Luis Ramallo acusa al Gobierno de mentir y defraudar con Rumasa

J. C. El diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Ramallo acus¨® ayer al Gobierno de haber mentido al Parlamento y defraudado al fisco con motivo de la reprivatizaci¨®n de las empresas del holding expropiado a Rumasa. En el curso de la interpelaci¨®n urgente al Gobierno efectuada ayer por el Grupo Popular sobre la valoraci¨®n de pol¨ªtica general que hace el Gobierno de la gesti¨®n p¨²blica de los bienes, expropiados del grupo Rumasa y su posterior venta a terceros, Ramallo acus¨® al Gobierno de haber elevado las p¨¦rdidas producidas por el grupo Rumasa a m¨¢s de 700.000 millones de pesetas.

El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Solchaga, rechaz¨® las afirmaciones de Ramallo y asegur¨® que no se ha perdido dinero con la administraci¨®n del Estado y que se ha reprivatizado siempre al mejor postor. Luis Ramallo anunci¨® la presentaci¨®n de una inoci¨®n como consecuencia de esta interpelaci¨®n.El diputado de Coalici¨®n Popular calific¨® la gesti¨®n de la Rumasa expropiada de inepta, negligente y ruinosa, y al proceso de reprivatizaci¨®n de haber sido hecho por incompetencia, con precipitaci¨®n, sin garant¨ªas, con sectarismos, con p¨¦rdidas multimillonarias para la Hacienda p¨²blica y con indicios m¨¢s que suficientes para fundamentar sospechas de favoritismo, parcialidad y arbitrariedad.

Luis Ramallo centr¨® buena parte de su intervenci¨®n en el caso de la sociedad Drane, sociedad instrumental por la que Rumasa controlaba mayoritariamente a bodegas Lan, SA, y, en cuya reprivatizaci¨®n "el Gobierno ha incurrido en responsabilidades muy graves". La argumentaci¨®n del diputado popular se basa en la existencia de dos contratos distintos en torno a la enajenaci¨®n de Drane: el aprobado por Consejo de Ministros, que fue el enviado al Parlamento, y el que luego sirvi¨® para la venta efectiva ante notario de la empresa a Marcos Eguiz¨¢bal.

En opini¨®n de Ramallo, esta duplicidad de actas del acuerdo del Consejo de Ministros significa, desde el punto de vista pol¨ªtico, que el Gobierno ha mentido al Parlamento de forma muy grave y mantenido el enga?o; que la mentira supone un quebranto para el erario p¨²blico de 686 millones de pesetas; que el contrato finalmente suscrito difiere delaprobado por el Consejo de Ministros, y que el comprador ha obtenido un beneficio correlativo de 1.128 millones de pesetas.

Ramallo, que rechaz¨® como risible la explicaci¨®n dada a la C¨¢mara de este fen¨®meno por parte del director general del Patrimonio, Prudencio Garc¨ªa, se refiri¨® a otros casos de reprivatizaciones donde se han producido "verdaderos compadreos" entre los que cit¨® la venta de bodegas Franco-Espa?olas al mismo Eguiz¨¢bal; o el caso de Laboratorios Frin¨¦, SA, vendido a una sociedad constituida el mismo d¨ªa de la transacci¨®n con un capital de 200.000 pesetas; o el caso Hispano Alemana, donde se ha vendido por 1.000 millones de pesetas una sociedad con un patrimonio neto positivo al d¨ªa de la venta, en su. opini¨®n, de 17.220 millones de pesetas, habiendo soportado la Administraci¨®n un coste por esta operaci¨®n de 24.558 millones de pesetas; o el grupo Herraiz, la sociedad comercial DVP, Pickman, SA, o Paternina SA.

Ir a los tribunales

Carlos Solchaga, en un muy poco afortunado inicio de intervenci¨®n -llam¨® a Luis Ramallo "Ramallo Eanes"- y se refiri¨® al hecho de arrojar sobre la "cama" denuncias, cuando evidentemente quer¨ªa decir sobre la C¨¢mara, comenz¨® amenazando a Ramallo con echarle a los tribunales si el diputado popular renunciaba a su inmun¨ªdad parlamentaria. Para el m¨ªnistro de Econom¨ªa y Hacienda, las afirmaciones de Rama?lo s¨®lo buscan "echar basura sobre la dignidad y comportamiento de las numerosas personas que han participado en la gesti¨®n y reprivatizaci¨®n de Rumasa". Justific¨® el doble acuerdo de Drane aludiendo a las necesarias variaciones contables producidas entre el acuerdo de Consejo de Ministros y la fecha efectiva de venta.

Solchaga rechaz¨® la cifra de 700.000 millones y afirm¨® que las p¨¦rdidas de Rumasa a 30 de junio de 1984 se elevaban a 400.000 millones de los que 260.000 son consecuencia del agujero patrimonial descubierto por la auditor¨ªa efectuada por Arthur Andersen. El ministro asegur¨® en repetidas ocasiones que el Gobierno est¨¢ satisfecho del proceso de repr¨ªvatizaci¨®n y no reconoce "ninguna de las posibles acusaciones ni insinuaciones efectuadas mal¨¦volamente por el diputado popular". Se?al¨® que los puestos de trabajo se han garantizado en un 95%; se han respetado los derechos de los impositores en los bancos expropiados y se han satisfecho las demandas de los accionistas.