De la ley del orden

EN ESTE contexto que envuelve a las sociedades occidentales frente al terrorismo, el Parlamento espa?ol celebr¨® ayer una sobrecargada sesi¨®n con el ministro del Interior para conocer y controlar -como es propio de toda sociedad democr¨¢tica- la actuaci¨®n del Gobierno en este terreno, y especialmente sobre algunos asuntos concretos que han venido reclamando la atenci¨®n p¨²blica en los ¨²ltimos d¨ªas.Jos¨¦ Barrionuevo revel¨® ayer ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso que la decisi¨®n de desatender la orden judicial de comparecencia de 90 guardias civiles que deb¨ªan someterse a un tr¨¢mite de reconocimiento fue adoptada por su departamento "previo acuerdo con el Ministerio de Justicia y contando con la aprobaci¨®n del presidente del Gobierno". Poco antes, y en respuesta a diversas preguntas de miembros de la comisi¨®n sobre la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista, Jos¨¦ Barrionuevo remiti¨® al debate sobre las medidas de reforzamiento de dicha ley propuestas por Coalici¨®n Popular la discusi¨®n sobre la conveniencia o no de prolongar la vigencia de la misma.

Al parecer, el Gobierno es partidario, al igual que Coalici¨®n Popular, de reformar la legislaci¨®n antiterrorista, pero no para modificar aquellos art¨ªculos que en su d¨ªa dieron origen a recursos por presunta inconstitucionalidad, sino precisamente para ampliar a nuevos supuestos esa sospecha de inconstitucionalidad. Y de momento ampara iniciativas que han forzado al Consejo General del Poder Judicial a recordar que "todos, incluyendo el Gobierno, est¨¢n obligados a cumplir las resoluciones y mandatos judiciales". Todo ello en nombre de la eficacia.

Esa eficacia, sin embargo, brilla m¨¢s bien por su ausencia. De los numerosos datos ofrecidos ayer por el ministro en relaci¨®n a la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista se deduce que desde la entrada en vigor de la misma, el 4 de enero de 1984, sus supuestos fueron aplicados a un total de 1.026 personas, de las que tan s¨®lo 374, el 36,5%, pasaron a disposici¨®n judicial. El informe presentado ayer por Barrionuevo no precisa qu¨¦ porcentaje de los detenidos puestos a disposici¨®n Judicial fue efectivamente procesado, pero es evidente que se trata de una porci¨®n m¨ªnima de esas 1.026 personas. De los 1.339 registros domiciliarios que se efectuaron al amparo de esa ley, dio resultado positivo el 32%. Por otra parte, en los ¨²ltimos siete meses -desde la anterior comparecencia del ministro ante la comisi¨®n-, ETA ha asesinado a 34 personas, cuatro m¨¢s que en el mismo per¨ªodo del a?o anterior, dos terceras partes de ellas en acciones atribuidas al denominado comando Madrid.

Varios de los diputados que tomaron ayer la palabra llamaron la atenci¨®n sobre lo que consideraron "fracaso pol¨ªtico" de la legislaci¨®n antiterrorista, que naci¨® para ser aplicada de forma selectiva, excepcional, y que, sin embargo, seg¨²n el representante del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Azc¨¢rraga, "se est¨¢ aplicando de forma sistem¨¢tica e indiscriminada".

Pero el problema fundamental es la sospecha, de la que se hicieron portavoces algunos de los diputados que intervinieron ayer, de que la incomunicaci¨®n y prolongaci¨®n del per¨ªodo de detenci¨®n que autoriza la legislaci¨®n excepcional es utilizada para amparar la pr¨¢ctica de la tortura durante los interrogatorios. Es cierto, como record¨® el ministro, que los etarras detenidos denuncian sistem¨¢ticamente haber sido torturados, pero ello no puede hacer olvidar que existen casos, si bien menos numerosos que en el pasado, en los que las denuncias correspondientes han sido avaladas por informes forenses.

El problema del terrorismo plantea a los Estados democr¨¢ticos dificultades enormes, y ninguna ingenuidad o falsa buena conciencia es permisible ante ¨¦l. El Estado debe emplearse con firmeza en esa batalla, pero siempre bajo el imperio de la ley. De nada servir¨ªa acabar con esa plaga, principal peligro que acecha hoy a las sociedades democr¨¢ticas, si el precio es la asunci¨®n por esa sociedad y sus instituciones representativas de la mentalidad y valores de los propios terroristas. Para ¨¦stos, todo vale, desde la coacci¨®n al asesinato, si va dirigido, real o imaginariamente, a un fin previamente establecido. Pero para el Estado democr¨¢tico, no. La comparecencia de Barrionuevo resulta desalentadora en la medida en que ha dado estado de naturaleza a las peores suposiciones sobre los efectos que los cr¨ªmenes terroristas causan en quienes figuran en primera l¨ªnea del combate contra ¨¦l. Al confirmar que el Ministerio de Justicia, por una parte, y el propio presidente del Gobierno, por otra, est¨¢n detr¨¢s de la ins¨®lita decisi¨®n por parte de la Guardia Civil de erigirse simult¨¢neamente en recurrente contra una resoluci¨®n judicial y juzgador del recurso mismo -pues no otra ha sido la actitud de quienes decidieron deso¨ªr el mandato de la juez de Bilbao-, Barrionuevo sit¨²a el problema en su dimensi¨®n cr¨ªtica: la de un enfrentamiento entre la cima del poder ejecutivo y el poder judicial.

El hecho de que tras la multiforme pol¨¦mica suscitada se oculte un asunto de presuntas torturas a un ciudadano aumenta la alarma sobre la situaci¨®n. M¨¢xime cuando el propio Barrionuevo admite que al ministro del Interior le han podido meter un gol en la aplicaci¨®n de la legislaci¨®n antiterrorista a Santiago Corella, el Nani, presunto delincuente com¨²n desparecido en Madrid tras ser detenido por miembros de la polic¨ªa. ?ste y no otro es el dilema. Por eso conviene pisar con pies de plomo en un terreno tan complicado.