El temor de los jueces

Desde hace alg¨²n tiempo se viene recogiendo en los medios de difusi¨®n, d¨ªa tras d¨ªa, la existencia indudable de concretas tensiones entre los jueces y tribunales y la polic¨ªa. Recientemente, en dos ocasiones, la Junta de Jueces Penales de Madrid ha expresado su inquietud ante posibles actuaciones y comportamientos policiales que le producen alarma y que incluso, seg¨²n se afirma, "podr¨ªan poner en peligro los fundamentos mismos del Estado social y democr¨¢tico de derecho, proclamado por nuestra ley fundamental". Se duda, por parte de los jueces de Madrid, que el Gobierno controle o pueda controlar a la polic¨ªa y que ¨¦sta se convierta as¨ª en una polic¨ªa aut¨®noma.Sin alarmismos de ninguna clase, puede decirse, en verdad, que estamos ante un grave problema de Estado. No se trata ya de unas simples y particulares cr¨ªticas, que m¨¢s o menos siempre han existido entre jueces y polic¨ªas, sino de una aut¨¦ntica crisis en las relaciones de quienes deben velar por los valores m¨¢s importantes de la sociedad y del Estado como organizaci¨®n de aqu¨¦lla.

En cierto sentido, suele ser bastante frecuente en un Estado democr¨¢tico de derecho la tensi¨®n entre el poder ejecutivo y el poder judicial, y creo que el problema actual no es m¨¢s que concreci¨®n de una etapa de crispaci¨®n mucho m¨¢s amplia que una simple protesta o denuncia por parte de los jueces de Madrid.

Pensar lo contrario es querer ocultar la realidad de los conflictos existentes entre el poder ejecutivo y el poder judicial. La cr¨ªtica a las Fuerzas de la Seguridad del Estado por parte de los encargados de aplicar las leyes, y especialmente las leyes penales, no es m¨¢s que una cr¨ªtica al poder pol¨ªtico, m¨¢s o menos directa, que muestra su preocupaci¨®n por un deterioro creciente, seg¨²n se desprende de sus mismos comunicados, de los derechos fundamentales y libertades p¨²blicas. De no remediarse esta situaci¨®n, se producir¨ªa la paradoja de que quienes est¨¢n llamados a velar por ellos fuesen sus contradictores.

El problema quiz¨¢ nazca de una deficitaria estructuraci¨®n no s¨®lo org¨¢nica, sino funcional, que entendemos debe resolverse de forma urgente, y no, con ser de suyo suficiente, como protecci¨®n a las libertades p¨²blicas y a los derechos de los ciudadanos, pues todav¨ªa m¨¢s: por pura y simple tranquilidad de estos ¨²ltimos. Y entiendo no es ajena a todo ello la existencia de una aut¨¦ntica vertebraci¨®n de la polic¨ªa entendida cabalmente como Polic¨ªa Judicial, sin una dependencia absoluta de car¨¢cter pol¨ªtico, que pueda empa?ar la funcional e instrumental que la misma debe tener en materia de investigaci¨®n criminal y asistencia a los jueces penales. Hasta tanto no se fortalezca, honesta y seriamente, esta dimensi¨®n, existir¨¢n, sin duda, los graves problemas que se vienen planteando, que nada bueno dicen de las relaciones de colaboraci¨®n y coordinaci¨®n que deben darse entre los que son pilares del Estado de derecho.

El Parlamento, si lo estima conveniente, puede conocer del tema, pues ¨¦ste no tiene dif¨ªcil soluci¨®n legislativa. Sin embargo, instituciones y ¨®rganos existen para corregir las llamadas irregularidades que se le atribuyen a la polic¨ªa: desde los propios jueces hasta el mismo fiscal general del Estado est¨¢n llamados constitucionalmente a velar por su propia independencia y por la aplicaci¨®n estricta de las leyes penales, al margen, claro es, de las facultades sancionatorias administrativas que detenta el poder ejecutivo en orden a la disciplina de los funcionarios policiales, que no desempe?en su meritoria funci¨®n como es debido. Pero entiendo que quienes deben investigar, ofreciendo a la judicatura los datos sobre si se han quebrantado derechos fundamentales y libertades p¨²blicas, muy especialmente han de quedar sometidos a la tutela judicial de forma por dem¨¢s directa y sin interferencias de clase alguna. Constitucionalmente, aqu¨ª no hay nadie aut¨®nomo.

S¨®lo de esa manera podr¨¢ hablarse de un mejor funcionamiento del Estado entendido como Estado democr¨¢tico de derecho, que har¨¢ desaparecer el hasta ahora manifestado temor de los jueces.