Las decisiones del Gobierno leg¨ªtimo

EL CONSEJO de Ministros design¨® ayer a los cuatro componentes de la nueva Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), abri¨® una v¨ªa para resolver definitivamente el problema de los ex miembros de la Uni¨®n Militar Democr¨¢tica (UMD), y oficializ¨® el nombramiento de un civil, Luis Rold¨¢n, como nuevo director general de la Guardia Civil. Se trata de tres decisiones de gran importancia, que simbolizan, por una parte, la madurez de las instituciones democr¨¢ticas, y por otra, el afianzamiento del principio de la soberan¨ªa popular en que se asienta nuestro ordenamiento constitucional, incompatible con la decimon¨®nica divisi¨®n entre poder civil y poder militar. Sobre el nombramiento, por primera vez en la historia, de un paisano como responsable de la Guardia Civil ya tuvimos ocasi¨®n de pronunciarnos el viernes pasado. Las otras dos resoluciones adoptadas ayer por el Gobierno merecen comentarios pormenorizados. Y sobre todo el reconocimiento ciudadano al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, que, pese a muchos problemas, con estas decisiones afianza sustantivamente la soberan¨ªa popular en la administraci¨®n de los llamados asuntos de Estado.Los cuatro miembros de la JUJEM saliente han permanecido en el cargo desde que, en enero de 1984, entr¨® en vigor la reforma de la ley org¨¢nica de la Defensa. Anteriormente, los miembros de dicho organismo eran sustituidos a medida que iban cumpliendo la edad de pase a la reserva. La legislaci¨®n actual permite mantener la c¨²pula militar a lo largo de toda la legislatura, con independencia de la edad de sus componentes. La JUJEM saliente es la primera que ha mantenido con el Ejecutivo unas relaciones plenamente normalizadas, apoyadas en la nueva definici¨®n de su funci¨®n como "¨®rgano colegiado de asesoramiento militar del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa". Ello significa que a la c¨²pula militar corresponde la ejecuci¨®n de las directrices pol¨ªticas emanadas del Gobierno leg¨ªtimo, rompiendo la ambig¨¹edad que resultaba de su anterior definici¨®n como "¨®rgano superior de la cadena de mando".

Las cautas reformas que Narc¨ªs Serra ha ido introduciendo en el ¨¢rea de su responsabilidad han contribuido en medida considerable a adecuar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el conjunto de la sociedad a los principios de un Estado de derecho. Llama la atenci¨®n, sin embargo, el hecho de que las peculiaridades de la carrera militar determinen todav¨ªa ese anacronismo social que supone que, en la pr¨¢ctica, los oficiales s¨®lo puedan acceder a la c¨²pula militar cuando est¨¢n pr¨®ximos al final de su carrera, casi siempre despu¨¦s de superados los 60 a?os. Eso no ocurre en otros ¨¢mbitos de la actividad profesional, y humana en general, aunque es cierto que es una situaci¨®n com¨²n a casi todos los ej¨¦rcitos del mundo. Resulta particularmente anacr¨®nico porque cada vez m¨¢s la eficacia en la responsabilidad militar va asociada a complejos conocimientos tecnol¨®gicos. Con todo, es evidente el avance producido en los ¨²ltimos a?os en esa adecuaci¨®n a la sociedad civil.

El problema de la plena aplicaci¨®n de la amnist¨ªa a los ex miembros de la UMD es, por definici¨®n, un problema espec¨ªficamente pol¨ªtico, es decir, no puramente castrense. Y como tal debe ser abordado. La noticia, difundida la semana pasada, de que tres de los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor ahora sustituida eran contrarios a la f¨®rmula prevista por el Gobierno para resolver definitivamente el problema de la reincorporaci¨®n al Ej¨¦rcito de los nueve oficiales condenados hace una d¨¦cada por su vinculaci¨®n a la UMD no constituye, propiamente hablando, una novedad. Nada hay de sorprendente, en efecto, en que, por ejemplo, el hasta ayer jefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito de Tierra, teniente general Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢enz de Tejada -que en su d¨ªa, a fines de 1974, fue el encargado de investigar las actividades de la UMD, calificada en la sentencia condenatoria de "entidad subversiva que pretende cambiar las instituciones fundamentales de la naci¨®n"-, se muestre personalmente contrario a la reparaci¨®n moral que para los nueve oficiales condenados en marzo de 1976 supone el cumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso electoral de resolver definitivamente ese problema.

Disidencia sin desacato

Esa opini¨®n personal, inspirada tal vez en el deseo de demostrar coherencia con el propio pasado individual o en concepciones subjetivas de los valores reputados caracter¨ªsticos de la milicia, es, en cuanto tal, respetable; pero no tiene a los efectos del caso considerado, m¨¢s valor que la de cualquier otro ciudadano. De hecho, as¨ª lo reconocieron impl¨ªcitamente los propios miembros de la JUJEM saliente al asegurar que la decisi¨®n del Gobierno ser¨ªa, en cualquier caso, "acatada con normalidad". Parece llegado el momento, tras casi una d¨¦cada de pr¨¢ctica de la democracia, de que los ciudadanos nos acostumbremos a contemplar sin dramatismo la existencia, incluso en el seno de las Fuerzas Armadas, de opiniones no monol¨ªticas, siempre que tales opiniones, expresadas por los cauces reglamentarios, no impliquen resistencia a acatar las decisiones adoptadas por el Parlamento y el Gobierno de ¨¦l emanado, ¨²nicos depositarios leg¨ªtimos de la soberan¨ªa popular. As¨ª ocurre en los pa¨ªses con una m¨¢s arraigada tradici¨®n democr¨¢tica, en los que resultar¨ªa inconcebible identificar la disidencia personal con la amenaza de desacato.

Los oficiales que a fines de 1974 decidieron unir sus esfuerzos a los de muchos otros compatriotas deseosos de poner fin al r¨¦gimen autoritario del general Franco actuaron indudablemente fuera de la legalidad entonces vigente. Pero no es posible ignorar la naturaleza ileg¨ªtima de tal legalidad, fundamentada en la inexistencia de libertades p¨²blicas y el desprecio a los derechos humanos, ni resulta razonable olvidar que los ideales pol¨ªticos propugnados por la UMD son los que encarna el r¨¦gimen democr¨¢tico actual. El argumento seg¨²n el cual los miembros de la UMD pusieron en peligro la unidad de las Fuerzas Armadas al intentar politizarlas, y que ello merece una consideraci¨®n negativa con independencia de la naturaleza del r¨¦gimen vigente, constituye un sofisma que ofende a la inteligencia. Nunca en la historia de Espa?a el Ej¨¦rcito asumi¨® un protagonismo tan directamente pol¨ªtico como el que se vio forzado a adoptar durante la dictadura del general Franco, en cuyas Cortes org¨¢nicas se sentaban numerosos uniformes y cuya legislaci¨®n contemplaba, por ejemplo, la existencia de tribunales castrenses para juzgar delitos como la difusi¨®n de escritos considerados subversivos. La UMD, con mayor o menor acierto, propugnaba precisamente lo contrario a la utilizaci¨®n pol¨ªtica de las Fuerzas Armadas: que ¨¦stas dejasen de ser un obst¨¢culo a la democratizaci¨®n de la sociedad espa?ola y su sistema pol¨ªtico. La ley de amnist¨ªa de 1977 reconoci¨® en parte esta evidencia al suspender las penas de prisi¨®n que los tribunales dictaron contra los nueve oficiales un a?o antes, pero, de acuerdo con la legislaci¨®n castrense -no modificada en posteriores reformas del C¨®digo de Justicia Militar-, se mantuvieron vigentes las penas accesorias, y concretamente las que determinaban la expulsi¨®n de las Fuerzas Armadas de los encausados. De ah¨ª que la soluci¨®n definitiva del problema exija una ley expresamente votada en el Parlamento. El Gobierno, en decisi¨®n que le honra, asumi¨® ayer la responsabilidad de presentar la proposici¨®n de ley correspondiente.

Cuesi¨®n de principios

Entre las circunstancias que han retrasado hasta ahora la adopci¨®n de tal decisi¨®n ocupa un destacad¨ªsimo lugar la resistencia del ministro de Defensa, Narc¨ªs Serra, a otorgar al problema la prioridad que le atribu¨ªan los sectores sociales m¨¢s sensibles a la injusticia. As¨ª, la deseable prudencia que debe presidir la acci¨®n de todo gobernante, y quiz¨¢ en particular la del responsable de las Fuerzas Armadas, se ha convertido m¨¢s bien en su contrario: en una imprudente pusilanimidad. El problema pol¨ªtico de la reparaci¨®n moral a los antiguos miembros de la UMD deb¨ªa haber estado resuelto hace a?os, y s¨®lo esa pusilanimidad, al prolongar la injusticia, ha estimulado las reacciones destempladas y arrogantes de los sectores opuestos a tal reparaci¨®n. Ello, a su vez, ha contribuido a sembrar inquietudes y desconfianzas que podr¨ªan haberse evitado, o que, en todo caso, estar¨ªan hoy superadas.

De ah¨ª que resultase escasamente convincente el argumento seg¨²n el cual lo m¨¢s prudente era esperar a que se produjera el relevo en la c¨²pula militar antes de presentar el proyecto de ley. El Gobierno, que tiene contra¨ªdo con la sociedad espa?ola un compromiso moral sobre la cuesti¨®n, hubiera demostrado sagacidad -pero tambi¨¦n prudencia pol¨ªtica- si, ilustrando as¨ª con los hechos que no admite presiones extraconstitucionales, se hubiera decidido a dejar el problema, resuelto antes de que tal relevo se llevara a efecto, liberando a la nueva JUJEM de ese, al parecer, permanente motivo de zozobra. El tiempo dir¨¢ si la soluci¨®n elegida, haciendo coincidir en el tiempo ambas decisiones, resulta una h¨¢bil estratagema para evitar la interiorizaci¨®n de tal zozobra, simult¨¢neamente, por salientes y entrantes.

Por lo dem¨¢s, de las reiteradas manifestaciones de los propios interesados se deduce que el problema de la UNID es, a estas alturas, m¨¢s una cuesti¨®n de principios que de cualquier otra naturaleza: es bastante improbable que los nueve ex miembros de la UMD, que han reorganizado sus vidas al margen de su antiguo oficio, vayan a hacer uso efectivo de su derecho a la reincorporaci¨®n al Ej¨¦rcito una vez aprobada la ley que lo, permitir¨ªa. Pero es a ellos, y no al ministro o a la JUJEM, a quienes corresponde decidir libremente su futuro profesional. Queda para la historia el juicio definitivo sobre la iniciativa de los fundadores de la UMD. El hecho de que sus dirigentes decidieran disolverla en cuanto en Espa?a se celebraron, en los inciertos primeros pasos de la transici¨®n, las elecciones libres de 1977, demuestra su oposici¨®n de principio a la consagraci¨®n del asociacionismo militar como cauce de actuaci¨®n pol¨ªtica, ilustra su rechazo de cualquier proyecto de r¨¦gimen tutelado desde los cuarteles y avala la naturaleza democr¨¢tica de fondo del movimiento. A la espera de ese juicio hist¨®rico, cabe quiz¨¢ adelantar que fue una suerte para los espa?oles que la UMD fracasase en su objetivo inmediato de jugar, desde el Ej¨¦rcito, un papel significativo en la transici¨®n, por m¨¢s que su objetivo ¨²ltimo, la democracia, fuese alcanzado. A lo largo de los ¨²ltimos 200 a?os, casi todos los per¨ªodos democr¨¢ticos vividos por nuestro pa¨ªs estuvieron asociados y fueron tributarios de movimientos nacidos entre la oficialidad progresista de los cuarteles. Ello explica en parte lo pocoque tales fases duraron y la tendencia a que todas ellas fueran seguidas por pronunciamientos de signo involucionista.

El ejemplo pr¨®ximo de Portugal ilustra hasta qu¨¦ punto resulta costoso a la sociedad civil desembarazarse de la hipoteca que, al margen de la voluntad subjetiva de los individuos, deriva del protagonismo militar en los procesos de cambio pol¨ªtico.

Ello no modifica un ¨¢pice nuestra consideraci¨®n de que la plena aplicaci¨®n de la amnist¨ªa a los nueve ex miembros de la UMD era, como en el caso de otras personas condenadas por sus actividades antifranquistas, e independientemente del juicio concreto que tales actividades merezcan desde el punto de vista pol¨ªtico o ideol¨®gico, una exigencia de justicia. Por ello mismo, la decisi¨®n del Gobierno de dar una salida a esa asignatura pendiente, cumpliendo as¨ª su compromisoelectoral, nos parece digna de elogio y merecedora de apoyo frente a quienes aprovechan la m¨¢s m¨ªnima circunstancia para ir por at¨²n y a ver al duque.