La justicia civil argentina agiliza el proceso contra el 'carnicero de Buenos Aires'

La C¨¢mara Federal, el m¨¢ximo tribunal civil de la justicia argentina, decidi¨® no procesar al general Ram¨®n Camps, ex jefe de la polic¨ªa de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, en 30 de las 250 causas que el fiscal incluy¨® en su acusaci¨®n. La medida afecta adem¨¢s al general Ovidio Richeri, sucesor de Camps en el cargo, y a cuatro altos jefes de la represi¨®n. Con esta decisi¨®n, el tribunal elimina todas las acusaciones que pueden provocar demoras en el juicio p¨²blico contra el carnicero de Buenos Aires, que se inicia el 22 de septiembre.

La C¨¢mara Federal desea dictar sentencia antes de fin de a?o en las causas contra los generales Camps y Luciano Benjamin Men¨¦ndez, los dos m¨¢ximos jefes en prisi¨®n preventiva que son reconocidos como l¨ªderes por los sectores ultras de las Fuerzas Armadas.El fiscal Julio Cesar Strassera eligi¨® s¨®lo 250 casos, entre miles de denuncias, para probar las graves violaciones a los derechos humanos de que se acusa a Camps, Richeri y otros jefes de la polic¨ªa durante la dictadura. De cada uno de ellos va a presentar testimonios y documentaci¨®n suficientes para demostrar la responsabilidad directa de los acusados en secuestros, desapariciones masivas, torturas y asesinatos durante la dictadura militar.

Por otra parte, se ha comprobado tambi¨¦n el funcionamiento de numerosos campos de concentraci¨®n que estaban a cargo de la polic¨ªa de la provincia de Buenos Aires, que entonces actuaba bajo la jurisdicci¨®n del Primer Cuerpo de Ej¨¦rcito, con sede en la capital federal. Camps y Richeri ser¨¢n acusados adem¨¢s de falsificaci¨®n de identidad, al igual que el m¨¦dico Jorge Antonio Berges, en los casos de ni?os nacidos en cautiverio que fueron entregados a familias de altos oficiales.

El general Camps, que contin¨²a internado en el hospital militar central de Buenos Aires, donde se le trata de un c¨¢ncer, no ha designado abogado defensor y se neg¨® a amplias la declaraci¨®n que present¨® ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cuando el tribunal civil se present¨® en el hospital para interrogarle. De forma p¨²blica, Camps desconoci¨® siempre la autoridad de la C¨¢mara Federal para juzgarle por hechos que ¨¦l considera del "¨¢mbito militar". En art¨ªculos period¨ªsticos escritos desde su lecho de enfermo y publicados por el conservador diario La Prensa, el m¨¢s antiguo del pa¨ªs, el carnicero de Buenos Aires asegura que "es inadmisible la intromisi¨®n de la justicia civil para juzgar acciones de la victoriosa guerra que las Fuerzas Armadas libraron contra la subversi¨®n".

El Gobierno pretende, por su parte, que el juicio sea lo m¨¢s r¨¢pido posible porque, una vez solucionados los casos Camps y Men¨¦ndez, se podr¨¢ afrontar la cuesti¨®n de la amnist¨ªa para los responsables menores de la guerra sucia.

El Ejecutivo argentino pretende as¨ª quedar con las manos libres para concluir, durante el pr¨®ximo a?o, el dif¨ªcil debate sobre la ley de la Defensa, que pretende recortar el poder militar. Los sectores castrenses m¨¢s conservadores no est¨¢n de acuerdo con el actual texto de la ley, que se est¨¢ analizando en el Senado. As¨ª, el actual jefe de la Marina, el vicealmirante Ram¨®n Arosa, ha planteado la revisi¨®n de 19 de los 37 art¨ªculos del proyecto de ley, con el fin de permitir una mayor participaci¨®n militar en caso de "amenaza ideol¨®gica interna".