Cien guardias ante un juez

EL 14 de mayo de 1981, a las tres de la tarde, Tom¨¢s Linaza Euba, de 57 a?os de edad, padre de un presunto miembro de ETA que en ese momento se encontraba encarcelado en Francia pendiente de demanda de extradici¨®n presentada por el Gobierno espa?ol, fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Lemona (Vizcaya). Cinco horas antes, en la misma localidad, ETA hab¨ªa hecho estallar una furgoneta que conten¨ªa 450 kilos de Goma 2. El atentado produjo la muerte de dos guardias civiles y heridas de gravedad a un tercero. Linaza, tras permanecer detenido por espacio de ocho d¨ªas, en aplicaci¨®n de la legislaci¨®n antiterrorista, en el cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao, y en la direcci¨®n general de dicho cuerpo, en Madrid, fue puesto en libertad sin cargos. Un d¨ªa despu¨¦s compareci¨® en Bilbao en conferencia de prensa mostrando a los informadores marcas que asegur¨® proced¨ªan de las torturas y malos tratos a que hab¨ªa sido sometido durante los tres primeros d¨ªas de detenci¨®n, y que hab¨ªa denunciado ante los jueces. Un forense certific¨® la existencia de se?ales de tortura. El llamado caso Linaza es, pues, antes de cualquier otra consideraci¨®n, un caso de presuntas torturas.Las diligencias previas relativas a la denuncia no se iniciaron hasta 1984, tres a?os despu¨¦s de los hechos. La investigaci¨®n top¨® con la actitud de los mandos de la Guardia Civil, que se negaron a especificar qu¨¦ agentes participaron en la detenci¨®n e interrogatorios del detenido, limit¨¢ndose, tras los requerimientos pertinentes, a facilitar la lista de todos los guardias que en la fecha de referencia estaban adscritos a la comandancia de Bilbao. La juez encargada del caso fue convocando, en grupos de n¨²mero variable, a los agentes incluidos en dicha lista a fin de proceder a ruedas de identificaci¨®n por parte del denunciante. En una de ellas, realizada el 25 de junio de 1985, Linaza identific¨® a un sargento y a un n¨²mero de la Guardia Civil como dos de las personas que presuntamente le torturaron. Linaza declar¨® en su denuncia que, al margen de los interrogatorios, tres agentes vestidos de uniforme que acababan de regresar del funeral por los dos guardias asesinados en Lemona el d¨ªa de su detenci¨®n le propinaron una paliza en el cuartel de La Salve. Esos tres guardias no han sido identificados hasta ahora.

La petici¨®n de comparecencia de 90 guardias civiles y el conflicto actual se ha producido en el marco de una dilatada secuencia que ha venido enfrentando a la juez encargada del caso con los mandos de la Guardia Civil.

Ahora la pugna ha tomado la forma de un pulso entre dos poderes del Estado. Es cierto que la comparecencia de m¨¢s de 200 agentes en sucesivas ruedas de identificaci¨®n constituye un hecho sorprendente, an¨®malo si se quiere, e incluso, cinco a?os despu¨¦s de sucedidos los supuestos hechos que motivaron la denuncia, dudosamente eficaz a efectos del esclarecimiento. Pero no lo es menos que el obstruccionismo y las t¨¢cticas dilatorias por parte de los mandos de la Guardia Civil es una actitud inadmisible que, por encima de otra consideraci¨®n, vulnera la ley. Reconocimientos masivos, lesivos seg¨²n los mandos para la dignidad de los agentes, se hubieran evitado si, en cumplimiento de su deber legal y moral de colaborar con la justicia, los propios cuerpos de seguridad hubieran realizado en su momento la investigaci¨®n precisa para concretar las responsabilidades individuales de los implicados. Ello remite, una vez m¨¢s, a la necesidad de creaci¨®n de una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial, dependiente de la magistratura, encargada de investigar casos como el ahora planteado.

A la vista de la situaci¨®n, y antes de llegar a las ruedas masivas de guardias civiles, de utilidad procesal discutible, la juez deber¨ªa quiz¨¢ haber recurrido al Consejo General del Poder Judicial, denunciando las dificultades que, para el desempe?o de su misi¨®n, encontraba en las autoridades policiales. Pero se trata de una posibilidad, no de una obligaci¨®n. De otra parte, su decisi¨®n pod¨ªa haber sido recurrida por la Direcci¨®n General de la Guardia Civil, invocando los preceptos legales citados en el oficio cursado u otros. Lo que resulta netamente escandaloso es que dicha direcci¨®n general se erija simult¨¢neamente en recurrente y juzgador del recurso, resolviendo ¨¦ste por su cuenta y desobedeciendo el mandato judicial. Por ¨²ltimo, que el poder ejecutivo ampare expl¨ªcitamente tal actitud, contraria a las m¨¢s elementales normas del Estado de derecho, desborda los l¨ªmites de lo imaginable. Con su decisi¨®n, el Gobierno se ha colocado frente a la ley.

No parece casual que la difusi¨®n del escrito de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil se haya producido cinco d¨ªas despu¨¦s de haber sido remitido, pero apenas un d¨ªa m¨¢s tarde de que tal iniciativa fuera recomendada desde los sectores de opini¨®n que reclaman la reforma de la legislaci¨®n en el sentido de sustraer a los jueces del Pa¨ªs Vasco la competencia sobre las denuncias por torturas y malos tratos a los detenidos acusados de terrorismo. La pol¨¦mica sobre lo adecuado o no de convocar simult¨¢neamente a varias decenas de guardias civiles para un tr¨¢mite de reconocimiento -que es ciertamente cuesti¨®n discutible- parece pretender justificar tanto la desobediencia lisa y llana a los mandatos judiciales cuando ¨¦stos afectan a funcionarios policiales como estimar imprescindible la reforma citada. Las reticencias mostradas en su d¨ªa por las autoridades francesas a conceder extradiciones de miembros de ETA, precisamente por la existencia en nuestro pa¨ªs de una jurisdicci¨®n especial para delitos de terrorismo, permite cuando menos poner en duda la oportunidad de la reforma.

Pero lo peor de todo el caso es el vaciamiento moral al que el Gobierno socialista se ve abocado en muchas de sus reacciones frente a la amenaza terrorista. El planteamiento de la lucha antiterrorista como una especie de duelo en el que ha de vencer el m¨¢s fuerte es simplemente suicida para la convivencia y la construcci¨®n del Estado democr¨¢tico. Es la confianza en ¨¦ste, y el escrupuloso respeto a sus normas legales y morales, lo ¨²nico que puede otorgar fuerza moral a este pa¨ªs a la hora de erradicar esa gangrena p¨²trida de ETA. Para ello se necesita una Administraci¨®n de justicia fuerte e independiente y unos servicios de seguridad que eviten toda tendencia a convertirse en la partida de la porra.