El Gobi¨¦rno puede rectificar

LAS NUEVAS providencias dictadas por la juez Huertas, en relaci¨®n al sumario por presuntas torturas y malos tratos en la persona de Tom¨¢s Linaza, mediante las que se solicita una relaci¨®n de las personas que se relacionaron con el detenido en las dependencias policiales y otros datos complementarios, pueden ser interpretadas como un intento de devolver la investigaci¨®n al punto inicial. En ese sentido, constituye una oportunidad para que el Gobierno rectifique el grav¨ªsimo error cometido al ordenar, o en todo caso amparar, la desobediencia por parte de los mandos de la Guardia Civil de la orden judicial de comparecencia de 90 agentes a una rueda de identificaci¨®n.Tom¨¢s Linaza, detenido el 14 de mayo de 1981, denunci¨®, tras su puesta en libertad sin cargos, producida ocho d¨ªas despu¨¦s de su detenci¨®n, haber sido sometido a torturas y malos tratos. La legislaci¨®n distingue entre ambos supuestos en funci¨®n de que el presunto delito haya sido cometido o no en el curso de interrogatorios destinados a obtener informaci¨®n del detenido. Linaza declar¨® haber sido torturado, pero tambi¨¦n haber sido v¨ªctima de una paliza -cuyos efectos fueron certificados por el farense en informe oficial- propinada por tres guardias uniformados que acababan de regresar al cuartel tras asistir al funeral por un compa?ero asesinado por ETA.

Los mandos de la Guardia Civil no abrieron una investigaci¨®n destinada a identificar a los presuntos autores de las torturas y malos tratos con el fin de presentarlos ante la autoridad judicial, por lo que ¨¦sta se vio obligada, a requerimiento de la acusaci¨®n particular, a tomar diversas iniciativas destinadas a la identificaci¨®n de los presuntos culpables. Encontr¨¢ndose todav¨ªa el sumario en la jurisdicci¨®n militar -es decir, antes de la reforma del C¨®digo de Justicia Militar-, los mandos de la Guardia Civil, enviaron al juez, en 1982, una lista de nueve guardias que intervinieron en la detenci¨®n, interrogatorio y traslado a Madrid de Linaza. ?ste reconoci¨® en la rueda de identificaci¨®n correspondiente a dos de sus presuntos torturadores, pero insisti¨® en que, por una parte, otros guardias no comparecientes hab¨ªan participado en las torturas, y por otra, que entre los presentados no figuraba ninguno de los tres agentes que le hab¨ªan dado la paliza.

La petici¨®n por parte de lajuez de comparecencia masiva de guardias civiles en ruedas de identificaci¨®n es consecuencia de un largo proceso en el que, seg¨²n se deduce de los datos conocidos -por filtraciones del contenido del sumario-, se puso de manifiesto la falta de colaboraci¨®n de los mandos, que ni investigaron intemamente ni colaboraron con la investigaci¨®n posteriormente iniciada por la juez por los procedimientos a su alcance. Por ello, el argumento del Gobierno, expresamente asumido por su presidente, de que una tan desmesurada ampliaci¨®n de las citaciones de guardias civiles resulta "desproporcionada en relaci¨®n a una denuncia de ese tipo" -haber recibido una paliza- supone, al margen de otras consideraciones que cabr¨ªa hacer, olvidar que a ese resultado se lleg¨® por efecto de la actitud de no colaboraci¨®n, e incluso de posible obstrucionismo a la acci¨®n de la justicia, por parte de los mandos.

La actitud del Gobierno al respaldar p¨²blicamente la no comparecencia de los guardias civiles, renunciando a las posibilidades a su alcance de interponer recurso contra la resoluci¨®n judicial, implica, en primer lugar, arrogarse atribuciones que no le corresponden; pero supone tambi¨¦n responsabilizarse de un posible delito de incitaci¨®n a la desobediencia policial frente a un mandato judicial. Ello es tan grave que s¨®lo puede explicarse, benevolentemente, como efecto de la ignorancia tanto de los antecedentes que determinaron el desenlace de la citaci¨®n de los 90 guardias como de las grav¨ªsimas consecuencias para el equilibrio entre poderes del Estado que podr¨ªan derivarse de su desgraciada iniciativa. La hip¨®tesis alternativa ser¨ªa la de la debilidad pol¨ªtica del Gobierno para hacer frente a eventuales presiones provenientes de sectores del propio aparato estatal, por ejemplo, respecto a la conveniencia de otorgar un fuero especial a los cuerpos policiales encargados de combatir el terrorismo.

La seria advertencia del Consejo General del Poder Judicial, que se vio obligado a recordar al Gobierno "la obligaci¨®n de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes p¨²blicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales, sin entrar a considerar su correcci¨®n jur¨ªdica", debiera haber bastado para que el Ejecutivo tomara conciencia de la gravedad de la situaci¨®n creada, probablemente el m¨¢s serio conflicto potencial entre instituciones del Estado planteado en Espa?a desde la restauraci¨®n de la democracia. Sin embargo, un reflejo de autoritarismo, s¨ªntoma en realidad de debilidad pol¨ªtica, aconsej¨® al ministro del Interior seguir, en su comparecencia ante la comisi¨®n parlamentaria de control del Ejecutivo, la v¨ªa del sostenerla y no enmendarla, reafirmando, con debil¨ªsima argumentaci¨®n jur¨ªdica y preocupante referencia a la participaci¨®n del presidente en la adopci¨®n de la decisi¨®n, el apoyo a ¨¦sta.

Los tribunales deber¨¢n resolver en su d¨ªa el alcance de las eventuales responsabilidades jur¨ªdicas contra¨ªdas por el Gobierno con su actitud, a cuyo efecto la juez Huerta ha abierto ya diligencias. Pero desde ahora cabe afirmar que la responsabilidad pol¨ªtica asumida por el Ejecutivo est¨¢ llamada a pesar como una losa sobre su credibilidad futura, y que Onicamente una rectificaci¨®n respecto al fondo del asunto podr¨¢ restituirle su cr¨¦dito. La vuelta al punto cero de la investigaci¨®n judicial que supone en la pr¨¢ctica la iniciativa ahora adoptada por la juez da oportunidad al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez de mostrar su voluntad de enmendar el error cometido.