Por la boca muere el juez

Varios jueces -el de Cistierna, con el tema del pantano de Ria?o, y Jes¨²s Mar¨ªa Calder¨®n, en Madrid, entre otros- han empezado a aplicar taxativamente esta semana el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que les recuerda que deben abstenerse de hacer declaraciones a los medios informativos sobre materias sometidas a su jurisdicci¨®n. En medio de la pol¨¦mica y de la creencia de algunos sectores de que la medida puede estar inspirada por el Gobierno, Izquierda Unida ha pedido que comparezca ante el Parlamento el presidente del CGPJ, Antonio Hern¨¢ndez Gil.

El juez Hilario Mu?oz, al que ha correspondido el caso de la cl¨ªnica de abortos descubierta en Salamanca, debe de ser de los que el Consejo General del Poder Judicial considera que no saben leer. Si el portavoz del Consejo, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, afirma que "los juristas, antes de opinar de algo, deben leerlo"; mantiene que "los jueces aceptar¨¢n plena mente el acuerdo si lo leen con serenidad, que es lo que tienen que hacer", y a?ade, al comentarle la negativa a hablar del juez de Cistierna, que "yo no soy qui¨¦n para decir nada a ning¨²n juez, pero el de Ria?o, como con secuencia de nuestra nota, no debe tom¨¢rselo as¨ª", ciertamente Hilario Mu?oz debe de ser de los que convierten al Consejo en un ¨®rgano incomprendido.A primeros de octubre, el juez salmantino proces¨® a varias personas relacionadas con la cl¨ªnica de abortos de aquella ciudad. Desde entonces, fue continua mente requerido por los medios de comunicaci¨®n, y parece que en el CGPJ ha habido comentarios de que ¨¦l podr¨ªa ser uno de los que en este ¨®rgano califican con los m¨¢s variados y populares adjetivos, existentes o no: largones, verborreicos, lenguaraces, ver balistas, locuaces o bocazas, t¨¦rminos que, depurados por los miembros de la instituci¨®n de gobierno de la carrera judicial, han adquirido ya la sin duda m¨¢s aparentemente jur¨ªdica denominaci¨®n de principio de lergalidad, en homenaje al encargado de los sumarios Palaz¨®n o Rumasa, Luis Lerga.

Ahora, cuando este peri¨®dico se ha puesto en contacto con el juez Hilario Mu?oz para recabar su opini¨®n sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, ha obtenido esta respuesta: "No puedo decirle absolutamente nada, porque el Consejo as¨ª lo ha ordenado. Acuda a la oficina de informaci¨®n". Mano de santo. Incluso alude a las oficinas de informaci¨®n, que, aunque nadie sabe c¨®mo ni, cu¨¢ndo se crear¨¢n, son presentadas por el Consejo como la gran alternativa al contacto directo con los jueces, aunque ¨¦ste, insistan, no tenga por qu¨¦ acabarse, eso s¨ª, administrado con prudencia. ?Al menos puede decir si se considera usted un juez locuaz? Y termina Hilario Mu?oz: "Despu¨¦s de la orden del Consejo, no puedo decirle ni eso".

No ha sido el ¨²nico. El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de El. Puerto de Santa Mar¨ªa, Juan Manuel Grosso de la Herr¨¢n, quien, en marzo de 1985, manifest¨®, antes de procesar al torero Rafael de Paula, que ten¨ªa sospechas de que ¨¦ste era el inductor de los dos hombres que atacaron al amante de la mujer del diestro, no se ha puesto al tel¨¦fono, pero ya ten¨ªa prevenida a la familia. Una voz femenina, en su domicilio de C¨¢diz, no esper¨® siquiera a que acabara la presentaci¨®n para recitar de corrido "Si quiere que declare algo, no va a declarar nada. Adem¨¢s, no est¨¢, y no s¨¦ a qu¨¦ hora llegar¨¢"

Jos¨¦ Mar¨ªa Rives inici¨® en Denia el sumario de la parricida de Ondara, hace escasamente tres semanas. Todos los estamentos sociales se volcaron en favor de la mujer que mat¨® a pu?aladas a su marido, con el que hab¨ªa vivido 19 a?os entre golpes y amenazas, y, en este clima, el juez hizo declaraciones favorables a ella. Parece que su caso sali¨® en la reuni¨®n del CGPJ.

Jos¨¦ Mar¨ªa Rives dice respetar el acuerdo del Consejo, "pero no me atrevo a decir si lo entiendo o no", y no se considera un juez larg¨®n, lenguaraz o verborreico: "Todo lo contrario. Si he podido hablar ha sido por la noticia en s¨ª, respondiendo a ' una situaci¨®n concreta. Lo que dije era materia de opini¨®n, ante manifestaciones p¨²blicas en la puerta del juzgado que merec¨ªan una respuesta. El juez debe estar m¨¢s conectado con la realidad social que enclaustrado en una vitrina. Y yo no desvel¨¦ resoluciones judiciales, que no suelo comentar ni siquiera con mi mujer".

El acuerdo del ¨®rgano de gobierno de los jueces, que provoc¨® largos debates, y al que incluso uno de los vocales que vot¨® a favor reconoce como "desacertado en la forma y, como se ha visto, inoportuno en el tiempo", ha sido contestado. por las tres asociaciones profesionales. Incluso la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, que respald¨® la medida, puntualiz¨® despu¨¦s que "el derecho a la informaci¨®n p¨²blica y a la libertad de expresi¨®n constitucionalmente garantizadas no pueden ser limitados ni restringidos con car¨¢cter general respecto a todas las actuaciones judiciales".

Nadie en el Consejo pone ejemplos de qui¨¦nes son los jueces deslenguados que han motivado una reacci¨®n que no todos los profesionales de la magistratura ven ajena a la inspiraci¨®n del poder Ejecutivo, y que algunos encuentran reiterativa sobre la nota que, pocos d¨ªas antes, redact¨® tambi¨¦n el Consejo contra la junta de jueces de Madrid, cuando ¨¦sta dijo que las investigaciones policiales sobre el juez Mart¨ªnez Arrieta pon¨ªan de manifiesto que el Gobierno no controlaba a la polic¨ªa.

Todo lo m¨¢s, citan a Luis Lerga y a Ignacio de Lecea, "al que se jubila del caso Banca Catalana y se le ocurre que tiene que ir a los medios de comunicaci¨®n a justificarse", o sugieren que se hable con Juan Alberto Belloch, que ha cascado mucho y se pasa un poco siempre".

Belloch, presidente de la Secci¨®n Segunda de la Audiencia de Bilbao y portavoz estatal de Jueces para la Democracia, cree que la frase anterior "no ha podido decirla ninguna persona seria del Consejo" y opina que la admonici¨®n de ¨¦ste a los jueces es "inoportuna, porque est¨¢ hecha en un momento de enfrentamiento entre jueces y el Ministerio del Interior, por un lado, y asociaciones judiciales, como la m¨ªa, y el propio Consejo, por otra. Incluso si la ¨²nica intenci¨®n fuera atacar la lergalidad, cabr¨ªa arg¨¹ir que el que m¨¢s sufre es el derecho de los ciudadanos a ser informados y que se limita la libertad de expresi¨®n de los jueces, cosa que no hace la Constituci¨®n, que s¨ª nos limita la de asociaci¨®n".

La idea de redactar un texto contra lo que se considera locuacidad de jueces y magistrados fue introducida en el orden del d¨ªa del pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado 6 de noviembre por Sergio de Otto, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Quienes creen ver en el acuerdo del Consejo alg¨²n tipo de inspiraci¨®n del poder Ejecutivo y opinan que la idea de tirar de las orejas a los jueces estaba en relaci¨®n con el anterior acuerdo contra la Junta de Jueces de Madrid recuerdan que Sergio de Otto accedi¨® al CGPJ a propuesta personal del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. A esto responde un compa?ero suyo del Consejo que "no tiene por qu¨¦ estar influido por el Gobierno, aunque coincida con ¨¦l".

Acciones disciplinarias

Pablo Garc¨ªa Manzano, redactor del texto que triunf¨® en la votaci¨®n, no cree que exista esta vinculaci¨®n entre el acuerdo del d¨ªa 6 de noviembre y el que se tom¨® d¨ªas antes contra la Junta de Jueces de Madrid. "Pretendimos", afirma, "llamar la atenci¨®n a los jueces de manera mesurada y quisimos eliminar todo lo que sonara a amenaza, aunque si hay que ejercer acciones disciplinarias, se ejercer¨¢n". Para ¨¦l, "la nota est¨¢ lejos de intentar impedir al juez que se manifieste contra el Gobierno".Otro vocal, Valent¨ªn de la Iglesia, quien vio derrotada una propuesta de dulcificar el texto aprobado "propuesta que redact¨® como un mal menor, porque encontraba inoportuno hacer otra nota, cuatro d¨ªas despu¨¦s de la de la Junta de Jueces, e inadecuado el tono admonitorio y prohibitivo de la que se nos propon¨ªa, dado que ya existen, en las leyes penales y org¨¢nicas, las correspondientes sanciones para conductas que excedan de la esfera de discreci¨®n legalmente exigida"-, s¨ª ve vinculaci¨®n entre la gestaci¨®n de la rega?ina a los jueces y el conflicto anterior entre la Junta de Madrid y el Ejecutivo, y reconoce que la idea de hacer p¨²blica una nota en el sentido de ¨¦sta surgi¨® en el pleno extraordinario del 27 de octubre, a ra¨ªz del comunicado de la Junta de Jueces de Madrid. Ese pleno, fue su caldo de cultivo".

"S¨ª, incidir sobre la libertad de expresi¨®n individual de los jueces en un momento en el que el Consejo ya hab¨ªa entendido que deb¨ªa advertir a la Junta de Jueces de Madrid pod¨ªa interpretarse como que tom¨¢bamos partido en el conflicto Ejecutivo jueces", dice el vocal Emilio Berlanga, que vot¨® en contra del acuerdo. Berlanga recuerda la existencia del art¨ªculo 396 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial ("Los jueces y magistrados no podr¨¢n revelar los hechos o noticias referentes a personas fisicas o jur¨ªdicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones") y piensa que "si existe una conducta sancionable, se sanciona y se acab¨®, pero el acuerdo tiene un tono de admonici¨®n, de advertencia velada a los jueces, que lleva ya un principio de coartarles la libertad de expresi¨®n y puede influir en su ¨¢nimo, lo cual me parece absolutamente inadmisible".

Fricci¨®n entre poderes

El portavoz del Consejo, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, es tajante cuando ve I¨®gico y natural" que pueda haber "fricciones entre los poderes de un Estado democr¨¢tico", y a?ade: "Ahora, si se cree que, para demostrar la independencia, es necesario un enfrentamiento constante y permanente con el Ejecutivo, eso no hay Estado que lo resista. Puede que tal cosa est¨¦ en el ¨¢nimo de alguien, pero no en el del Consejo".Varios miembros del CGPJ insisten en que los jueces aquejados de excesos verbales son pocos. El magistrado Joaqu¨ªn Navarro, cuyas opiniones est¨¢n con frecuencia en los medios de comunicaci¨®n, piensa que, si lo cre¨ªan as¨ª, "hubiera bastado con dirigirles una peque?a advertencia amistosa, y no adoptar un acuerdo con car¨¢cter general y p¨²blico. Por eso pienso que es leg¨ªtimo interpretar que el acuerdo va mucho m¨¢s all¨¢ de sus propios t¨¦rminos, que ha habido una iniciativa del Gobierno".

"La concepci¨®n del juez como funcionario al que cabe reprimir no es ajena al Co?sejo", dice Joaqu¨ªn Navarro. "Parece que va buscando que respondamos a la imagen del dicho 'eres m¨¢s serio que la bragueta de un juez", que el juez espa?ol siga siendo, en general, un ciudadano inhibido y replegado sobre s¨ª mismo. Y es que, cuando el Gobierno elabor¨® la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, ten¨ªa ¨²n grav¨ªsimo recelo ante el Consejo anterior, que no estaba legitimado por el Parlamento, y recort¨® tremendamente sus competencias. Tras muchos borradores, variaron la f¨®rmula de elecci¨®n -Ya no iban a tener que convivir con un Consejo siempre hostil-, pero no modificaron las competencias, lo que hace que el CGPJ no encuentre su ubicaci¨®n en el juego de poderes y, ante cualquier bosquejo de enfrentamiento institucional, le entre la vocaci¨®n gobernadora, la tentaci¨®n disciplinaria de meter en cintura a los jueces".

Llamada al despacho del juez Lerga, padre del principio de lergalidad. Tambi¨¦n en la plaza de Castilla parece haber hecho estragos la admonici¨®n del Consejo. Una secretaria explica: "Me dice que lo siente, pero que no puede hacer nada, ni ninguna declaraci¨®n". Es la grandeza de pasar primero a la historia por inventar los principios, y la modestia de quitarse despu¨¦s de enmedio.