplados en dicha ley. En parecidos t¨¦rminos se expres¨®, al inicio de la pasada campa?a electoral, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma.Las declaraciones de Guerra han venido a coincidir, en este primer aniversario de la ley, con la confirmaci¨®n por fuentes oficiales brit¨¢nicas de algo que las feministas espa?olas ven¨ªan denunciando desde hace tiempo: que el n¨²mero de mujeres espa?olas que sigue acudiendo a las cl¨ªnicas londinenses para abortar no ha disminuido sensiblemente desde la entrada en vigor de la ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto.

La ley entr¨® en vigor el 3 de agosto de 1985. Sin embargo, seg¨²n datos brit¨¢nicos, cerca de 8.000 espa?olas abortaron en Londres en el segundo trimestre de dicho a?o, frente a apenas 200 que lo hicieron legalmente en Espa?a a lo largo de los ¨²ltimos 12 meses. El Instituto de la Mujer estima en 90.000 el n¨²mero de espa?olas que abortaron en el extranjero en el curso del a?o 1985. A dicha cifra habr¨ªa que a?adir la correspondiente a los abortos realizados clandestinamente, a menudo en condiciones lamentables, en Espa?a.

Son datos que mueven a reflexi¨®n, pero que no pueden causar sorpresa. La ley se enfrent¨® desde el primer momento al sabotaje deliberado de los sectores m¨¢s reaccionarios de la sociedad espa?ola, que lograron rodear de esc¨¢ndalo el ejercicio de ese derecho privado reconocido por la ley.

Las vejaciones a que se vieron sometidas numerosas mujeres que acud¨ªan a los centros correspondientes y se ve¨ªan obligadas a someterse a un tercer grado en el que personas ajenas a. su conciencia y su posible drama personal se erig¨ªan en interrogadores y jueces sobre cuestiones estrictamente privadas, m¨¢s la manipulaci¨®n posterior, en t¨¦rminos escandalosos, de casos concretos colocados bajo los focos del espect¨¢culo p¨²blico, determinaron a no pocas mujeres a renunciar a su derecho, optando, bien por llevar a t¨¦rmino el embarazo, bien por tomar el avi¨®n hacia alguna capital europea o por recurrir a cl¨ªnicas privadas en que los abortos se realizan en situaci¨®n de clandestinidad m¨¢s o menos tolerada.

No s¨®lo esto: la tramitaci¨®n es con frecuencia tan lenta que para cuando la mujer que quiere abortar obtiene el visto bueno correspondiente ha superado ya las 12 semanas de embarazo, lo que toma imposible, en los t¨¦rminos de la legislaci¨®n actual, su efectiva realizaci¨®n.

El procedimiento habitual en la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas es el siguiente: el centro de planificaci¨®n familiar env¨ªa a la mujer a la direcci¨®n provincial del Insalud con un dictamen del m¨¦dico o psic¨®logo. En dicha direcci¨®n se ordenan pruebas complementarias a realizar, seg¨²n los casos, en ambulatorios del propio Insalud, en la comisi¨®n gen¨¦tica -en los supuestos de aborto eugen¨¦sico- o en el centro de planificaci¨®n familiar. S¨®lo entonces la direcci¨®n provincial remite los dict¨¢menes a la comisi¨®n de evaluaci¨®n del hospital acreditado, la cual autoriza o deniega el permiso para la intervenci¨®n. Una tramitaci¨®n que dif¨ªcilmente se resuelve en menos de dos meses, durante los que se pone a prueba la capacidad de resistencia psicol¨®gica y f¨ªsica de la paciente. Con el resultado de que al t¨¦rmino de aqu¨¦lla, si la mujer no ha optado antes por Londres o la clandestinidad, el aborto ha de realizarse en el l¨ªmite del plazo legal, cuando no, en la pr¨¢ctica, superado ya, lo que aumenta el riesgo de la intervenci¨®n.

Tan complicado tr¨¢mite plantea adem¨¢s problemas suplementarios, como los derivados de la existencia de dict¨¢menes m¨¦dicos contradictorios y, al final, la asunci¨®n por parte de las comisiones de evaluaci¨®n de la capacidad de decisi¨®n, inapelable en la pr¨¢ctica dado el l¨ªmite temporal. Y como, a su vez, la ley reconoce a los m¨¦dicos un derecho absoluto a la objeci¨®n de conciencia, es el derecho efectivo de la mujer el que se ve sometido al arbitrio de decisiones ajenas a ella.

Las insuficiencias de la ley son evidentes y, por cierto, reflejo de una pusilanimidad del Gobierno poco acorde con la mentalidad mayoritariamente abierta y tolerante de la sociedad espa?ola actual. Pero la legislaci¨®n existente en algunos otros pa¨ªses no es en s¨ª misma mucho m¨¢s permisiva. La diferencia reside, m¨¢s bien, en la diferente actitud de un poderoso sector de la clase m¨¦dica, m¨¢s inclinada en Espa?a a reclamar privilegios, incluso de orden ideol¨®gico, que a reconocer derechos ajenos. A la luz de las cifras, la ley del aborto ha fracasado en sus principales objetivos. Pero no ser¨¢ suficiente mejorar su texto para que tales objetivos humanitarios sean alcanzados. El establecimiento de normas claras que delimiten con precisi¨®n d¨®nde comienza y d¨®nde termina la facultad de los m¨¦dicos para interferir en la vida privada de las mujeres que desean abortar, y la simplificaci¨®n radical de los tr¨¢mites necesarios para garantizar el efectivo disfrute de los derechos que le ley reconoce, son condiciones previas ineludibles para que la siniestra realidad que las cifras ahora conocidas revelan puedan convertirse un d¨ªa en mero recuerdo de un pasado de oscurantismo e intolerancia.